El fallo se aprobó el 29 de septiembre pasado, donde el juez reprobó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretenda experimentar un plan de estudios con alumnos y maestros que no fueron capacitados previamente. “Es inadmisible sin la emisión y publicación de los programas de estudio autorizados por la SEP y sin la previa capacitación de las y los docentes”, lo llamó inconstitucional y señaló que analizará la constitucionalidad del propio Modelo Educativo propuesto por la 4T.
Esto, dando la razón a la Asociación Civil Educación con Rumbo (programa de la Fundación Lomas I.A.P.) quien promovió un amparo argumentando, según distintos medios, que el plan de la SEP viola al menos 5 artículos de la Constitución y que no fue sometido a consulta ante algún Consejo Nacional de Participación Escolar.
El abogado constitucionalista que representa a esta organización, Miguel Ángel Ortiz, explicó que el art. 28º de la Convención sobre Derechos del Niño establece que el Estado debe impartir educación en condiciones de igualdad, lo que él considera que se incumple al existir dos modelos de educación donde el Programa Piloto, dice, no brinda un estándar de calidad al no contar con la certeza de los planes, programas y material educativo que le servirán de base, además que los maestros no fueron previamente capacitados.
Además, el abogado de la firma Cuatrecasas, criticó que el programa que comenzaría a partir del próximo 29 de octubre, sólo se imparte en escuelas públicas, lo que señaló como discriminatorio por tratarse de un modelo experimental de “prueba-error”.
¿Qué es Educación con Rumbo?
La asociación civil conformada por la Unión Nacional de Padres de Familia, Suma por la educación, Instituto de Análisis de Política Familiar, Grupo Educación y Seamos Héroes; se reconocen como “un movimiento nacional enfocado a fomentar la participación ciudadana para mejorar la calidad educativa y el derecho a la educación de excelencia”. Está conformado por padres de familia, docentes y organizaciones empresariales.
Ligados a Mejoredu, Mexicanos Primero, la Coparmex, entre otras organizaciones proempresariales, es un grupo que concentra a la ultraderecha en México, vinculada a la jerarquía católica y con militantes del Partido Acción Nacional (PAN), con posiciones en contra del aborto y de los derechos de personas sexodisidentes; quienes han negado sistemáticamente el acceso a la educación sexual integral de estudiantes en todos los niveles educativos y han criticado la “ideologización” en los libros de texto cuando éstos incluyen palabras como opresión o explotación, entre otras.
¿Cómo respondió la SEP?
Por su parte, la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP publicó una tarjeta informativa el 2 de octubre, afirmando que no ha sido emplazada en el juicio y que interpondrá un recurso de queja en contra de la admisión de la demanda por parte del juez y en contra de la concesión de la suspensión provisional del Programa Piloto.
La tarjeta menciona que las audiencias (incidental y principal) están fijadas para fechas próximas de este mes de octubre y que en tanto continúa el proceso legal, la SEP seguirá la implementación del Programa Piloto del nuevo Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en 960 escuelas del país.
¿El Programa Piloto de la SEP viola la Constitución?
Es complicado entender que un juez anule de esta forma la implementación piloto de un plan de estudios, en particular sin consultar a los principales afectados: estudiantes y docentes y que lo haga de la mano de organizaciones pro empresariales. Tomando en cuenta que los anteriores planes de estudio (2013 y 2017) se impusieron también sin capacitación previa a las y los docentes y con gran confusión y repudio por parte de la mayoría de comunidad escolar.
El fallo se da en el marco de una fuerte campaña contra el Nuevo Marco Curricular por parte de sectores de la derecha política y empresarial. Si bien, no todas las críticas existentes al nuevo Plan de Estudios son de derecha, como planteamos acá no podemos obviar quiénes están detrás de este fallo ni cuáles son sus intenciones.
No es posible dialogar con la opacidad que existe para solicitar la detención del pilotaje, por ejemplo, no se explica en ningún lugar cuáles son los artículos constitucionales que supuestamente viola en Marco Curricular.
Por lo que podemos considerar que el fallo va de la mano de la campaña de desprestigio de la derecha, contra los aspectos progresivos que pudiera tener el nuevo Plan de Estudios, que si bien, no fue consultado con la base magisterial, ni es un plan que emane realmente de la comunidad educativa como el gobierno de la 4T pretende mostrar; una vez más se ignora la opinión de los niños, niñas y adolescentes, las y los maestros, madres y padres de familia.
El abogado Miguel Ángel Ortiz, apeló a la instalación de un Consejo Nacional de Participación Escolar para entablar un diálogo constructivo con la sociedad civil respecto al tema, pues, según el artículo 135 de la Ley General de Educación la política educativa debe garantizar la participación y aprobación de la sociedad civil. Sin embargo, estos consejos suelen estar integrados por organizaciones empresariales -como la que presentó este juicio de amparo- que sólo ven la forma de sacar provecho de la educación pública para sus fines de explotación laboral y enriquecimiento personal sin tomar en cuenta las necesidades e intereses de las y los estudiantes.
Es necesario que las decisiones sobre nuevos planes de estudio estén en manos de la comunidad, pues somos las maestras y maestros, padres y madres de familia y los estudiantes a quienes realmente nos interesa la educación.
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