Tres meses después de la masacre de 37 migrantes en la frontera de Melilla, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, compareció este miércoles en el Congreso para dar explicaciones de lo sucedido y la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en lo sucedido.

Como era de esperar, este juez de la Audiencia Nacional, que ostenta el récord de condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por no investigar torturas en su juzgado, justificó y avaló la actuación policial y repitió la versión oficial del gobierno de PSOE y Unidas Podemos de que simplemente repelieron un “ataque” de “un grupo extremadamente violento” contra las fronteras españolas.

Marlaska definió la actuación policial española como un uso “oportuno y proporcionado” de material antidisturbios y no cuestionó la de sus pares marroquíes. Llegó a afirmar con rotundidad que “No hubo una masacre”, a pesar de que él mismo reconoció una cifra de 25 muertos. Cínicamente, dio el “pésame” por los fallecidos, a la vez que mostró su “solidaridad” con los 55 agentes de la Guardia Civil y de las fuerzas de seguridad marroquíes.

La versión de los hechos de los migrantes, en su mayoría sudaneses que podrían ser beneficiarios de asilo por la situación de guerra que azota su país, es que actuación policial dispersó al grupo antes de llegar a la valla. Una vez en el puesto fronterizo, se vieron sorprendidos por un gran contingente de gendarmes que comenzaron a golpearles con suma violencia ejercida, sin dejarles ninguna vía de escape. Esta brutalidad es lo que provocó la avalancha y las muertes por aplastamiento.

El ministro ha contado con el respaldo del grupo parlamentario del PSOE y también el de Unidas Podemos. Su portavoz, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, tomó la palabra solo para plantear la necesidad de elaborar un protocolo para la solicitud de asilo en la frontera, y criticó a Marruecos por sugerir en su investigación que el Estado español fue corresponsable de la matanza. Una crítica para tratar de demostrar que el Estado español y la Guardia Civil no tuvieron ninguna responsabilidad en lo ocurrido. Tampoco cuestionó que, desde el primer momento, su gobierno respaldara y felicitara públicamente a la Gendarmería por su actuación.

El nivel de respaldo de Santiago resultó tan chocante que hasta el diputado Genís Boadella, del PDCat, se mostró sorprendido por “el tono amable” del dirigente del PCE. Santiago tuvo entonces que cambiar algo su tono en su contrarréplica calificando lo ocurrido como “una barbaridad” y no “respuesta proporcional”, pero sin señalar en ningún momento la responsabilidad del gobierno del que forma parte. Todo seguía estando para él en el tejado del socio marroquí.

Como era de esperar, tanto Vox como el PP aprovecharon la ocasión para reclamar más efectivos para defender las fronteras ante la entrada de “inmigrantes ilegales”. Las políticas de derecha del gobierno “progresista” le siguen poniendo la alfombra roja al avance de la derecha.

El mismo Santiago había dicho en su segunda intervención que “decir que los medios fueron idóneos, es comprar el discurso de la invasión de la ultraderecha”. Tenía razón, pero olvidaba que él mismo calificó de “defensa de la soberanía” el envío del Ejército a Ceuta en mayo de 2021 para la detención - y posterior devolución en caliente - de cientos de menores marroquíes.

Otros socios de la investidura han arremetido contra la política migratoria del gobierno, como ERC, que en palabras de su diputada Maria Dantas ha afirmado que “España paga y Marruecos mata”. Néstor Rego, del BNG, ha calificado los hechos como una “brutal violación de derechos humanos con el aplauso del Estado español”. Jon Iñarritu, de EH-Bildu, ha exigido la publicación al ministro de las imágenes.

Algunos de los videos filtrados hasta ahora muestran como, una vez contenida la entrada, los agentes de la Gendarmería siguieron golpeando a personas inmóviles, tiradas en el suelo y que se mantuvieron ahí durante horas sin atención médica.