Este martes el Senado aprobó la séptima votación por 41 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, la prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío.

Con la presencia de las nuevas ministras Carolina Tohá (PPD), del interior y Ana Lya Uriarte (PS) Segpres, el Senado puso firma a la extensión del Estado de Excepción y la amplitud del carácter de éste. Se trata de ampliar las facultades de desplazamiento de las Fuerzas Armadas más allá de las rutas principales en la "macrozona sur". Una fórmula utilizada por los gobiernos de la ex Concertación y de la derecha para criminalizar y perseguir a sectores del pueblo mapuche en la zona.

A través del mandato de Gabriel Boric las FF.AA podrán intervenir cuando presencien o sean informados de un atentado e incluso, disparar cuando "esté en riesgo la vida de las personas". Esto último se refiere a que el gobierno quitó el carácter "acotado", el cual incluía: "focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas", cambiándolo por : “las medidas adoptadas en función de este decreto deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, y la protección de la vida de las personas”.

Represión en el Wallmapu

La decisión del gobierno de Boric de ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas va en línea con la política represiva que ha operado durante este último mes: la detención del dirigente histórico de la CAM, Héctor Llaitul, mediante la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado por sus dichos contra los gobiernos anteriores; la detención de Ernesto Llaitul, integrante e hijo del dirigente de la CAM junto a dos miembros más acusados por terrorismo; y recientemente la violencia estatal que dejó herido de gravedad a un comunero en el contexto del ataque de Carabineros a la comunidad Manuel Ignacio Ancan el pasado lunes en el sector de Arauco.

Se trata de una cesión a la derecha y a los sectores empresariales ante el fracaso del plan "Buen Vivir", anunciado por la anterior ministra del Interior Izkia Siches y que contemplaba mecanismos para una limitada restitución de tierras, la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, el impulso de Parlamentos territoriales y un plan de inversión pública para obras en las comunidades.

El estado de Excepción aprobado este martes se asemeja más al declarado el 17 de octubre de 2021 por el expresidente Sebastián Piñera, quien todavía goza de impunidad por los crímenes contra los derechos humanos cometidos contra manifestantes durante su gobierno