Cuatro son los puntos que integra la llamada Ley Miscelánea para las y los profesores del país.

Uno de ellos la incorporación de una norma que agiliza el proceso de incentivo al retiro que en muchísimos casos aún está pendiente de años anteriores y que aún no tiene criterios claros para definir los cupos, los cuales según lo aprobado deberían ser la edad, el estado de salud y la cantidad de años de servicio, pero donde no cuentan todos los años que se lleve ejerciendo la profesión, sino que específicamente los años que lleve en la institución desde la cual se realice la solicitud, perjudicando a muchísimos profesores y profesoras que pueden llevar menos años en el establecimiento a causa de la alta rotación laboral que no imponen a las y los docentes, parte también de la inestabilidad laboral que sufrimos. Sin contar que ya el hecho de que haya "cupos" para retiro es cuestionable, ya que no es una cuestión de cupos, sino de salud y agobio laboral que con 20, 25 o 30 años de ejercicio docente, se requiere de un retiro digno para todos y todas quienes lo necesiten.

Un segundo punto tiene que ver con la ya controversial implementación de los Servicios Locales de Educación SLEP, que se le llama la "desmunicipalización" pero que en ningún caso apunta a un sistema nacional de educación pública, financiado de manera directa y donde los recursos vayan principalmente a la educación estatal y no a los establecimientos privados que viven de los recursos de las subvenciones. Se trata de un traspaso a servicios locales que siguen dejando en segundo plano a la educación pública, que segregan a las comunas con menos recursos y que además, como se ha visto en servicios locales ya implementados como este año en Valparaíso, no se hacen cargo de las problemáticas que se arrastran desde los municipios, dejando deudas previsionales, provocando despidos injustificados y una serie de recortes unilaterales a los derechos sindicales de las y los profesores.

La Ley Miscelánea lo que busca es que la implementación de los SLEP no sea este 2022 como lo plantea la Ley original, sino que se posponga un año la implementación, al 2023. Sin embargo, no hay ningún cambio más de conjunto de lo que implica el traspaso y por tanto, sea para este 2022 o para el próximo año, las problemáticas mencionadas y que ya hemos visto en los SLEP que se han implementado, se generalizarán en la implementación nacional de esta falsa desmunicipalización.

Un tercer aspecto es el pago efectivo de las cotizaciones que se adeudan con cientos de profesores y profesoras, donde hasta ahora la Ley Miscelánea buscará otorgar a la Subsecretaría de Educación la facultad de pagar directamente a las instituciones previsionales los montos adeudados, con cargo a la subvención que reciben los establecimientos. Al menos aquel sistema haría que se responda a la deuda que hay, aunque hay que preguntarnos qué ocurrirá con esas deudas que ahora quedarán entre los establecimientos y el Estado, donde nuevamente serán las arcas fiscales las que cargarán con deudas que en muchos casos devienen de una mala administración de los recursos que ya se entregan ¿quién responde por ello?

Y finalmente, la Evaluación Docente. Inicialmente la Ley Miscelánea proponía la suspensión de la evaluación por el 2022 y 2023, lo cual la mayor parte de los profesores apoyamos ya que sabemos lo que ha significado el regreso a clases para nosotros y nosotras: con alta carga laboral, fuerte agobio, teniendo que suplir la falta de profesionales, la falta de contratación de más colegas por el alza de licencias médicas por ejemplo en el ámbito de la salud mental que devienen de las mismas condiciones. Por la falta de otros profesionales que apoyen la labor docente como psicólogos, psicopedagogas, educadores diferenciales. Y ni hablar de los malabares que tenemos que hacer además con los pocos recursos que se nos entregan, por ejemplo en cuanto a tecnologías e infraestructuras sobre todo en los colegios de región o de la periferia acá en Santiago.

Aún así en la sala de la Cámara de Diputados se hizo una votación separada de la evaluación docente, la cual fue rechazada con los votos en contra de la bancada de la derecha UDI, Evópoli, RN y Republicanos, que incluye a diputados como Camila Flores, Joaquín Lavín o Diego Schalper, quienes dijeron que la decisión iría en directo beneficio a las comunidades educativas. De seguro que ellos no tienen idea de trabajar y tampoco de las condiciones de las y los profesores, y cómo la evaluación docente es una gran carga que se suma a la ya agobiante labor docente que tenemos que llevar actualmente.

Esta semana pasa a la votación de la comisión de Educación del Senado para luego ir a la votación final en sala. Frente a aquello el Colegio de Profesores, el gremio más grande de profesores y profesoras en Chile, no declaró más que un tibio “estado de alerta”.

El mismo Carlos Díaz en su última “Semana Docente” subida ayer en su canal de YouTube, hace gala de cómo el CdP se dedicó a parlamentar a la convención constitucional, a trabajar junto a los parlamentarios y cómo además actualmente han solicitado una reunión formal con el Ministerio y las autoridades para tratar los puntos del petitorio 2022. Sin embargo, desde la galería las y los profesores de Chile hemos visto hace meses nada más que reuniones y banderazos por el apruebo.

Ahora que terminó el plebiscito, donde además ganó la opción del rechazo, entre otras razones por la pasividad a la que nos llevaron las direcciones de los grandes sindicatos como la CUT, y también el mismo CdP que nos dijeron que había que esperar en calma y pasividad porque después del plebiscito se nos arreglaba todo, ¿qué actitud adoptarán ahora que ya no tienen ninguna excusa para no movilizar?

Ante la mayoría de las decenas de manifestaciones docentes que ha habido de manera aislada en distintos establecimientos a nivel nacional durante lo que llevamos de año, algún dirigente del Colegio de Profesores ha aparecido y se ha grabado algún video. Pero no han sido capaces de llamar a ninguna movilización nacional, a un paro, una marcha, ni siquiera a asambleas de urgencia en cada uno de los comunales para discutir qué plan de acción seguiremos las y los profesores que día a día sufrimos las condiciones laborales, educativas, de infraestructura, para conquistar las demandas que hace décadas hemos planteado.

La crisis de la educación es hoy, y por mucha reunión que haya con las “autoridades”, sabemos que la fuerza real para conquistarlas reside en nosotras y nosotros, los profesores, los asistentes de aula, las y los funcionarios, las familias y apoderados y las y los estudiantes, quienes debemos dar salida con nuestras propias discusiones y propuestas de soluciones a esta crisis educativa que ya no da más.