Este martes se llevó a cabo la segunda audiencia de la defensa de Cristina Kirchner en el juicio por Vialidad, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. Al finalizar adelantaron que la vicepresidenta tomará parte en el alegato del día viernes, la última audiencia que le otorga el tribunal, como abogada en causa propia.
El juicio que ya lleva tres años de desarrollo analiza las supuestas irregularidades en la obra pública vial de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner desde 2003 hasta 2015, en beneficio de las empresas de Lázaro Baéz. La fiscalía pidió una condena para la vicepresidenta de 12 años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.
Un juicio fuertemente cuestionado por su falta de parcialidad, al tener fiscales y jueces vinculados entre ellos y de cercanía a Mauricio Macri, por lo cual fueron recusados sin éxito por las defensas, y por un direccionamiento político que lejos está de investigar la corrupción y negociados con la obra pública que hubo bajo gobiernos kirchneristas y macrista, como denuncia la izquierda. En el transcurso del juicio quedó a la vista la regularidad de los negocios entre funcionarios públicos y empresarios, la cartelización de la obra pública, pero que exceden a una sola pertenencia política. Incluso en la defensa que realizó Cristina Kirchnermostró los chats que José López mantenía con Nicolás Caputo, el cuasi “hermano” de Mauricio Macri.
La defensa de Cristina comenzó con la audiencia del lunes, donde Beraldi expuso violaciones procesales graves y una cronología de cómo se armó la causa actual, criticando fuertemente a los fiscales por “mala praxis” y refutando sus argumentos. En su segundo día se dedicó a contraargumentar negando el plan “limpiar todo”, las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y Lázaro Báez como supuesto móvil de los delitos, las irregularidades y los supuestos sobreprecios en las obras investigadas.
Plan “limpiar todo”
En la audiencia del martes, Beraldi decidió comenzar por exponer los argumentos contra la acusación de Luciani de que hubo un plan “limpiar todo”, el cual calificó de “calumniosa”, sobre la base de los mensajes extraídos del celular de José López, donde se hablaba de reuniones con Cristina Kirchner -luego de perdidas las elecciones presidenciales del 2015- para organizar pagos y despidos de empleados de las empresas de Báez, y borrar las supuestas pruebas de la corrupción, antes del cambio de gestión a manos de Mauricio Macri.
En primer lugar, Beraldi afirmó que como la acusación “original” quedó demostrada como falsa en base a la prueba producida en el juicio, el fiscal Luciani tuvo que ir a buscar pruebas de otro expediente, en el cual fue condenado José López, y que se incluyó a último momento en este juicio sin posibilidad de hacer el debido control de la prueba por parte de las defensas.
En segundo lugar, el abogado dijo que como en los 26 mil mensajes extraídos del celular de López no aparece Cristina Kirchner en ninguno de forma directa, solo rescataron cuatro o cinco donde mencionaba una reunión del exfuncionario con la actual vicepresidenta, y los fiscales tuvieron que crear con contexto para que la acusación cobre sentido. La situación real, de acuerdo a Beraldi, en el 2015 fue otra:
Las decisiones administrativas sobre las partidas para las obras viales, en realidad redujeron las mismas, como muestran la cuenta de inversión y el informe de la Oficina de Presupuesto.
La resolución de De Vido dictada en 2015 fue aprobada por la Oficina Nacional de Presupuesto, y esas partidas no fueron utilizadas para pagarle a Báez ya que incluían el financiamiento de obras que no eran por convenio.
La resolución de Periotti 2862 reduce las partidas, por lo que no se está dando más plata a Báez.
El pago de 500 millones de pesos a Báez fue con un trámite administrativo regular, donde los peritos que informaron sobre los reajustes de precios dijeron que se ajustaron a los procedimientos legales. Pero además no se realizaron los pagos, por la prueba solicitada y el sistema actualmente dice que los certificados de pago aún están pendientes, nunca se hicieron.
La prueba según la cual no había deudas del Estado con las empresas de Báez fue un informe firmado por Laura Hindie, que testificó en el juicio no corroboró nada al firmar el escrito que le llevara Iguacel porque tenía miedo por su puesto de trabajo.
Analizando las obras que expusieron los fiscales, se había ejecutado menos por lo tanto había deuda con Báez.
El vuelo del Tango 01 que la fiscalía atribuyó al día 30/11/2015 para que Cristina pudiera reunirse con Báes en Santa Cruz, en realidad era una noticia del día 29 y fue un viaje de Cristina a Río Negro a un acto político que fue público.
“Se le cae la trama los deja en una posición vergonzosa, de esto no se vuelve”, concluyó Beraldi.
Las relaciones comerciales Báez-Kirchner: supuesto móvil del delito
La relación entre los dos delitos que se le imputan a Cristina Kirchner, asociación ilícita y defraudación a la administración pública, explicó Beraldi que según los fiscales estaría motivada por las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y Lázaro Báez, por las cuales los fondos que obtenía Báez volvían a los Kirchner a través de operaciones comerciales y alquiler de propiedades. Este móvil fue investigado en una causa y juicio llamado “Los Sauces/Hotesur”, de forma separada a Vialidad, por el Tribunal Oral Federal N°5. De acuerdo a Beraldi, ese tribunal había solicitado unificar con la causa “Vialidad”, y la respuesta del Ministerio Público Fiscal y del TOF 2 rechazaron argumentando que los “plexos probatorios son autónomos”. Sin embargo, siguió, el fiscal Luciani habló de “comunidad probatoria” respecto la causa Hotesur y que es necesario evaluarla en el juicio Vialidad, lo cual se contradice con aquella objeción, y más aún, ese juicio concluyó con una sentencia que sobreseyó a los acusados, por lo cual, no puede considerarse pruebe el delito, ya que los jueces determinaron que no hubo.
