La segunda audiencia de alegatos de las defensas en el juicio de "Vialidad" tuvo lugar este martes, con el turno de Mauricio Collareda, ex titular del Distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz, mientras sigue la investigación sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Collareda era responsable de la DNV para la provincia, junto con Osvaldo Daurich, otro de los acusados que será el próximo en realizar su defensa. Según la acusación de la Fiscalía ambos fueron los "dos supervisores para una gran cantidad de obras" donde no hubo ningún tipo de control en una "situación de ceguera intencional". Por este motivo los fiscales Luciani y Mola pidieron una condena de seis años de prisión para Collareda, por el delito de administración fraudulenta.
La defensa de Collareda estuvo a cargo del abogado Luis Alonso Martínez, quien pidió su absolución afirmando que la acusación es "infundada y contradictoria" además de que "no se encuentra probada la maniobra" de asociación ilícita que denuncia la fiscalía.
Respecto a su responsabilidad en los controles que debería haber realizado según la fiscalía, Martínez expuso que "la función específica" de Collareda era "meramente administrativa", controlando la legalidad de la documentación, y que no implicaba ningún tipo de decisión administrativa sobre el dinero destinado a la obra pública, la adjudicación de las obras, la extensión de los plazos, las licitaciones, los reajustes de presupuesto y las inspecciones sobre su realización o capacidad técnica de la empresa constructora que las tuviera. Sostuvo que lo anterior fue ratificado por las auditorías llevadas adelante por Javier Iguacel (cuando cambió la gestión a manos del macrismo) donde "se detalla que no se evidencian tareas sin ejecutarse" y el testimonio de Leandro Martín García, agente vial con experiencia de más de 19 años en la DNV. También afirmó que la función de control de las obras en última instancia no era del denominado Distrito 23, sino que la responsabilidad máxima era de la Agencia de Vialidad Provincial o de Vialidad Nacional.
Además, subrayó que la fiscalía no pudo acreditar en la causa un beneficio personal del imputado, ni que haya obtenido una ganancia. Martínez concluyó que "la situación de Collareda debería ser la de otros testigos. Se limitó a cumplir con sus funciones sin intención de beneficiar a ninguna empresa".
Por otra parte, negó la acusación sobre una relación con Lázaro Báez de índole personal o comercial, ni que haya influenciado en obtener su cargo, así como tampoco tenía un rol en el proceso de licitaciones de las obras por lo cual poco beneficio podría darle al empresario.
Para finalizar además de la absolución pidió que en el caso de una sentencia de culpabilidad el requerimiento de prisión fuera "condicional", al aplicar la pena más baja para el delito que sería de 2 años.
El alegato de la defensa continuará el próximo viernes 9 de septiembre, cuando sea el turno de Daurich, quien tiene un pedido de cinco años de prisión. La semana siguiente continuarán las audiencias de las defensas de del exministro de Planificación Julio De Vido, que está acusado de haber sido uno de los organizadores de la asociación ilícita, con un pedido de pena de 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, y posteriormente la de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas.
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