Pasan las Diadas y se acercan el debate de política general, pero la crisis permanece en el seno del govern de ERC y JxCat, o de JxCat y ERC, tanto da. Diadas en plural porque el movimiento independentista catalán lleva diez años enclaustrado entre los límites del procesismo. Crisis en singular porque la crisis entre los partidos de la burguesía es la misma de siempre, a pesar de que ahora el desenlace puede llegar a poner punto final al Govern. Pero la disputa es vieja, la lucha por lograr la primacía política, económica y mediática en Catalunya. Aquello que tenía en propiedad la Convergència de Pujol y que ahora le disputa la "nueva Convergència" de ERC.

Se podría haber empezado este artículo sosteniendo que la crisis entre ERC y JxCat ha estallado después de la masiva manifestación de la Diada convocada por la Assemblea Nacional Catalana, y que los factores que la avivan y hacen crecer son las diferencias entre ambos partidos para lograr la autodeterminación y la amnistía. Pero... nos estaríamos engañando.

Es evidente que ambos partidos están más que de acuerdo en la vuelta a la normalidad autonómica. Lo más buscado por las direcciones procesistas no es otra cosa que enterrar las aspiraciones por el derecho a la autodeterminación del movimiento democrático catalán a cambio de una mayor financiación, un pacto fiscal negociado con el gobierno del Estado español. Es decir, el retorno al autonomismo como se tendría que decir, simple y llanamente.

El reto tanto de ERC como de JxCat, sin embargo, recae en como lograr esta vuelta al autonomismo, que tanto anhelan los bolsillos del Círculo de Economía y Fomento, y que tantos beneficios les hizo ganar en un pasado no muy lejano, sin que dos millones de personas lo perciban como un fraude en toda regla hacia el mandato popular surgido del referéndum del 1 de octubre de 2017. Y como consecuencia de esto, como evitar experimentar una sacudida electoral histórica, ergo, desaparecer del tablero político catalán. Ergo, despedirse para las próximas décadas de seguir manteniendo la hegemonía política y social en Catalunya.

Tanto ERC como JxCat son conscientes de que la política litúrgica, aquella basada en tomar aquello más simbólico, social y cultural para apropiárselo y encajarlo en un movimiento popular que dirigir a su antojo de forma eternizada, tiene también sus límites. Pero, a pesar de esto, no pueden dejar de usarla por su competencia sobre quien encabezará la restauración autonómica los próximos años.

Aquí es donde entra el último farol de JxCat de salirse del govern de la Generalitat, aprovechando también que a finales de septiembre se tiene que celebrar el debate de política general en el Parlament. Farol no por que no sean capaces de hacerlo, terremotos más grandes han removido los cimientos de la ex Convergència en los últimos años, sino porque actuar desde una oposición más "indepe" pero con el mismo objetivo de la vuelta al autonomismo, tarde o temprano lleva al mismo punto que el actual.

Que ambos partidos procesistas tienen este mismo objetivo final lo demuestra de forma palmaria también la negativa de los dirigentes de una y otra formación a la propuesta de la ANC del pasado miércoles de declarar la independencia durante el segundo semestre de 2023. Tanta crisis no debe de haber en el fondo cuando tanto Aragonès como Puigneró se muestran contrarios a una DUI o cualquier otra acción que reavive la lucha por la autodeterminación.

Ahora bien, la propuesta de una DIU de la ANC no significa tampoco nada nuevo. Como máximo, la entidad responsable de haber llevado al movimiento catalán detrás una hoja de ruta contraria a desarrollar las fuerzas sociales capaces de lograr la autodeterminación, esgrime la posibilidad de una lista cívica en otras elecciones para presionar a los partidos a que hagan algo más de procesismo simbólico. Esto es lo que acabaría siendo una nueva DUI desde el Parlament.

Y esto es así porque desde la primera manifestación masiva de la Diada en 2012, tanto ANC como Òmnium Cultural han actuado como correas de transmisión y asimilación en las calles, y en gran parte del movimiento independentista, de la propia hoja de ruta del procesismo. Las mismas entidades civiles independentistas permitieron que la fuerza puesta en la calle el 1 y el 3 de octubre se desperdiciara a la espera de los siguientes pasos del president Puigdemont. El miedo a una movilización independiente, con la participación de la clase trabajadora como la huelga del 3, y que vinculara la autodeterminación con demandas de transformación social, era compartida también por los "Jordis".

Habría que preguntarnos también que está haciendo la CUP ante tanta muestra evidente de la hoja de ruta autonomista del procesismoen declive. La formación independentista se desmarcó y votó en contra de los presupuestos autónomicos del 2022 y durante los últimos meses se ha reubicado como una fuerza política en la oposición del govern. No obstante, se ha negado a dar por roto definitivamente el acuerdo de investidura con ERC que posibilitó la formación del gobierno y que le ha dado hasta ahora estabilidad parlamentaria.

La CUP podría dar un paso adelante en posicionarse como alternativa a la hoja de ruta de los partidos procesistas. Para eso tendría que empezar por romper todo acuerdo con cualquiera de los dos partidos procesistas y apostar por la articulación de una verdadera oposición en las calles que enfrente las políticas de Aragonès y Puigneró para gestionar la crisis social y económica en beneficio de las grandes familias y empresas, y ligue esta lucha con retomar un nuevo embate ante las instituciones españolas para lograr la autodeterminación.

La estrategia de la unidad popular se demostró como una versión más de “izquierda” que la unidad nacional que proponía el procesismo, incluyendo la ANC y Òmnium. La apuesta por una hoja de ruta con independencia de clase y anticapitalista, todavía es una cuestión pendiente para la CUP y buena parte de la izquierda independentista, tal y como empieza a criticar parte de su militancia.

Ante la enésima crisis del procesismo, hay que luchar por una salida que signifique un verdadero embate con el Estado español y también los representantes de la burguesia catalana, la única vía para lograr el derecho a la autodeterminación y la amnistía. Necesitamos poner en pie movilizaciones en las calles que no estén controladas por los mismos partidos procesistas, sino que los enfrenten a ellos y sus políticas neoliberales y de vuelta a la autonomía controlada.