Luego de casi 2 meses de su búsqueda, Cristian Eloir Solís Arriaga, señalado como dueño de la mina El Pinabete, donde presuntamente murieron atrapados 10 mineros el 3 de agosto pasado, ha sido detenido por la Fiscalía General de la República. El delito por el cual ha sido detenido, es la violación del artículo 150, en relación con el 149, de la Ley General de Bienes Nacionales; en dicho artículo se expone que: “aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación, sin haber obtenido previamente su concesión, permiso o autorización, incurrirá en una falta grave”.
Pese a que la FGR no identificó aun su papel directamente, si dio información sobre que, anteriormente, ya se habían emitido órdenes de captura en contra de Solís Arriaga, el cual presuntamente dirigía la mina junto con dos socios, Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas. Hasta el momento, la Fiscalía llevo al sospechoso ante una audiencia judicial, en la que un juez dictaminó su prisión preventiva, siendo trasladado a la prisión de Ramos Arizpe en Coahuila.
Pese a que el detenido solicitó un amparo contra su aprehensión, éste no cumplió con el pago del monto estipulado de medio millón de pesos, por lo que quedó sin efectos la suspensión que se le había otorgado.
Sin embargo, la Organización Familia Pasta de Conchos no ha bajado el dedo del renglón, afirmando que, el ahora detenido, no es el auténtico propietario de la mina el Pinabete, señalando que su único rol es ser prestanombres, inclusive se señala que Solís Arriaga fue quien registró a los trabajadores en el Seguro Social, pero no es el dueño de la mina ni el titular de la concesión.
Encubrimiento e impunidad
Pero, si bien mucho se ha dicho sobre los 3 presuntos responsables de lo sucedido en Sabinas Coahuila, sin embargo, y como ya mencionamos, tanto la Organización Familia Pasta de Conchos, así como familiares de los afectados, han informado en múltiples ocasiones que Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, tampoco son los propietarios de la concesionaria. Cabe señalar que ninguno de los acusados se presentó a la audiencia para la investigación en su contra por los delitos imputados, lo que provoco girar las órdenes de aprensión en su contra.
Es importante recalcar que esta, no es la primera vez que se relaciona a Luis Rafael García Luna Acuña con lo ocurrido en la mina El Pinabete. El ahora prófugo, ha sido vinculado por empresarios mineros, de ser el principal socio de Régulo Zapata Morales, a quien ya hemos mencionado en anteriores ediciones, de ser señalado por familiares de los trabajadores, como el auténtico propietario de la mina El Pinabete.
Este personaje, quien vendría a ser el principal responsable del posible homicidio industrial, tiene estrechas relaciones con MORENA, ya que es beneficiario de contratos asignados para la extracción de miles de toneladas carbón en la zona. Cabe señalar que, la region carbonífera de Coahuila aporta más del 90% de materia prima a la Comisión Federal de Electricidad, lo que se ve reflejando en cuantiosas ganancias que implican precarización, muerte, daño al medio ambiente y despojo de tierras, por lo que no es descabellado cuestionar ¿Por qué se le brinda protección al principal responsable de las operaciones en la mina?
Quizá la respuesta radica en la verdadera preocupación del presidente, tomando en cuenta que por décadas se han operado muchos de los pozos de carbón, y en general la minería en México, en condiciones inhumanas, lo cual está directamente relacionado con la impunidad con la que viven los propietarios de las minas, ya que el largo historial de precarización laboral, muertes obreras y destrucción al medio ambiente, no ha sido revertido por el gobierno de la “Cuarta Transformación” ni un ápice, por el contrario, ha dado continuidad a proyectos que van en contra de los interese de la clase trabajadora y las poblaciones aledañas, no muy distinto a los gobiernos del antiguo régimen de la derecha.
Por la unión de todo el gremio minero
Por lo tanto, lo que se deja ver en estas turbias negociaciones, ocultamientos e impunidad, es que para el gobierno de la 4T es fundamental que la actividad industrial de la región carbonífera de Coahuila, siga siendo uno de los pilares de la política energética de López Obrador. Ya que, como mencionamos más arriba, el 90% del carbón que compra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) viene directo de la region carbonífera de Coahuila, y esto, a su vez, forma parte del gran esquema de negocios y la estrategia del presidente AMLO, cuyo único propósito es la supuesta “autosuficiencia energética” de México.
La impunidad de la que ha sido víctima el gremio minero en Sabinas Coahuila, ha dejado una profunda consternación en las familias, luego de un largo historial de muertes ocasionados por la precarización y la inseguridad de trabajar en la industria minera; sin embargo, esto parece importarle muy poco tanto al Gobierno Federal como al propio Gobierno de Coahuila.
Revertir esto requiere la unión de todo el sector minero a nivel nacional y que la base minera, sindicalizados y no sindicalizados, exija a las direcciones sindicales, empezando por el sindicato minero encabezado por Gómez Urrutia, que llame a un paro nacional, en apoyo a los mineros y sus familias, que incluya entre sus demandas la recuperación de los cuerpos, juicio castigo a los culpables de crímenes industriales, desde El Pinabete hasta Pasta de Conchos, contra la devastación ambiental y la precarización laboral, por basificación inmediata de todos los trabajadores del sector, plenos derechos laborales y aumento de salario al costo de la canasta básica y ajustable según la inflación, de la mano de una política que detenga la voracidad empresarial y su vez, impulse medidas contundentes como la nacionalización de la industria bajo el control de sus trabajadores, poniendo al servicio de la clase obrera, los avances técnicos e industriales procurando el equilibrio del medio ambiente. |
