El presidente Luis Arce, en su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas (NNUU), señaló “Queda claro que la guerra contra las drogas, principalmente aquella desatada por Estados Unidos, ha fracasado” (...) “La guerra internacional contra las drogas criminaliza y genera sanciones unilaterales contra países del Sur, pero blinda el lavado de activos, facilita el tráfico de drogas y otros delitos conexos en los países del norte; eso ya no puede seguir así” (...) “Bolivia defiende su modelo” (...) “que sea menos militarizado y más económicamente social”.
En referencia a este tema, la semana pasada la Casa Blanca publicó un memorando en el que hace observaciones a la lucha antidrogas del gobierno del MAS. Los dictados imperialistas sobre el país y que el MAS ha mantenido aplicadamente, hacen referencia a dos aspectos: por un lado, a que Bolivia ha “incumplido de manera demostrable su responsabilidad de realizar esfuerzos sustanciales durante los 12 meses precedentes para observar las obligaciones que asumieron en virtud de acuerdos internacionales contra el narcotráfico”; y por otro lado -como señaló el presidente de Estados Unidos, Joe Biden- “a tomar medidas adicionales para salvaguardar los mercados lícitos de coca del país de la explotación criminal y reducir los cultivos ilícitos de coca que continúa excediendo los límites legales de las leyes nacionales de Bolivia para usos medicinales y tradicionales”. Al mismo tiempo manifestó, de manera complaciente y paternal, estar “alentado por los esfuerzos antinarcóticos de Bolivia durante el año pasado”.
Mas allá del discurso antiimperialista del Gobierno y de la expulsión de la DEA del país el 2008, lo cierto es que durante los 14 años del Gobierno de Evo Morales y ahora de Luis Arce, el Gobierno ha ido destinando recursos para sostener la lucha contra el narcotráfico, respetando los acuerdos internacionales referidos a erradicación de cocales y penalización de comunidades campesinas. Este año el monto asignado es equivalente a $us 40 millones y que proceden del programa de cooperación que asignó la Unión Europea como contraparte de la “responsabilidad compartida” y está destinado al mantenimiento de aeronaves y vehículos, compra de equipos de seguridad y garantizar las acciones de erradicación de coca ilegal y de prevención.
El presupuesto del ministerio de Gobierno del 2022, que ha sido otorgado para la lucha contra el narcotráfico, equivale al 1,7% del Presupuesto General de la Nación, del cual el 86% está destinado nada menos que a la Policía Boliviana, institución reaccionaria y golpista, garante del orden burgués. Sin embargo, pese a los millonarios fondos otorgados a la “guerra contra las drogas”, en las últimas cuatro décadas, no solo que las millonarias ganancias de este ilegal negocio han estado en franco ascenso, sino que el resultado es a costa de las vidas y de los derechos de las comunidades productoras. Toda la demagogia y la hipocresía de los grandes capitalistas que sostienen el negocio del narcotráfico tiñen a gobiernos más allá de su orientación política. En el país desde los gobiernos neoliberales y luego con los llamados progresistas, como el del MAS, son solo matices lo que los diferencian respecto de sus políticas hacia el control y limitación de la producción de hoja de Coca y respecto de la llamada “lucha contra el narcotráfico” en general.
En este sentido, frente al programa del MAS y del Gobierno, que sostiene la política reaccionaria impuesta por el imperialismo contra el narcotráfico, las comunidades cocaleras y la población en general, debemos impulsar una política completamente opuesta. No solo es clave terminar con los controles a la producción y comercialización, alentando la libre producción y comercialización de la hoja de coca, sino que incluso es necesario ir más allá. Es decir, necesitamos abrir el debate sobre la legalización de las drogas, estableciendo el control y la regulación estatal sobre las mismas, para terminar con una política fracasada y para que el presupuesto que ha sido asignado a la policía, a la DIPREVCOM, a la FELCN y al Viceministerio de Defensa Social se destine a programas de salud, educación y trabajo, única forma de combatir seriamente no solo las consecuencias de las mafias de narcotraficantes sino también los problemas del consumo problemático.
Entendemos que la legalización de todas las drogas evitaría las adulteraciones peligrosas que atentan contra la vida y la salud de la población, permitiría que se establezca el control y regulación de los efectos más adversos, dar garantías a las y los consumidores, combatir el narcotráfico y atender los casos de uso problemático de las drogas que, como demuestran las estadísticas, son la inmensa minoría de quienes consume. Creemos que combatir el narcotráfico con la legalización es la única forma de combatir los efectos más perversos de este inefable negocio capitalista, sin alentar el fortalecimiento de las capacidades represivas del Estado y terminando con la violencia sobre las comunidades campesinas y sus organizaciones.
Mientras luchamos por la legalización de las drogas y defendemos el derecho de las personas a fumar y consumir lo que quieran, le exigimos al Estado políticas de acompañamiento a las personas en situación de adicción, y que estos dispositivos no sean compulsivos ni de reclusión, sino que permitan la desintoxicación y reviertan la situación de adicción. Exigimos políticas de reducción de riesgos y daños, campañas de sensibilización masivas y un acompañamiento psico-social integral para estas situaciones. Rechazamos la política represiva de los países imperialistas y de todos los gobiernos contra el uso de drogas, que no es más que una forma de control social, de represión a grandes sectores de la población como la juventud y en el caso boliviano, violencia contra las comunidades campesinas.
Toda esta situación, de criminalización de la producción a título de la más hipócrita “lucha contra las drogas y el narcotráfico” de los países imperialistas, particularmente, Estados Unidos, se expresa muy bien en el conflicto de ADEPCOCA. Son las comunidades productoras que se disputan, entre ellas, el control del único “mercado legal” en La Paz, con toda la secuencia de violencia que hemos presenciado en los últimos años. Las distintas direcciones sindicales cocaleras, ven en su administración no solamente una vía de control político de las y los productores y comercializadores, sino también una forma de enriquecimiento. Para poner fin a estas disputas que en última instancia terminan dividiendo a las comunidades productoras y refuerzan la violencia estatal, se hace necesario retomar el programa que diversos sectores plantearon en los años 90 y que plantea el libre cultivo, la comercialización y la industrialización de la coca. Esto implica abrir necesariamente el debate sobre la legalización de las drogas como política central de lucha contra el narcotráfico y la corrupción estatal que genera. |
