Mientras tanto, las maestras y maestros enfrentan las consecuencias de una política educativa basada en la “pobreza franciscana”, que profundiza la precarización laboral, la falta de insumos y recursos mínimos para sostener las escuelas y resolver sus necesidades.
Este ciclo escolar, con el regreso a clases con aforo completo en la mayoría de las escuelas -públicas y privadas- en todos los niveles educativos; con la inflación más alta en las últimas décadas y una violencia social creciente, a las y los docentes no nos ha quedado más que ir paliando los problemas educativos.
Atendemos a un promedio de 150 alumnos (en el caso de algunas escuelas la cifra se eleva a más de 200) por maestro en el nivel secundaria -uno de los promedios más elevados de los países miembros de la OCDE-.
En primaria y preescolar el promedio es de 40 niñxs por docente. Un importante número de nuestros alumnos y alumnas arrastran graves problemas de rezago educativo. Algunos no saben leer ni escribir y enfrentan situaciones emocionales y sociales que se han convertido en barreras casi infranqueables para poder aprender.
“Las escuelas siempre han funcionado así, lo que falta es vocación” dicen algunas autoridades educativas frente a los reclamos de maestras y maestros que no pueden más.
Las escuelas no cuentan con personal médico, psicológico, trabajadores sociales, orientadores, personal de la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva –UDEI-, suficientes para atender las necesidades de las y los alumnos. Tampoco contamos con materiales didácticos ni la infraestructura adecuada, por lo que vencer los obstáculos depende casi exclusivamente de la buena voluntad de docentes, alumnxs y padres y madres de familia.
“Estoy agotada, parece que estuviéramos a mitad del ciclo y llevamos menos de tres meses” me comenta una compañera de la escuela y le respondo que vi una imagen en redes sociales con cientos de comentarios con el mismo contenido.
Y es que los problemas educativos están recayendo sobre nuestra espalda mientras las autoridades educativas y el gobierno, lejos de resolver los problemas, generan políticas que los profundizan.
Mientras nos siguen diciendo que no hay dinero para reforzar las paredes de la escuela que se dañaron con los sismos de los últimos años -y en nuestra escuela somos privilegiados pues no tenemos daño estructural, mientras que otras siguen sin ser reparadas desde 2017- y que los padres y madres deben decidir en qué invertir los pocos recursos del programa La Escuela es Nuestra entre reforzar las paredes, mejorar las bancas, arreglar el desagüe y una larga lista de necesidades que tiene la institución, no podemos ni hablar de comprar materiales, contratar psicólogos o talleristas que ayuden a contener emocionalmente a una población escolar cada vez más marginada y violenta producto de la situación económica y social por la que atraviesa.
“Maestra mi mamá no ha podido comprarme los cuadernos, trabaja vendiendo cosas y no le ha ido bien, ¿qué hago?” “Hoy tampoco traje dinero maestro ¿Pero desayunaste? Sí, un café solo”. Estos son parte de los problemas cotidianos que vivimos en las escuelas.
“Dinero para invertir hay, la cuestión es a donde se va”, leo en un cartel en redes sociales mientras escucho por la radio varios escándalos del Guacamaya Leaks que demuestran que el Ejército espía activistas, luchadores sociales, organizaciones de mujeres, de maestros mientras ha obtenido un enorme beneficio económico durante este sexenio que pretenden incrementar aún más el siguiente año. A los 112 mil millones de pesos que maneja la Sedena se suman los 68 mil millones de la Guardia Nacional -que sigue bajo su mando y no bajo mando civil como había prometido el gobierno cuando la creó- ahora recibirá una parte importante de los 143 mil millones que se planean invertir en el Tren Maya. También se suman los 42 mil millones de pesos asignados a la Secretaría de Marina.
Para el 2023 el presupuesto asignado directamente a Sedena incluiría, además, 836 millones de pesos para la administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
¿Se imaginan cuántos de los problemas educativos podríamos resolver con tamaños recursos?
El gobierno federal, en alianza con el PRI, logró aprobar la reforma constitucional para mantener a los militares en las calles hasta el 2028, con quienes cuentan para cumplir con sus planes y prepararse frente a cualquier muestra de descontento que pueda comenzar a gestarse en la población frente a las crecientes contradicciones sociales -aumento de la precarización laboral, despidos, inflación, aumento de la carestía, etc.-
Las maestras y maestros no somos ajenos a esta situación y por ello, podemos jugar un rol en la lucha contra la militarización del país y en defensa de la educación pública, para que los recursos que se otorgan a las fuerzas armadas sean utilizados para combatir el rezago educativo, contratar más docentes, con plenos derechos laborales, construir más y mejores escuelas y mejorar las que existen, proporcionar útiles y materiales educativos a los alumnos y alumnas, así como desayunos escolares nutritivos para todos y todas.
No podemos conformarnos con seguir paliando los problemas, ni resignarnos a que las cosas son así y no podemos cambiarlas, debemos resolver lo que nos tiene en estas condiciones, de raíz.
En esta lucha tenemos como aliados a las y los estudiantes de media superior y superior que hoy están peleando por mejorar las condiciones educativas. También debemos volver a buscar la alianza con las madres y padres de familia, quienes realmente velan por el interés de sus hijos e hijas, así como el conjunto de las y los trabajadores del país, que viven lo mismo que nosotrxs.
Necesitamos impulsar un movimiento nacional contra la militarización encabezado por las organizaciones obreras y populares, desde el que exijamos la disolución de la Guardia Nacional y el alto a la militarización del país, para que los millonarios recursos que hoy se otorgan a las fuerzas armadas sean utilizados en atender las demandas de las y los trabajadores y el pueblo. | 
