El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires precariza a sus trabajadores contratados desde hace más de una década en la Procuración General (PG) de la Ciudad de Buenos Aires.

Es la modalidad que consolidó en estos últimos 8 años la Administración de Mauricio Macri y que viene implementando para “achicar” el gasto público a costa de explotar a cientos de contratados y “pasantes” que ven afectados tantos sus derechos laborales como sus salarios.

Y es paradójico el hecho de “achicar” el gasto cuando se ve que en el edificio de la PG se realizan obras millonarias para remodelar pisos enteros y en donde las autoridades y directores cobran sueldos exuberantes.

La PG es un Organismo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (art. 134) y tiene como funciones principales representar a la Ciudad en juicio y dictaminar sobre la legalidad de los actos administrativos emanados de autoridades públicas.

Desde hace más de 10 años y sobre todo desde que el PRO maneja la Administración se lleva a cabo en la PG, la contratación tanto de pasantes (jóvenes estudiantes de abogacía) como de “contratados” (con las modalidades de locaciones de servicios y de asistentes técnicos) para realizar tareas administrativas, jurídicas y judiciales. Esta toma de personal se implementa, en el caso de los pasantes y los asistentes técnicos a través de distintos convenios que el GCBA celebró con distintas universidades –entre ellas la UBA- por medio de un convenio de pasantías. En el caso de los contratos de locación de servicios estos se llevan a cabo por una contratación directa entre el contratado y el GCBA.

La cuestión central aquí es la precarización que engendran ambas modalidades de contratación, más fuertemente ostensible en los contratos de pasantías y de asistencia técnica, que si uno lee sus cláusulas se puede observar que no están estipulados ni los días de vacaciones, ni los de trámites particulares, ni los días por enfermedad, etc.

Otro elemento precarizador es el sueldo y las condiciones laborales dentro del Organismo. En cuanto al salario, este toca los $ 6.600 –y no más- para el caso de los contratados –que no cuentan con título de abogado- y no supera los $ 10.000 –para aquellos que si tienen-. La gravedad en cuanto a los salarios se traduce en que tanto los pasantes como los contratados trabajan a la par –e incluso aún a un nivel mayor- de los abogados de la planta profesional cuyos sueldos rondan cercanamente los $ 30.000 y en donde un director general percibe cifras superiores a $ 60.000. Es decir, hay una marcada diferencia salarial entre lo que perciben unos y otros, privilegiando el hecho de contar o no con título –más allá de realizar las mismas tareas- y la situación de ser la “autoridad”, siendo la PG un órgano escalafonario que cuenta con jefes de departamentos, directores, directores generales, procuradores adjuntos y procurador.
Todos estos reciben salarios superiores a $ 30.000 llegando en el caso del procurador a cifras abrumadoras arriba de los $ 70.000.

En lo que respecta a las condiciones de trabajo los contratados se ven sometidos al libre arbitrio o al “como se levante su jefe” puesto que al tener un contrato en el cual sus cláusulas no estipulan derechos laborales sino únicamente las tareas a realizar, no cuentan con un respaldo legal –para las vacaciones, días de estudio, días de trámites particulares, etc- derechos que si tienen reconocidos los empleados públicos formales. Un contratado para tomarse vacaciones debe hablar con su jefe y este es el que determina de “palabra” cuando y como se tomará sus días de licencia.

Esta situación de trabajo precario no sólo es visible contractualmente y en la práctica laboral sino también a nivel sindical. Hasta hace muy poco los contratados y pasantes tenían vedado el derecho a elegir delegados gremiales puesto que la Administración no los considera trabajadores del GCBA.

5 años han pasado del último pase a planta permanente y muchos trabajadores no lograron pasar y muchos también se han contratado hasta la fecha, llegando a ser actualmente más de 160 solamente en la PG. 160 trabajadores que padecen la precarización y la discriminación. El sindicato SUTECBA quien responde a los intereses “PRO” vino prometiendo desde hace más de un año que estaban dadas las condiciones –luego de haberse acordado por resolución oficial del GCBA- para el pase a planta transitoria –una instancia anterior a la permanente-. Un sindicato que únicamente pelea de acuerdo a los intereses que más le conviene y no en la defensa real de los trabajadores. Este gremio que “informó” (entre comillas porque no informan nada, todo son comentarios de pasillo) que para junio del corriente los contratados iban a pasar a planta, luego dijeron para julio y estamos a fines de agosto y los trabajadores siguen esperando…

Lo llamativo es que cuando surgen propuestas para hacer manifestaciones intensas (cortes de calle, marchas, etc) la respuesta es NO. La respuesta es no, porque la mejor forma de conseguir el pase es la negociación en “paz”, denotando que representan al gobierno y no a los trabajadores.

En resumen, el GCBA avala el trabajo precario en la PG, ha contratado cientos de trabajadores para tener mano de obra barata, los cuales están en una situación de explotación laboral desde hace más de 10 años –en algunos casos-, trabajadores que cobran cifras 5, 6 y 7 veces menores que la de sus pares y jefes y que desarrollan sus tareas a la par de estos, que además son discriminados por el simple hecho de no ser de “planta”, que a su vez no tienen representación sindical y que dicho gremio responde a los intereses de la Administración. Este es el panorama de los contratados y pasantes de la PG del GCBA de Mauricio Macri.