El pasado viernes 9 de septiembre la Universidad de Tarapacá de la mano del Rector y la Dirección de equidad y género, convocó a una jornada triestamental en la sala de eventos del Hotel Antay, a raíz de la implementación de la ley 21.369 que busca regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación de genero en el ambito de la educación superior, promoviendo políticas integrales orientadas a la prevención, investigación y sanción, ademas de proteger y reparar a las victimas, para esto la universidad debera crear unidades nuevas que lleven adelante este objetivo pero separadas una de la otra.

En esta instancia participaron aproximadamente 130 personas entre estudiantes, funcionaries, académicos y académicas, donde fueron cerca de aproximadamente 25 estudiantes los que participaron entre la sede Iquique y Arica, cabe destacar que esta fue convocada de un día para otro y sin mucha información de por medio, además que debía ser una instancia de carácter paritario según lo expresa la ley, cosa que ya es descriminatoria hacia las diversidades sexo genericas, porque se basa en la heteronormatividad, dejando limitada a las diversas identidades de género dentro de la comunidad universitaria. Además de ser una instancia muy poco representativa de los tres estamentos y alejada de la comunidad universitaria al realizarse en un recinto privado y no en las dependencias de la universidad donde hay un libre acceso de los tres estamentos.

Dentro de la instancia el ánimo de quienes asistieron era de bastante cuestionamiento y dudas sobre cómo se crearían estas nuevas unidades, su funcionamiento y sobre quienes eran los que tomaban la última decisión frente a las investigaciones y sanciones, como también sobre la política integral y el modelo de prevención que llevan adelante estas unidades. Una de las cosas que salía a plantear una funcionaria administrativa, donde decía lo siguiente; “era importante que las investigaciones y sanciones fueran aplicadas transversalmente sin importar el grado y cargo directivo” tocando un aspecto importante y que también es bien cuestionado por les estudiantes, siendo algo que frente a diferentes situaciones, se ha expresado en que se cuestiona más a la persona afectada que al denunciado, teniendo en cuenta las relaciones de poder que hay dentro de las instituciones.

También se sale a cuestionar la visión sobre el problema de la violencia y discriminación de género, donde un estudiante de la carrera de enfermería en la sede de Iquique quien participo de la instancia nos menciona lo siguiente; “Creo que el enfoque entregado dentro del conversatorio y planificación de este protocolo ha sido abordado como una herramienta que se puede adquirir mediante capacitaciones o inducciones, pero no es así. Estamos hablando de respetar al otro como a un igual. Esto no se debe mirar como algo a adquirir o incorporar si no como un valor intrínseco de respeto. Por esto creo que no debería verse aislado a una cantidad de capacitaciones, si no que hacerlo parte del día a día. Que el equipo directivo, académico, funcionario y estudiantil lo apliquen diariamente como una competencia transversal, pero sobretodo como un valor que debería estar presente siempre, porque es parte del desarrollo personal óptimo convivir en una sociedad de respeto mutuo, tolerancia y aceptación.”

En la instancia estaba presente el rector Emilio Rodriguez, quien abrió con un discurso ligado al desafío que tiene la UTA para implementar esta nueva ley, dando énfasis en la responsabilidad de la comunidad universitaria, disminuyendo el carácter deliberante que tiene la junta directiva, en cuanto a que son los únicos que tienen poder de decisión para definir quienes serán las personas capacitadas para poder llevar adelante las unidades como también las investigaciones y sanciones. Una de las preguntas que surgió por parte de ciertos estudiantes que participaron de la instancia, hacía hincapié a este punto sobre la toma de decisiones, ya que se habla de triestamentalidad y participación, pero a la hora de decidir todo sigue recayendo en el círculo cercano del rector.

Desde el mayo feminista a la Ley que regula el acoso sexual, la Violencia y la discriminación de género en el ámbito de la Educación Superior

Hay que partir desde el hecho que si los diferentes Gobiernos y las mismas autoriades de la universidad se han visto obligados a tomar medidas contra la violencia de genero es por la movilización y lucha en las calles del movimiento de mujeres y feminista durante los últimos años.

El año 2014, ante diversos casos de violencia de género al interior de la UTA, surgió la necesidad por parte de estudiantes, organizaciones políticas y feministas de conquistar un protocolo contra el acoso. Posteriormente las grandes movilizaciones del 2018 en lo que se conoció como el “mayo feminista” volvieron a plantear la urgencia de este mecanismo, pero las autoridades de la universidad, que fueron el primer freno ante este cuestionamiento, abrieron espacios de discusión y reflexión.

Empujados por la movilización se llevaron a cabo claustros triestamentales (espacio de discusión donde participaron los tres estamentos que conforman la comunidad universitaria; estudiantes, funcionarios/as y académicos/as). Si bien fue una experiencia para la comunidad educativa, estas instancias no eran resolutivas, ni de carácter vinculante. Por lo que las autoridades terminaron imponiendo un protocolo en donde las decisiones en última instancia las toma la junta directiva, un organismo completamente antidemocrático encabezado por la rectoría que actualmente tiene en su cargo a Emilio Rodríguez. Quien ha sido responsable de desalojos y represión hacia estudiantes durante movilizaciones en años anteriores.

La implementación de este protocolo, que ya ha mostrado su incompetencia, y la llegada de la DEGEN, han sido el caballo de batalla de las autoridades para lavarse la cara respecto a las demandas del movimiento de mujeres y de las diversidades sexo genericas e intentar posar de “democráticos”, pero en concreto las medidas paliativas de las que las autoridades hacen tanta gala, no han tocado ni un solo ápice de las condiciones que perpetúan la violencia estructural en los establecimientos educacionales.

¿Qué se requiere para enfrentar la violencia de género en las Universidades?

La violencia de género al interior de las instituciones no se acabará sola, para implementar una educación sexual integral se requieren recursos, es por esto que el financiamiento integral 100% de parte del Estado. La pelea por una educación laica, no sexista ni heteronormativa, sigue vigente y tiene que ser abrazada por todas y todos quienes quieren acabar con el machismo en la educación.

Hoy es más urgente que nunca pelear por un protocolo que realmente enfrente la violencia de género, que no solo apunten a responder a las agresiones cuando estas ya fueron cometidas, sino a transformar las condiciones materiales de las mujeres y las disidencias para prevenirlas. Estos protocolos deben estar acompañados de comisiones compuestas por estudiantes, funcionaries, académicos y académicas, con total independencia a las autoridades, que sean votados de forma democrática así como su funcionamiento.

Además es necesario avanzar a construir nuestras propias herramientas, levantar organizaciones y comisiones de género para poder defender nuestros propios métodos y consolidar la lucha por la educación no sexista y los derechos de las mujeres, para fortalecer planes de prevención y educación y para dar salida a los casos de violencia que día a día viven las mujeres y diversidades al interior de los recintos educativos tanto estudiantes como trabajadoras.

Si las causas de la violencia machista son estructurales, no se van a resolver porque exista la posibilidad individual de denunciar, sino que hace falta combatir sus causas estructurales en la sociedad capitalista y patriarcal, bajo una organización colectiva, la disposición a la movilización y la lucha persistentes para acabar con este sistema de raíz, para que cada paso que demos sea en esa perspectiva.