Uno de los temas candentes para el empresariado y también en su momento al interior de la Convención Constitucional, fueron los recursos naturales, desde el punto de vista de la propiedad, administración y explotación.

Y es que al ser Chile un país dependiente, semicolonial y monoexportador, como es la realidad hoy, se vuelve fundamental el pensar el punto de los bienes nacionales. Recordemos que este es uno de los puntos más ligados al mercado, el lucro y las concesiones que permiten la explotación de estos bienes enriqueciendo a capitalistas nacionales e internacionales en la actualidad, lo cual se presenta en la constitución Pinochetista, pero también en la serie de leyes que se han mantenido y profundizado por los gobiernos de la derecha y la Concertación, durante los últimos 30 años, que fueron impugnados en la rebelión de Octubre del año 2019.

Actualmente, en la propuesta constitucional que será votada, existen una serie de elementos jurídicos de cambio, con respecto a la actual constitución tanto en materia medioambiental, como de los bienes naturales, pero también existen pilares estructurales que se mantienen y que es necesario poseer de común conocimiento y analizar ad portas del plebiscito.

¿Qué pasa con el agua?

Uno de los temas que- varios sectores- han salido a reivindicar, es el agua y como este bien natural “queda” en la Nueva Constitución. Jurídica y comparativamente con la constitución de 1980 tiene elementos de diferencia, desde el punto de vista de la propiedad, no del agua en sí misma, sino que de los derechos de agua, los cuales en la constitución pinochetista, poseen dos puntos fundamentales: primero que son vitalicios para quienes los posean y heredables, lo que permite hasta el día de hoy, hacer del agua un verdadero negocio; el segundo punto se centra en su comerciabilidad, lo cual va directamente ligado a lo primero, por lo que el agua no se considera un derecho sino que un bien de consumo integrante del mercado.

Por otro lado se encuentra la parte referente a la gestión del agua, donde el actual organismo estatal que debe velar por el cumplimiento del código de aguas de 1980, sólo tiene facultades de aplicación del código, donde ni siquiera alcanza a ser una facultad de mínima fiscalizadora respecto al uso del agua. Su intervención radica en fiscalizar pozos y el uso de los derechos de agua, cuando ya una zona es declarada en escasez hídrica. Además de que también existen las llamadas Juntas de Vigilancia, las cuales deben ser constituidas previa autorización de la Dirección General de Aguas, donde la composición de la Junta se limita a dueños de derechos de agua y la toma de decisiones la define cada Junta por sí misma.

Por otro lado, es importante preguntar qué sucederá con las infraestructuras que están ligadas al agua, ya que, estas infraestructuras tras años de uso del derecho privado, han sido creadas en base a la construcción y masificación del negocio hídrico. Además de que la medición de estos consejos de cuencas serán - valga la redundancia- por cada cuenca (río), que determinará la cantidad de litros de agua por segundo, que puedan ser utilizados para consumo humano, pero también para las principales actividades económicas que se desarrollen en dicha cuenca. En el caso de la zona centro- norte es la minería, en la zona central y sur de chile, la industria vitivinícola y el agro, y en el caso de más al sur, las forestales y la industria salmonera, que no solo contamina el fondo marino, sino que también ríos y lagos de la zona.

Entonces…¿Qué elementos cambiarían?

En términos generales, y particulares también, los elementos que cambiarían en la Nueva Constitución, se refieren a los elementos ligados a la propiedad por un lado y a la administración de las aguas en Chile. El primer punto es que los derechos de agua pasarían a llamarse autorizaciones de uso, que serían otorgadas por el Estado, ya que este sería el custodio de este bien común natural, al igual que con los otros bienes comunes, en el caso del agua el rol de custodio, estaría ligado a la fiscalización y otorgamiento de estas autorizaciones de uso. Cabe señalar que ya en la actualidad el Estado posee un rol de otorgar los derechos de agua, de hecho existe un problema de sobre otorgamiento, el cual es un factor en la sobreexplotación hídrica.

En cuanto a la administración, las juntas de vigilancia quienes son las que existen actualmente por regla del código de aguas, deberán pasar a otro tipo de organización, la cual se definiría como Consejo de cuencas, las cuales deberán definir su manera de funcionamiento en el Congreso y las leyes que se creen alrededor de este. Desde ya se propone que sea una instancia u institución mixta, es decir, que tenga presencia del Estado, los poseedores de autorizaciones de uso (privados) y las comunidades aledañas a la cuenca respectiva. La toma de decisiones en estas instancias será motivo de decisión del actual Congreso.

