El funcionario habló a través de la radio LU5 en un tono beligerante, que difiere del estilo que mantuvo en los meses previos del conflicto. Insistió en que no hay 5 mil desocupados detrás de las protestas sino la mitad, 2400 como máximo, y deslizó que "300 son extranjeros".

La frase corresponde a un artículo de La Mañana de Neuquén, de fecha 27/09/2021, y el funcionario en cuestión es Ricardo Soiza, actualmente imputado por una estafa al Estado neuquino y las familias de beneficiarios de planes sociales por un monto de 120 millones de pesos. Robo que habrían realizado manipulando más de 400 tarjetas de personas en situación de pobreza, a las que se les quitaban mensualmente 41 mil pesos, mientras les entregaban 8 mil.

Luego de ser demorado y allanada su casa, este funcionario dijo que "si hubo malversación, cada uno se hará responsable" y adjudicó la publicidad del caso a la interna del Movimiento Popular Neuquino.

El martes pasado salió Jorge Sapag en los medios locales, buscando deslindar al gobierno y el sector Azul del MPN, mientras Ana Pechén pidió que "no haya una caza de brujas".

Que las hay las hay (de hecho, Rolando Figueroa lo tomó al vuelo con ese fin), pero los pases de facturas en las internas no podrían hacerse si no existieran este tipo de mecanismos de corrupción de toda la vida. Mecanismos que en una provincia rica en recursos naturales se justifican desde el sentido común de “roban pero hacen”.

Según la dirección de Estadísticas y Censos de la provincia, en la segunda mitad del año pasado, el 33 % de las personas que habitan la provincia eran pobres incluyendo un 6% de indigentes. Los discursos sobre la mejor provincia del país, que nos vamos para arriba con Vaca Muerta y los beneficios del desarrollo, se terminan rápidamente al ingresar a una toma con casillas de cantonera, una escuela con la caldera a punto de explotar, una sala del Hospital Neuquén en la que campean a gusto las ratas o al intentar tomar el transporte urbano en Parque Industrial o la meseta. Sobre llovido, mojado: también se roban la plata de los planes sociales que cobran los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora y el pueblo de Neuquén.

A propósito del ajuste en discapacidad, junto con masivas movilizaciones en todo el país de los sectores afectados y gente solidaria, surgió una consigna que viene a cuento: que el ajuste se lo hagan ellos. Y es verdad, una casta de funcionarios más o menos vitalicios, que no rinden cuentas a nadie y que no tienen idea de cómo vive la clase trabajadora en los barrios, toma decisiones que nos perjudican a diario, pero además roban y hacen negociados con nuestros recursos y peor aún, con nuestras necesidades.

Y estos son los mismos caraduras que después hacen discursos de "mano dura" contra las protestas de los trabajadores y las organizaciones a las que ellos mismos se ocupan de robarles la plata.

Pero, a diferencia de lo que plantean ciertos discursos que hablan contra la política y los políticos en general, el parasitismo de la llamada casta política es un fenómeno subordinado a una cuestión más de fondo: el carácter de clase del poder político. Los partidos dominantes son los partidos de la clase dominante y particularmente en Neuquén, el MPN no representa solamente a una especie de burguesía local sino que es el garante del negocio millonario de las petroleras. Cuando funcionarios impunes nos roban en la cara, básicamente lo hacen porque pueden y porque este sistema orientado hacia la ganancia de las empresas y basado en la explotación de la clase trabajadora, incluye la corrupción como un mecanismo más del negocio capitalista. Por eso también es necesario que los responsables de estos hechos sean investigados de manera independiente a los poderes de turno y juzgados por jurados populares.

Para enfrentar a esta "casta política" al servicio de las petroleras, desde el Frente de Izquierda planteamos la necesidad de que los diputados, concejales y funcionarios sean revocables en todo momento, y ganen lo mismo que una maestra. Peleamos por trabajo para todxs en base a un plan de obras públicas para la construcción de viviendas, escuelas y hospitales, bajo control obrero y por la ampliación y universalización de la asistencia a los trabajadores desocupados. También planteamos el reparto de las horas de trabajo, imponiendo las 6 horas de trabajo, 5 días a la semana, sin reducción salarial y con un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar, actualizado mensualmente según la inflación.

Frente a los políticos de las petroleras y los empresarios, las y los trabajadores tenemos que pelear por una salida propia levantando nuestras propias demandas y las de los sectores populares, incluyendo medidas que enfrenten la corrupción inherente a este sistema capitalista, como el control obrero de la obra pública.