El IMER es un organismo descentralizado del gobierno federal adscrito al Sistema Público de Radiodifusión, el cual funciona como una empresa de radiodifusión pública y presta servicios de comunicación a otras entidades gubernamentales. Debería cumplir con un marco legal que incluye: la Ley federal del Trabajo burocrático (LFTB) y sus consecuentes Condiciones Generales de Trabajo vigentes en el IMER, el Contrato Ley de la Industria de Radio y Televisión (CLIRT) y además la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su posible aplicación supletoria.

La administración del IMER sólo cumple la parte punitiva de los mencionados preceptos legales, y hasta con notorios excesos. El CLIRT vigente en las emisoras de AM del IMER también es desobedecido en varias de sus disposiciones; el personal no recibe ropa de trabajo que debe incluir aditamentos de seguridad, se le niegan permisos con goce de sueldo y las transmisiones se automatizan con tal de no pagar las horas extras.

A lo largo de la historia del IMER hemos visto muchos casos de amenazas verbales, acoso laboral, cambios impuestos de horario y de adscripción, suspensiones basadas en difamaciones y hasta despidos injustificados. La capacitación es tema legislado, pero en la realidad se maneja como un privilegio de los altos niveles y sus allegados, quienes sólo acatan sus reglas no escritas.

Nuestros ingresos se han rezagado en un muy bajo nivel. El IMER es una de las instituciones que más bajos sueldos paga a sus empleados; a lo largo de su historia se han negado a cumplir con aumentos de salario que en otras dependencias efectivamente ha recibido su personal. Por si esto fuera poco, el IMER es siempre la última institución que procede a pagar los aumentos y sus retroactivos tramitados por la FSTSE —recibiéndolos nosotros hasta el mes de diciembre en ocasiones—, pero se dan el lujo de sancionarnos si no cumplimos con la insultante y hasta humillante declaración patrimonial.

Se omite la entrega del nombramiento, que es un documento que deberíamos recibir en la fecha de nuestro ingreso. Esta gravísima arbitrariedad propicia que los niveles de mando nos ordenen realizar trabajos incompatibles con nuestra plaza y función, incluyendo intendencia, no importándoles que no tienen oficialmente la facultad de inventarnos tareas.

La administración del IMER se niega a fundar la comisión Mixta de Escalafón. Como consecuencia de esto, y también del incumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el IMER premia el servilismo y no la experiencia ni la preparación; quienes no “quedamos bien” de mala manera ante los funcionarios, no tenemos derecho a progresar.

Si revisáramos la plantilla funcionaria, encontraríamos una gran cantidad de nepotistas, traficantes de influencias, usurpadores de profesión, entre otras ilegalidades que le regalan al IMER un fuerte problema de ineficiencia y daños al equipamiento y hasta pérdidas totales en el mismo, porque los funcionarios hacen mal su trabajo.

El personal de base no recibe implementos de trabajo y los funcionarios pretenden que el empleado pague con sus ingresos los materiales y herramientas necesarias, y si no podemos hacerlo, nos acusan de que “no queremos trabajar”. Se hace pasar como nuestra obligación el realizar viajes a localidades del resto de la república donde existen emisoras del IMER para (por ejemplo) labores de instalación y mantenimiento, olvidando o pretendiendo olvidar que en nuestra fecha de ingreso no nos plantearon el requisito de disponibilidad para viajar, y quienes no podemos desplazarnos enfrentamos, otro pretexto para ser relegados. Esos viajes han puesto en riesgo la vida porque han ocurrido accidentes carreteros y peligro de enfrentar a la delincuencia organizada.

La actual administración de Aleida Calleja no ha corregido esta situación y es más de lo mismo. Durante la todavía actual epidemia, la administración del IMER se comportó con absoluta irresponsabilidad, lo cual generó unas 10 muertes, de las cuales 3 fueron provocadas como crímenes culposos porque tales personajes fueron mantenidos activos en el trabajo en desacato a las disposiciones de la Secretaría de Salud, siendo expuestos a un contagio que se hizo efectivo y fallecieron.

Estas 3 muertes implican delitos como: negación del derecho constitucional a la salud, peligro de contagio, ejercicio indebido del servicio público y abuso de funciones. Así fallecieron el Ing. Gustavo Carreño López y más recientemente José Mariano Sánchez Ramos, quienes se mantenían activos en el trabajo por órdenes de Francisco Domínguez Ávila (subdirector de transmisiones), así como también el caso de Ramón Melchor Valdés, encargado de intendencia (subcontratado) activo en el trabajo por culpa del jefe de servicios generales Óscar Martínez Silva.

Los fallecidos eran mayores de 60 años y padecían enfermedades cónicas. Como contraste, algunos se vieron beneficiados, como Kevin Albert Lara Moya, quien llegó a jefatura de departamento por una corrupta acción de tráfico de plazas e influencias.

Todas estas anomalías sólo son posibles con una gran cantidad de complicidades flagrantes, tales como los comités sindicales (SNTIMER y STIRTT), la Unidad Jurídica del IMER, el órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, los tribunales, todas las especialidades del derecho y de todos los niveles, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Fiscalía (antes Procuraduría) General de la República.