Karl Marx plantea en El Capital que la jornada de trabajo se define acorde a las necesidades del capital, por ejemplo, en la época en que se laboraba más de 18 horas, no podía extenderse más debido a que mínimamente para trabajar se debía dormir.
Para el capital, mientras más tiempo esté el trabajador encadenado a laborar es mejor, ya que resulta en mayor extracción de plusvalía, es decir, la ganancia a costa de explotar la fuerza de trabajo ajena. Pero en el caso de lxs trabajadores estatales, llevan a cabo lo que Marx denomina el trabajo improductivo (no produce plusvalía), que reproduce la dominación del Estado burgués.
Los servicios públicos que se brindan mediante los programas sociales, como es el caso del ámbito del arte, la cultura, el deporte y la educación, entre otros, si bien responden a necesidades del pueblo trabajador, el Estado los hace pasar por una dádiva, y los distintos gobiernos los utilizan para construir legitimidad. En este sector laboran trabajadores que hoy son llamados becarios o beneficiarios.
No obstante, mientras más precario el trabajo -con negativa de derechos como a la estabilidad laboral, jornada laboral, entre otros-, las y los trabajadores quedan más a expensas de la patronal en el sector público y privado. Particularmente las y los trabajadores estatales, así como quienes no son reconocidos como tales, terminan laborando al ritmo de las necesidades de hacer política de los gobiernos en turno, como en el caso de la Ciudad de México.
Una conquista de la revolución mexicana es el límite a la jornada laboral excesiva, por lo que en el artículo 123 constitucional, tanto en el apartado A, que rige las relaciones laborales en el sector privado, como en el apartado B, que regula las relaciones el Estado y lxs trabajadorxs estatales, se señala que una jornada laboral debe ser de máximo 8 horas, en el primer caso especificando que la jornada nocturna es de máximo 7 horas. Pero los becarios o beneficiarios tienen negado este derecho.
Disposición completa y sin centro de trabajo
Las llamadas personas beneficiarias, que supuestamente reciben una beca, en realidad tienen el carácter de trabajadoras, ya que cumplen con los requisitos que configuran una relación laboral, como la subordinación a un patrón y un salario. Sin embargo, es la propia normatividad que va en contra de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo la que les niega todo tipo de derechos, lo que les deja merced de los abusos patronales.
Un ejemplo son las y los trabajadores de la cultura, que en la mayoría de los casos laboran jornadas extenuantes de hasta 14 horas. En ocasiones, les trabajadores cuentan que eran obligades a tener disposición completa, incluso en fines de semana y a deshoras para desempeñar sus actividades. Otro ejemplo es el de docentes del Instituto Rosario Castellanos y de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, o las y los talleristas de Pilares, entre otras personas beneficiarias de los programas sociales. Esto da cuenta de que la negativa de derechos laborales permite abusos.
Además, en muchos casos parecen no tener un centro de trabajo permanente, pero tienen que trasladarse a las zonas a las que se requiere llevar los servicios que se ofrecen, incluso si son más lejanas, sin contar con ningún tipo de apoyo extra. Esto debería contar como trayecto de trabajo, pero no es así, por lo que no hay certeza en los tiempos del trabajo.
Cuando laboran en casa como en la pandemia o cuando realizan trabajo administrativo, no cuentan con ningún apoyo, pues al negarles la relación laboral, ni siquiera pueden ser considerados en el régimen de teletrabajo, y se les niega con ello el derecho a la desconexión digital. En ambos casos, las herramientas de trabajo y el costo de transporte recaen en el bolsillo de las personas trabajadoras.
En varios casos, puede requerírseles el tiempo que sea necesario con una llamada, un correo electrónico, de un momento a otro, desde la mañana hasta la tarde, modificando arbitrariamente sus horarios, a expensas de lo que el gobierno requiera, como el apoyo con las vacunas con la pandemia (sin garantizarles seguridad sanitaria), o coordinar a pasajeros del metro cuando cierran estaciones. Con ello también se ejemplifica que sus tareas van cambiando arbitrariamente.
Todo lo anterior, con el objetivo concreto de crear una imagen de que el gobierno está apoyando a la población, lo cual se viene pronunciando con la carrera presidencial hacia el 2024, en la que las y los gobernantes quieren llegar con el mensaje de su administración hasta los rincones a los que llegan los programas sociales, pero ocultando la precarización laboral que padecen las y los trabajadores de estos programas.
Los servicios de los programas sociales tendrían que ofrecerse acorde a las necesidades reales y sociales de manera permanente, no al ritmo de los partidos del régimen o sus pretensiones electoreras. Además, es necesaria la organización independiente de los partidos del congreso por plenos derechos laborales para las y los trabajadores, entre ellos una jornada digna y bien establecida, de 6 horas 5 días a la semana, con aumento salarial indexado a la inflación y repartiendo el trabajo entre todas las manos disponibles para poder tener tiempo para pasar con la familia, de recreación y de descanso. Demandas que ni el gobierno de la 4T ni la derecha neoliberal pretenden impulsar.
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