Durante el siglo XX varios países de Latinoamérica sufrieron periodos que se podrían denominar sombrío, la reacción del imperialismo yanqui que actuó de las formas más horribles a través de dictaduras cívico-militares, esto ante el avance revolucionario de la clase trabajadora junto con sectores populares y campesinos lanzadas a la lucha de sus reivindicaciones históricas.

Tal fue el caso de Chile, que durante el periodo de la Unidad Popular (UP) vio a la vanguardia de la clase trabajadora más avanzada del continente, organizada en los Cordones Industriales y diversos espacios de autoorganización que sirvieron para enfrentar el boicot de la derecha y la ubicación activa del gobierno de Allende junto a los partidos que conformaban la UP de no dejar que los cordones industriales y esos organismos de autoorganización proliferarán (Ley de control de armas y requisas en fábricas, integración de altos militares al gabinete, ley Prat-Millas de devolución de fábricas a sus antiguos dueños), ante la arremetida cada vez más cercana del fascismo. El resultado, para todes conocido, la masacre y el exterminio de dirigentes, militantes de partidos, obreros, pobladores, campesinos y estudiantes. La terapia de shock y la implantación de un modelo neoliberal descabellado.

Hace casi 50 años, luego del golpe cívico militar dado el 11 de septiembre de 1973, se dio inicio a una de las operaciones más brutales perpetradas por los militares. La denominada Caravana de la muerte, iniciada un 30 de septiembre, a solo unas semanas de derrocado el gobierno de la Unidad Popular y junto con este, la persecución y exterminio de las organizaciones de izquierda, trabajadores y pobladores. Una semana después del golpe, Pinochet declaraba advirtiendo a sus opositores que "no habrá piedad con los extremistas". La operación duró hasta el 22 de octubre de ese año y se extendió por todo el país.

El objetivo principal de este plan era dar un mensaje potente a toda la oficialidad de las fuerzas armadas, para así evitar cualquier tipo de insubordinación. Así también para no mostrar ningún tipo de debilidad ante los opositores al fascismo y la dictadura cívico-militar, aterrorizando a la población, torturando, deteniendo, asesinando y desapareciendo a decenas de personas y luego a miles durante los años siguientes.

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El recorrido, que comenzó a bordo del helicóptero militar Puma comandado por Sergio Arellano Stark, Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno, partió por las ciudades ubicadas al sur de Santiago, entre Rancagua y Puerto Montt, y continuó el 16 de octubre por el norte del país, entre Arica y La Serena, para terminar el día 22 de octubre, con un saldo de al menos 75 víctimas en esos pocos días, todas personas que estaban detenidas y las cuales fueron asesinadas o desaparecidas.

Esta fue la base de la estructura militar y política de la dictadura como se menciona en el informe VALECH: <>. Esto explica mucho de la naturaleza actual de las policías y FF.AA, y como llevan a cabo sus funciones contra el pueblo trabajador, como se ha demostrado el último tiempo con les estudiantes, pueblo mapuche, trabajadores en huelga, y el papel que desempeñaron durante la revuelta.

El Estado y la impunidad para los violadores a los DD.HH

El 2008 la Justicia condenó a Sergio Arellano Stark a seis años de prisión por su participación en el organismo represor del régimen de Augusto Pinochet. Sin embargo, un mes más tarde, el Servicio Médico Legal determinó que sufría demencia de tipo mixta y Alzheimer, por lo que fue sobreseído. Finalmente Arellano Stark murió en total impunidad, sin pasar ni un día en prisión. Otro de los responsables y perpetradores de esta brutal operación es Juan Emilio Cheyre, quien en noviembre de 2018 fue condenado a 3 años y un dia de libertad vigilada por encubrir 15 asesinatos perpetrados durante la dictadura, este último se encuentra aún en libertad y actualmente está siendo indagado por su presunta participación en el caso de “Gastos Reservados”, otro más de los tantos casos de fraude al interior de las FF.AA.

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Las cifras son alarmantes: unas 3.200 personas muertas a manos de la dictadura, de ellas 1.192 aún están reportadas como detenidas o desaparecidas; más de 28 mil opositores fueron torturados; y cerca de 300 mil debieron exiliarse por motivos políticos.

El gobierno de Apruebo Dignidad da un espaldarazo tras otro a estas instituciones criminales, aún confían en la supuesta “subordinación al poder civil” de tan rancias instituciones. Intentan tapar el sol con un dedo o mienten descaradamente sobre la real naturaleza de las fuerzas castrenses. De socialistas o comunistas les queda solo el nombre, pues olvidan que fueron las mismas que asesinaron y desaparecieron a miles de militantes, trabajadores, campesinos y pobladores. Verdad y justicia para las víctimas y familiares. ¡ No hay reconciliación! ¡Verdad y justicia!