A pesar de esto, Beraldi se dedicó a analizar las operaciones comerciales mencionadas. Respecto el fideicomiso inmobiliario en el 2006 para la construcción de diez departamentos, una permuta inmobiliaria en el 2007, cesión de derechos, venta de propiedades, préstamos, construcción de departamentos, y el alquiler de complejos hoteleros por Báez, el abogado remarcó que hubo denuncias al respecto donde las sentencias determinaron el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito, y ya tienen estado de cosa juzgada.
Además, afirmó que era ilógico que Báez comenzara a pagar retornos muchos años después de comenzada su empresa constructora, y que si éste fuera el plan podría haber comenzado mucho antes de que Néstor Kirchner fuera presidente, cuando ya era intendente o gobernador de Santa Cruz. Beraldi recordó que Ercolini en la “causa madre” dijo que en estas operaciones no hubo conflicto de intereses ya que no hay normas jurídicas que establezcan a los funcionarios públicos no puedan mantener la libre administración de sus bienes, y por lo tanto dictó el sobreseimiento a Cristina y Carlos Kirchner.
Irregularidades en las obras viales
El abogado de Cristina también se refirió a la acusación del delito de defraudación a la administración pública en base a las supuestas irregularidades en las obras viales en Santa Cruz.
Por un lado, mostró la “distancia” entre la presidencia con el proceso de licitación, ejecución y pago de las obras viales, ya que en general las realizan las propias provincias, más aún en el caso de las obras en juicio que se realizaron por convenio, donde se desplazan las competencias desde lo nacional hacia lo provincial. Lo mismo, argumentó, vale para las funciones de control de las obras, lo que fue confirmado por testigos del juicio. Y agregó que estos convenios no podrían ser los instrumentos legales para maniobras fraudulentas ya que son habituales y se hacen por cientos en distintas provincias, a lo cual se sumaba la particularidad en Santa Cruz de que por haber pasado años donde la Dirección Nacional de Vialidad no estaba en la provincia, carecía de los recursos para realizar esas obras.
Por otro lado, Beraldi se refirió a la “imputación alternativa” contra Cristina por parte de los fiscales, que afirmaron en su alegato no realizó controles de las obras investigadas y que impartió directivas para cometer irregularidades en las mismas, lo cual consistió en armar un sistema que empezó a funcionar con la presidencia de Néstor Kirchner, la exportación de funcionarios desde Santa Cruz hacia el Estado Nacional además de realizar designaciones en la AGVP de la provincia.
Sobre esto, Beraldi dijo que “se traen personas de confianza a la gestión, esto lo hacen todos los gobiernos” y que “la designación no puede generar responsabilidad penal objetiva.” También que los testigos al ser interrogados sobre haber recibido órdenes, lo negaron, y que muchos de los funcionarios con las tareas referidas en la acusación no pertenecen a la causa ni fueron convocados, por la “deliberada mutilación de la causa”. Recordó también que el tribunal no habilitó incorporar declaraciones de “arrepentidos” como la de José López donde decía que el dinero se “lo dió Fabián Gutiérrez” porque no se pueden controlar las irregularidades a lo que se suma que los jueces dijeron que era falsa. Asimismo, al no haber norma reglamentaria que imponga el deber de controlar a la presidencia el proceso de adjudicación, ejecución y pago de las obras, no hubo “omisiones ilegales”.
Concentración todas las obras en un único grupo empresario
Al respecto de este argumento de los fiscales, el abogado afirmó que: esta concentración “no era extraña” por la ventaja de las empresas localizadas en la provincia respecto las que no y los testigos Angelo Calcaterra y Carlos Wagner como empresarios de la construcción lo confirmaron; que las empresas que adquiere Lázaro Báez fueron operaciones de compraventa regulares y no obligadas por el Estado; que la defensa había pedido se investigue a los empresarios que la fiscalía dice fueron cómplices de una competencia simulada, pero decidieron no imputarlos, y ahora recién cambian y proponen un nuevo juicio; que las leyes provinciales que benefician a empresas locales supuestamente ordenadas por los Kirchner son habituales en distintas provincias.
Sobreprecios en las obras investigadas
En la última parte del alegato, Beraldi junto a Llernovoy, abogado adjunto, se dedicaron a hacer un exhaustivo análisis de los peritajes que hubo y criticar la metodología del trabajo realizado por Pablo Eloy Bona y del Ing. Panizza en los cuales se apoyaron Luciani y Mola para asegurar que hubo sobreprecios. Al contrario, reivindicaron la metodología y trayectoria de la perito de la defensa Alperovich, que hubiera sido descalificada por los fiscales, y cuyo informe arrojó que los precios de las obras estaban dentro de los precios de mercado y por lo tanto, no hubo sobreprecios. En todo caso, afirmó Beraldi, al tener discrepancias entre los peritos, se podría haber constituído una nueva junta pericial.
Antes de finalizar la audiencia, Beraldi le adelantó al tribunal que en el día de la fecha sería presentado el pedido por el cual Cristina Kirchner se presentaría como abogada en su propia causa para poder tomar la palabra en la próxima y última audiencia ejerciendo su defensa, el próximo viernes 23 de septiembre a las 9:30hs. |
