Este jueves se conocieron nuevas imputaciones del Ministerio de Público de la Acusación jujeño contra dirigentes de organizaciones sociales. Se trata de las mismas organizaciones que habían sufrido allanamientos en julio pasado, a pedido del Ejecutivo provincial, como parte de una campaña de criminalización contra el derecho a protesta.
Diversos dirigentes quedaron imputados hoy por "amenazas coactivas y extorsión". El marco es una investigación impulsada por la fiscalía Especializada en Delitos Económicos contra la Administración Pública Nº 2 de Jujuy, que está a cargo de Diego Funes.
Las personas imputadas son Claudia Soledad Molina, María Eugenia Molina, Adrián Gonzalo Maurín, Sebastián Manuel Fernández Ferreyra, José David Surita y Antonio Juan Manuel Chorolque. Según señaló Luis Paz, abogado defensor, se confirmó un cambio de carátula en la causa. "Hubo un cambio de calificación respecto de la primera conducta que se estaba investigando que era asociación ilícita y extorsión", indicó a Télam.
Como se ha denunciado reiteradamente, la figura de “asociación ilícita” es utilizada abierta y arbitrariamente para la persecución política. En este caso, contra organizaciones sociales.
Eso es lo que está ocurriendo en Jujuy. El gobernador radical Gerardo Morales ha hecho una bandera de la persecución a las organizaciones sociales que salen a protestar. Tal es así que, en la propuesta de una reforma constitucional, se intenta restringir directamente ese derecho como parte de la nueva Constitución.
Recordemos que esa reforma fue habilitada gracias al apoyo del peronismo de Jujuy. Fue el legislador Fernando Posadas el que dio su voto positivo para que la Legislatura aprobara esa convocatoria.
La imputación de este jueves debe considerarse en ese marco. Como parte de una campaña política que, al mismo tiempo que apuesta al endurecimiento represivo, es funcional a la convocatoria de Morales. La apuesta política del gobernador radical es mostrarse como un “duro” en su provincia, intentando desde allí apuntalar su propia figura nacionalmente.
Hay que redoblar el repudio contra esta avanzada contra la protesta social, denunciando los intentos de criminalización y la causas contra organizaciones sociales. | 