¿Cómo se llegó a todo esto?

El debate en torno al agua en el nuevo texto constitucional tuvo una serie de vueltas dentro de la extinta Convención Constitucional, donde diversos temas medioambientales se trataron al interior de la comisión de medioambiente, pero fueron rechazados por el pleno de la Convención. Estos temas se refieren a minería sustancialmente, dónde quedó el mismo artículo de la Constitución de 1980, que declara que el Cobre- por ejemplo- es propiedad del Estado. Algo que parecería muy bueno, pero que en la práctica es de explotación y de acumulación de ganancias privadas y extranjeras, por medio del sistema de concesiones que hace a este mineral parte del saqueo empresarial de los recursos naturales. Este punto- respecto a minería- da el pie para repetirse en el caso del agua, con la redacción y acuerdos que se dieron para la propuesta final de nueva constitución. Y es que precisamente el Frente Amplio y el Partido Socialista cumplieron un rol fundamental en buscar moderar lo más posible los aspectos de medioambiente, que en un momento fueron presentados como iniciativas populares de norma o propuestas de programa de los sectores más de izquierda en la convención, como la nacionalización del cobre.

En la comisión de medioambiente, terminaron operando los ⅔, luego del rechazo del primer informe al pleno de la convención,donde el poder de veto de los sectores más conservadores se hizo presente a la par también de mucha presión por parte de los poderes constituidos y empresariales, criminalizando directamente cualquier opinión más radicalizada, donde el Frente Amplio y el Partido Socialista cumplieron un rol clave de negociación con la derecha. Maniobra, en la cual- si bien denunciaron en su momento- terminaron subordinandose los constituyentes que compusieron la comisión de medioambiente, tanto de Modatima como del Movimiento de Agua y Territorio.

Lo que se viene

En medio del debate y la expectación que existe en amplios sectores y el régimen político, respecto a lo que sucederá este Domingo 04 de Septiembre, es que es importante ir más allá respecto del debate general respecto al tema del agua, sino que avanzar a pensar más específicamente con qué poderes finalmente chocará su implementación. Demás está decir que, por un lado se gana el Apruebo ya es un concenso general del propio régimen político, de mínima realizar “ajustes” a la Nueva Constitución, para “enderezar” el texto a la medida de las y los empresarios del país, los cuales contemplan la minería y el agro en la zona sur de Chile, por lo que el potenciar las concesiones de agua- tal como ya se hace desde hace décadas con la minería- será el camino a seguir, llevando adelante así un modo de privatización y explotación extractivista.

En el caso contrario, en donde la elección favoreciera al rechazo ya existe un plan que contempla no sólo al gobierno, sino que también al conjunto del régimen político, respecto a un nuevo pacto de unidad nacional, que contemplaría a todos los partidos, el llamado 5-S (5 de Septiembre), donde ya estaría más o menos acordado, el impulsar un nuevo proceso constituyente, sin independientes y pueblos originarios, que solo debata contenido y vaya directo a la moderación, en sintonía con no tocar las principales ganancias empresariales. Todo esto con Boric a la cabeza.

Es por esto que la lucha por nacionalizar el agua, poniendo como primera prioridad el abastecimiento a las personas, la protección de los glaciares, entre otros aspectos claves.
Pero esto no es simplemente un cambio en un texto constitucional, es recuperar el agua de las manos de quienes hacen negocios multimillonarios; de las forestales en el sur, del icónico ejemplo de los paltos en la zona de Petorca, es cuestionar a las mineras en el norte y la contaminación de las aguas.
Es por esto que nacionalizar el recurso hídrico no puede ser para que esté en manos del gobierno de turno, debe estar controlada por el pueblo trabajador, las comunidades, y esto no será sin enfrentar esos intereses, ya hay múltiples experiencias de cómo responden los grandes empresarios y sus políticos a sueldo cuando algo pone en jaque sus ganancias millonarias, pero hoy con la creciente escasez y saqueo hídrico, es una cuestión de prioridades, nuestras vidas y los ecosistemas o sus mezquinos intereses. Los servicios sanitarios deben volver a manos del Estado, pero bajo control de sus trabajadores y en coordinación con los usuarios. Esto no se logrará de las manos del mercado, ni siquiera con la regulación del mercado por parte del Estado. Son los trabajadores y el pueblo quienes, siendo los menores consumidores de agua, se ven más afectados por la crisis hídrica y son quienes pueden dar una verdadera salida nacionalizando el agua en base a la administración por parte de sus trabajadores y las comunidades democráticamente.