A pesar de la intención del Gobierno por pasar un recorte de ¢128.000 millones (cerca de un 24% del presupuesto), la masiva movilización que sumó estudiantes, trabajadores y administrativos de todas las universidades públicas contuvo el golpe. Sin embargo, la negociación entre CONARE y el Gobierno se mantuvo a la baja, manteniendo el mismo presupuesto del 2022 como base para el presupuesto de este año pero dejando de lado el porcentaje que corresponde a la inflación. Es decir, el monto que debe ajustarse debido al encarecimiento general en el precio de los bienes y servicios.
Esto, a pesar de que la inflación interanual supera el 11% y en lo que vamos del 2022 este ha aumentado cerca del 8,51% para julio de este año.
Esto significa que, a pesar de que el país se encuentra con los niveles más altos de inflación desde el 2009, el presupuesto universitario apenas reconocerá el 1% de ese aumento generalizado del costo de la vida.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ha indicado que los productos que mayores alzas han experimentado desde el año pasado a este año pertenecen al grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, encabezando la lista el tomate, la cebolla, las papas y el aceite de cocina. Por otro lado, el transporte en autobús se ha mantenido en la lista de los servicios que más ha experemientado aumentos de precio desde el año pasado, contando incluso con un aumento de cerca del 9,55% de su precio esta semana.
¿Quién paga la crisis?
El reclamo por la desigualdad salarial y las becas dentro de las universidades demuestra una de las dinámicas que forman esencial de la discusión: la forma antidemocrática con la que se administran las universidades.
Para el 2019, la UCR contaba con más de 4680 personas trabajando en interinazgo, sin la capacidad de participar de las Asambleas de Escuela o cualquier otro espacio de tomas de decisión.
Siguiendo el caso de la UCR, la elección de la rectoría es una elección de la minoría. El grueso de la comunidad estudiantil debe elegir unos cuántos representantes, con un padrón total de 2353 en contraposición a los más de 8700 estudiantes activos y los cerca de 9720 personas trabajadoras en la institución. Es decir, la gran mayoría de trabajadores y estudiantes quedan por fuera de la elección del rector, quien en última instancia dirige la política y la administración de los recursos en términos generales.
A pesar de que el recorte millonario al FEES habría sido detenido con movilizaciones, la discusión sobre cómo administrar un presupuesto que ya se demostraba insuficiente en años anteriores y que además ahora debe pagar un costo de la vida históricamente elevado está apenas abriendose. Es decir, estamos aún por ver cuáles becas, cuáles salarios y cuáles cursos terminarán pagando la “difícil situación nacional”, en palabras de los representantes de CONARE.
Por una democratización radical de las Universidades
Esta discusión sobre el voto universal es un paso en una discusión mucho más general: cómo combatir el carácter antidemoccrático de las universidades públicas. La pelea por el presupuesto universitario adquiere otro sentido cuando lo que se pone sobre la balanza no es el salario alto de tal o cual empleado público, sino más bien cómo los recursos invertidos en educación pueden responder a las necesidades más sentidas de las miles de personas que componen la comunidad universitaria en su totalidad.
Por otro lado, la pelea contra el gobierno no debe dejar por fuera la discusión sobre el modelo universitario que queremos y con respecto a la distribución del presupuesto universitario. Si bien será el mismo del año 2022, es claro que las y los estudiantes, aun sin el recorte de 129 mil millones, ya enfrentan condiciones de estudio que no son las óptimas: becas que no cubren el costo real de la vida universitaria, falta de cupos y cursos; mientras que la mayor parte del sector docente se encuentra en precarización laboral.
Frente a esos problemas, hay que apostar por un modelo democrático radical con voto universal, donde estudiantes y sector interino puedan tener voz y voto en las decisiones presupuestarias y políticas que conciernen a la universidad, para que el dinero cubra las necesidades de la población mayoritaria en la universidad: becas que cubran el costo real de la vida universitaria, contratación masiva de docentes en interinazgo para otorgar estabilidad laboral y también tener apertura de cursos y cupos.
Por una campaña independiente de Voto Universal
Al lado de la discusión sobre el FEES, hay otro elemento dentro de la vida de las universidades al que debe prestarse atención: el papel de las Federaciones de Estudiantes. La FEUCR, dirigida en los útlimos años por grupos que giran alrededor de las orientaciones del PLN, el PAC y el Frente Amplio, ha desempeñado un papel de aplanadora política de la comunidad estudiantil, con índices de abstencionismo escandalosamente altos.
La FEUCR ha tenido una posición de conciliación con las autoridades, que no lleva a plantear ninguna crítica de fondo, ni al problema de cómo organizarnos para ganar, quedándose en tácticas aisladas que en su mayoría son cartas apelando a la buena voluntad de las autoridades universitarias.
Los planteamientos que señalamos, como el modelo democrático radical, se logran a través de la lucha en las calles. Pero no se trata de salir a las calles al vacío, sino con un plan estratégico que logre aglutinar cada una de las demandas estudiantiles, pero también demandas de trabajadores y trabajadoras contra el alto costo de la vida, la explotación y precarización laboral.
Nos enfrentamos a la necesidad de activar un movimiento estudiantil que no viva de las luchas del pasado, rememorando lo que sucedió con ALCOA, sin mover un dedo por las luchas presentes. Necesitamos un movimiento estudiantil que se organice para hacerle frente a la agenda del FMI, a los ataques a la clase trabajadora y la juventud precarizada, como lo son las jornadas de 12 horas, a la explotación capitalista, y a un gobierno que, encima, tiene una agenda conservadora y religiosa en cuanto a la educación.
Una Federación así podría garantizar una campaña por el derecho al voto universal para estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la universidad, acabando así con la casta universitaria que decide sobre los puestos de poder en la universidad. Pero sabemos que este derecho democrático del voto universal debe ser garantizado a través de la conquista estudiantil y su organización independiente. | 
