El pasado jueves, la primera ministra Elisabeth Borne habló frente a los diputados y anunció “haber pedido al prefecto que comience el procedimiento de requisición de personal indispensable para el funcionamiento de los depósitos de Exxonmobil”. Inmediatamente después, indicó que preparaba un procedimiento similar para los huelguistas de Total si su lucha por la subida de salarios continuaba.
Estas declaraciones tuvieron lugar en un contexto de huelga inédito por los salarios en el sector petroquímico con un 60% de la capacidad de las refinerías detenida, algo que genera una fuerte escasez de combustibles en todo el país.
Tras varios días de duda por parte del gobierno, presionado por la oposición y especialmente por la derecha, este ha decidido usar su arsenal represivo: liberación de reservas estratégicas e importación de combustible y ahora las requisiciones. Este proceso no tiene nada de corriente y ataca directamente al derecho de huelga de los trabajadores de Total y ExxonMobil. En concreto, la requisición permite forzar a una parte de los huelguistas a volver al trabajo para impedir un bloqueo de la economía. Es decir, imponer servicios mínimos obligatorios.
¿En qué consiste la requisición?
Varias disposiciones legales pueden usarse para iniciar el procedimiento. Por un lado, el artículo L.2211 del Código de Defensa francés, que da competencias al gobierno para ordenar en Consejo de Ministros la requisición de huelguistas. Por otro lado, y es así como lo ha hecho Elisabeth Borne, a través del artículo L.2215-1 del Código general de las colectividades territoriales, que da competencias al prefecto para “ requisicionar al número esencial de trabajadores en huelga de una empresa privada cuya actividad sea de una importancia particular para el mantenimiento de la economía, la satisfacción de necesidades esenciales de la población o el funcionamiento de los servicios públicos”. Este artículo, que forma parte de la ley del 18 de marzo de 2003 llamada “ley para la seguridad interior”, permite también al prefecto contrarrestar los efectos de una huelga si esta conlleva –o potencialmente lo podría generar- un peligro contra el orden, la salubridad, la tranquilidad o la seguridad pública.
El Derecho al servicio del ataque al derecho de huelga
Sin embargo, la huelga, al provocar por definición el bloqueo de la producción y el parón de diversos sectores de la economía, puede fácilmente acusarse de ataque al “orden” o a la “seguridad”. De hecho, no se da una definición más concreta de qué significan estos términos, para que precisamente pueda ser aplicada a discreción por parte de los prefectos y sirva en general para la consecuencias directas de una huelga. Es por ejemplo, sobre esta base que los trabajadores de los depósitos petroleros fueron requisados en otoño de 2010. El Estado argumentaba entonces que su lucha podía impedir el repostaje de los aviones.
Es decir, que igualando el impacto económico de una huelga a un problema de orden público, el legislador ha generado una base legal para atacar el derecho a la huelga.
De hecho, el ministro de economía Bruno Le Maire trataba de justificar las requisiciones de petroleros este martes por la mañana señalando la necesidad de que la economía vuelva a la normalidad: “Hay que hacer que los trabajadores puedan circular, que las empresas puedan funcionar, que los autónomos tengan combustible en sus depósitos”.
Dicho de otra forma, hay que acabar con las huelgas, y las requisiciones son una de las vías que ofrece el gobierno. En este marco, la requisición- y su régimen penal que prevé penas de cárcel de seis meses y multas de 10.000 euros,- son un arma de la patronal para desgastar y dividir a los huelguistas al requisicionarlos de forma individual por vía de los alguaciles. Para Anne Braun, doctora en derecho, el objetivo es satisfacer a la patronal al hacer la huelga inofensiva.
Por parte de las empresas públicas, se usa frecuentemente y se ataca a los sectores estratégicos para el capitalismo francés. Creada por la ley del 11 de julio 1938 relativa a “la organización general de la nación en tiempos de guerra”, estaba pensada inicialmente para trabajadores “de administraciones y servicios públicos (…), establecimientos y servicios fundamentales para el interés de la nación”. La ley del 28 de febrero 1950 que establece la requisición para periodos de paz responde a “el deseo de los gobiernos de la postguerra de disponer de una herramienta jurídica para romper las huelgas” mientras estas últimas son al mismo tiempo constitucionalizadas. Según Philippe Teyrner, esta ley dió lugar, entre otras a “la requisición del personal de fábricas de coque en 1948; empleados del gas y la electricidad en 1950; ferroviarios en 1953; funcionarios de la administración penal en 1957; empleados de la SNFC (ferroviarios) en 1959; conductores de la RATP (buses) y empleados de Air Frances en 1960 (…)”
Esta consagración de un arma jurídica al servicio de la patronal continua siendo polémica. Por ejemplo, el Consejo de Estado se pronunció en una sentencia del 9 de diciembre 2003 contra su uso para el caso de las matronas en huelga. Siguiendo este criterio, sin por otro lado poner en cuestión el fundamento de la requisición, la Organización Internacional del Trabajo denunció en un informe del 17 de noviembre de 2011 la requisición de petroleros y la política represiva del Estado francés.
Para responderles ¡es necesario reforzar y extender el movimiento! ¡Solidaridad con los trabajadores petroquímicos!
Se trata de un método de represión que la clase política tiende a querer extender, como se vio por otro lado en el sector privado en los años 90. A cada huelga de la SNFC, la cuestión sale a relucir: en 2018, fueron los presidentes regionales de los Republicanos Renaud Muselier, Christelle Morançais y Jean Rottner los que exigieron la puesta en marcha de esta medida para asegurar “ la continuidad de un servicio público”. Una idea utilizada para atacar el derecho a la huelga, y construir un discurso político contra los huelguistas en la opinión pública, siguiendo la campaña del gobierno que llamó a inicios de semana a la requisición, argumentando que “nuestros conciudadanos no pueden ser víctimas colaterales”.
Por tanto, la cuestión es clave para gobierno y la patronal. De hecho, desde el inicio del conflicto hace ya casi tres semanas, TotalEnergies ha perdido varios millones en beneficios mientras que la mayor parte de sus instalaciones se suman mayoritariamente a la huelga. “Han perdido como mínimo 8 millones de euros en beneficios al día, tan solo por la actividad de la refinería”, explicaba Alexis Antonioli, secretario general de CGT Normandía. Al calcular la notable repercusión sobre la capacidad de producción de otras empresas que dependen del combustible- incluyendo las dificultades para que los trabajadores puedan ir al trabajo- está claro que la huelga de las refinerías afecta al bolsillo de la patronal. Pero sobre todo, más allá del impacto económico que ejercen, estas huelgas preocupan al gobierno francés por el ejemplo que pueden constituir para otros sectores de trabajadores y para la población, ahora que Macron busca atacarles con la reforma de las pensiones.
Dicho de otro modo, la mejor respuesta a la política de requisiciones de los huelguistas es reforzar el movimiento. Para esto, es bueno recordar ejemplos como en 1963, cuando los mineros requisicionados por el Estado decidieron continuar la huelga e impusieron una derrota al gobierno, al reventar una de sus armas favoritas para desgastar y dividir huelguistas. Pero para apoyar este refuerzo del movimiento, es necesario construir su extensión al resto de sectores de trabajadores y de la juventud, que tienen intereses comunes en pelear para vivir mejor y para que suban los salarios. |
