Hemos visto un gran aumento en la seguridad y mayores restricciones a los derechos estudiantiles. Tratan de evitar que organicemos eventos y charlas negándonos las aulas, nos quitan carteles y pancartas, nos echan de las aulas donde nos reunimos, amenazando con echarles la llave y cerrarlas porque "no están en uso".
Sin embargo, en la UAM, de todas las aulas que no están siendo usadas para impartir clase, sólo se ha decidido cerrar la nuestra, un aula que llevamos usando para reunirnos las organizaciones Contracorriente y Pan y Rosas desde hace un año.
A esto se suma el aumento de vigilancia y control por parte de guardas de seguridad (que reprimen hasta el reparto de panfletos o las sangriadas), en pasillos y hasta en bibliotecas.
No encontramos un ambiente muy alentador a hacer “vida universitaria” en universidades como la Carlos III, donde la seguridad nos impide pegar carteles y amenaza con aplicarnos sanciones por poner pancartas en el césped durante el rato que duran nuestras asambleas.
De todo esto lo que nos parece más intolerable es que se nos censure denegando espacios para charlas como en la facultad de Derecho en la UAM. O que se nos insinúe que se nos permite usarlas "como un favor" como ocurre en la facultad de Filosofía de esa misma universidad. En resumen: no nos dejan anunciar públicamente nuestras actividades, no nos dejan reunirnos en aulas y no nos dejan encontrar un espacio en el que hacer asambleas y charlas.
Es increíble que sean estas mismas universidades las que, mientras reprimen al movimiento estudiantil, le abren la puerta a la extrema derecha, como sucedió el curso pasado en la UAM. Tras aquello, las autoridades universitarias amenazaron con la expulsión de dos de nuestras compañeras por protestar contra la presencia de VOX en un foro de empleabilidad.
Son las mismas universidades que mientras trataron de impedir que informáramos al estudiantado de la Huelga Climática del 23 de septiembre, mantienen convenios con empresas como Acciona, el banco Santander y el BBVA. Estas no solo son algunas de las empresas más contaminantes del país, sino que además participan, como en el caso de las dos últimas, del envío de armas a Ucrania. Es decir, se trata de empresas que se enriquecen con la guerra y la destrucción del planeta y que, a la vez, están en los órganos de administración de las universidades públicas, en concreto los Consejos Sociales que deciden qué y cómo estudiamos.
Exigimos que acabe ya el acoso al movimiento estudiantil. Un acoso que se agudizó con la pandemia, cuando algunas universidades aprovecharon para cerrar locales y avanzar contra las agrupaciones universitarias. Exigimos que acaben ya los tratos entre la universidad pública y las empresas privadas. Que deje de ser más común encontrar carteles de publicidad que de asambleas, charlas y actividades para el estudiantado.
Exigimos que la universidad deje de amparar a la extrema derecha que amenaza con acabar con nuestros derechos y libertades. Alardean de ser instituciones que promueven los valores democráticos, la igualdad y el pensamiento crítico, pero la verdad es que son instituciones secuestradas por las empresas y los partidos políticos del Régimen.
Exigimos que la universidad sea radicalmente democrática. Que no esté dirigida por una casta de catedráticos, un rectorado al que los estudiantes no elegimos (porque nuestro voto vale 34 veces menos que el de un catedrático) y un Consejo Social al que no elige nadie y que integran empresas y representantes de partidos políticos como el PP y el PSOE.
Queremos poner en pie un gran movimiento estudiantil que luche por una universidad radicalmente democrática y dirigida por trabajadores y estudiantes. ¡Acabemos ya con la censura y la represión en las universidades públicas! | 
