Este martes, una cuestionada fiscal presentó al Parlamento una denuncia constitucional orientada a destituir al presidente peruano. Hubo varios presos de su entorno.
La mediática jornada ocurrió en el marco del proceso de judicialización política que la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público llevan adelante contra el presidente Pedro Castillo, y buscó generar las condiciones que justifiquen la presentación de la denuncia constitucional que busca destituir a Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal.
Envalentonados por los últimos resultados electorales regionales y municipales, que favorecieron a sectores de derecha y de ultra derecha a nivel nacional, la Fiscalía de la Nación, sostenida en los grandes medios de comunicación, pusieron el pie en el acelerador y retomaron las iniciativas destituyentes del presidente Castillo.
Desde las primeras horas de este martes, en un operativo conjunto y contando con un gran despliegue policial y mediático, la Fiscalía de la Nación allanó las oficinas y las viviendas de los seis congresistas de Acción Popular, a quien la prensa y la oposición política del presidente han bautizado de “los niños”. Ellos son: Elvis Vergara, Ilich López, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo.
Lima, Perú, 11/10/2022. Fotografía cedida hoy por la Fiscalía de Perú que muestra un allanamiento en la residencia de un congresista del partido Acción Popular. La Fiscalía de Perú allanó este martes las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular (AP), así como la vivienda de una hermana del presidente Pedro Castillo, como parte de una investigación que realiza de una presunta organización criminal en el Ejecutivo.
EFE/Fiscalía de Perú
Estos seis congresistas fueron acusados de apoyar al presidente Castillo con su voto para evitar la vacancia presidencial. La acusación fue hecha por una empresaria y lobista corrupta, Karelim López, hoy acogida a la ley de "colaboración eficaz" con la justicia peruana, algo así como "ley del arrepentido" argentina o la "delación premiada" brasileña.
Según la denuncia de la empresaria arrepentida, los parlamentarios habrían recibido una serie de favores políticos por parte del Ejecutivo, dentro de los cuales se menciona que negociaron obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando presidia este Ministerio el hoy prófugo Juan Silva.
Este operativo judicial duró gran parte del día y que tuvo gran cobertura mediática, como suele ocurrir cada vez que la derecha y las instituciones judiciales atacan al presidente. Permitió, además, el allanamiento de la casa de la hermana del mandatario donde, según informó posteriormente el mismo Castillo, se encontraba su madre recuperándose de una operación.
La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre.
Además de ello, la Fiscalía de la Nación dispuso la detención preliminar por diez días de diversos ex asesores del presidente Pedro Castillo, como es el caso de Biberto Castillo, Auner Vásquez, Eder Vitón y Abel Cabrera.
También se ordenó la detención de Segundo Sánchez Sánchez, propietario de una casa - ubicada en la calle Sarratea, en la localidad de Breña - que supuestamente habría sido utilizada por el presidente Pedro Castillo como una oficina alterna a Palacio de Gobierno.
Este empresario era muy cercano al presidente y colaboró con él en la campaña presidencial del año pasado. La Fiscalía también ha ordenado la detención por diez días de Salatiel Marrufo, ex asesor del alcalde de Anguía José Nenil Medina y persona cercana al ex ministro Geiner Alvarado.
En horas de la tarde, después de haber realizado todo este operativo judicial, la fiscal de la Nación Patricia Benavides anunció en una conferencia para la prensa la presentación de una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por, supuestamente, liderar una organización criminal.
En ese entender, Benavides - sobre quien pesan serios cuestionamientos por favorecer a su hermana quien se encontraría involucrada en delitos de narcotráfico - adujo que contaba con las pruebas para acusar al mandatario y que “Desde este momento es responsabilidad del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional”, la cual busca destituir al mandatario.
🚨#LoÚltimo Fiscal de la Nación, Patricia Benavides: Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una org. criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas.(1/8) pic.twitter.com/7LFsMb34Ah
Queda claro entonces que el objetivo central de este operativo judicial y de la mencionada denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación, es allanar el camino para la judicialización política del presidente, a quien la Fiscalía de la Nación acusa de presidir una organización criminal valiéndose para ello únicamente de las declaraciones de una serie de "colaboradores eficaces".
Al margen de que Castillo esté o no involucrado en actos de corrupción, lo cual es muy probable como ocurre con todos los presidentes que gobiernan de la mano de los empresarios, lo que busca en realidad la Fiscal de la Nación con esta arremetida legal, es crear las condiciones jurídicas para la destitución de Pedro Castillo. De esa manera, empalma con la estrategia destituyente de un sector de la derecha y la ultra derecha parlamentaria que ya trató en dos oportunidades de vacar al mandatario y no logró reunir los votos necesarios.
Desde que pisó el palacio de gobierno, y debido a su estrategia de conciliación de clases, Castillo se fue orillando cada vez más a la derecha, al grado tal que terminó renunciando completamente a sus tibias promesas de campaña y ahora gobierna siguiendo la línea del piloto automático neoliberal y en el marco de la Constitución fujimorista de 1993.
Sin embargo, no podemos perder de vista que un sector de la derecha y la ultraderecha que tienen presencia en el Parlamento, además de los grandes medios de comunicación, no lo quieren, y por eso, desde que inició su gestión, han buscado desestabilizarlo utilizando la figura de la vacancia presidencial, con lo cual no solo debilitaron significativamente su gobierno, sino que lo terminaron empujando más a la derecha.
Hoy, ese mismo sector, aupado en la Fiscalía de la Nación y percibiendo la debilidad del mandatario, arremeten contra Castillo y buscan oxigenar al Congreso para que sea este el que termine de darle la estocada final al presidente de la República, con lo cual se vuelve a abrir un nuevo capítulo de la turbulenta crisis política superestructural que se vive en el Perú, cuyo desenlace - por el momento – es incierto.
