Éste sábado se realizó en la basílica de Luján una misa “Por la paz y la fraternidad de los argentinos”, a cargo del arzobispo local Jorge Scheinig, en línea con el llamado a la unidad nacional que impulsa el oficialismo desde el atentado a la vicepresidenta. Allí estuvo el presidente Alberto Fernández, junto a Eduardo Duhalde y funcionarios del Frente de Todos. Los movimientos sociales oficialistas, agremiados en la UTEP, también participaron y movilizaron.
El evento fue solicitado a la Iglesia local, por el intendente Leonardo Boto (Frente de Todos), a pedido del ministro del Interior, Wado De Pedro y el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, ambos de La Cámpora -quienes estuvieron presentes.
A su vez, se hizo eco de la convocatoria de la Conferencia Episcopal Argentina que, impulsados por el Papa Francisco, llamaron a "unirse en la oración" en todo el país, a una sociedad que los obispos señalan como “fragmentada y escéptica”.
Dentro de la comitiva oficialista estuvieron el gobernador de bonaerense, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Juan Manzur y ministros. También la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, con diputados y senadores.
El expresidente Eduardo Duhalde estuvo al frente.
Desde el sector de movimientos sociales, estuvo Juan Grabois (MTE), uno de los principales referentes de Patria Grande en el Frente de Todos; junto a los diputados que se mantienen dentro del bloque.
También estuvo Gildo Onorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Movimiento Evita, organización que tiene a funcionarios como Emilio Pérsico dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
En las columnas de los movimientos estuvieron también las banderas de la CCC y Somos Barrios de Pie, con Daniel Menéndez.
¿Para quiénes "paz social"?
Luego de un atentado de corte fascista contra una funcionaria electa por el voto popular, donde la reflexión principal que se instaló fue apuntar contra los "discursos de odio", los llamados a la paz y a la unidad, pueden sonar bien. Pero hay algunas preguntas pertinentes: ¿entre quiénes unidad? ¿para quiénes la paz?
La unidad y la paz que convocaron el Gobierno y la cúpula de la CGT, y que la Iglesia replica, apela a la "concordia", no solo entre distintos sectores de la dirigencia política, si no también entre los grandes empresarios del país y el pueblo trabajador y pobre, que es el verdadero perjudicado de la crisis económica y del ajuste que aplican al servicio del FMI.
¿Qué significa, entonces, está "paz social" para los trabajadores? ¿Dejarse saquear el salario en paz? ¿Aceptar pacíficamente que los empresarios remarquen a diario los precios? ¿Permitir que se ajuste la salud y la educación, sin luchar?
El Gobierno llama a la paz social, entre las grandes patronales y los trabajadores; pero favorece, claramente, a una clase por sobre otra. El ministro Sergio Massa le transfiere al campo un equivalente a $200.000 millones para financiarles el dólar soja; y ataca el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación de los trabajadores y las mayorías populares, pasando la tijera en el presupuesto de estas áreas. ¿Quién sufrirá entonces los mayores costos de esta paz?
Del lado de la dirección de la CGT, esta nueva convocatoria a la "paz social", no es más que la continuidad de la tregua. La entrega del salario y de los derechos laborales, sin luchar, gobierno tras gobierno. Tal es así que, durante el mandato de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, permitieron "pacíficamente" que la clase empresaria argentina se quedara con $70 mil millones de dólares, que antes estaban repartidos entre los bolsillos del pueblo trabajador.
Por el lado de los movimientos sociales oficialistas, agremiados en la UTEP, durante los últimos meses amagaron con romper esta "paz social", desarrollando algunas movilizaciones y actos, principalmente con el reclamo de un Salario Básico Universal; hasta llegaron a plantear que sus representantes de Patria Grande romperían con el Frente de Todos en el bloque de Diputados.
Es que desde la renuncia del ministro Martín Guzmán, la profundización del ajuste y de la crisis social se hicieron cada día más evidentes. A su vez, las organizaciones reunidas en la Unidad Piquetera, comenzaron a inundar las calles contra el hambre y el ajuste, exigiendo la apertura y aumento en los programas sociales y trabajo genuino; disputando un espacio de organización independiente del Gobierno, para miles de trabajadores desocupados y precarios.
Pero tras el atentado y al calor de este nuevo llamado a la "concordia" (comunicado del Papa Francisco, mediante), decidieron mantener la "paz social" con el Gobierno y las patronales. Y sostener una unidad cada día más tensa e incómoda, dentro de la coalición de Gobierno. Incluso luego de que dirigentes, como Juan Grabois, denunciaran públicamente el ajuste de Sergio Massa y los beneficios para las grandes patronales, como el dólar soja. Paradójicamente, la justificación para mantener la unidad, fue que con este beneficio multimillonario para las patronales agrarias, también se daría una asistencia alimentaria para sectores sociales que están bajo la línea de indigencia: una concesión de mucho menor alcance que su (ya restringido) proyecto de salario básico universal.
La promesa que los dirigentes de la UTEP, tomaron del Gobierno, con Cristina Fernández Kirchner como garante, es que en los próximos meses, junto a un proyecto de la diputada Juliana Di Tulio podrían darle curso a una asistencia alimentaria mayor y más amplia. Es la palabra de quien sobrevivió a un atentado; y también el gobierno de quien está de viaje en los Estados Unidos, para ser el garante de un ajuste mayor al servicio del FMI. Creer o reventar. |
