Corre junio de 1985. Juan Vital Sourrouille, ministro de Economía de Alfonsín, afirma que “se intentó más de una vez moderar la escalada de precios y salarios apelando a políticas concertadas o al congelamiento de precios y salarios. Estas experiencias terminaron en repetidas frustraciones porque descuidaron actuar al mismo tiempo sobre un componente principal de las presiones inflacionarias como es el desequilibrio de las finanzas públicas”.
Las palabras arrastran una frescura innegable. ¿Cómo no asociarlas a las constantes y fracasadas versiones de Precios Cuidados o Precios Máximos? Este viernes de octubre, en 2022, el Indec volvió a confirmar la inoperancia de esos programas: la inflación de septiembre alcanzó el 6.2 %; el porcentaje asciende a un dramático 83 %, si el cálculo se hace interanual.
El ministro de Economía de Alfonsín lanzaba por aquel entonces el Plan Austral. Promesa de estabilidad futura a costa de sacrificio inicial, terminó en notorio fracaso. Ese año la inflación llegó al 385 %; cayó al 86 % el siguiente y, a partir de ahí, volvió a una espiral ascendente. En 1988 trepaba al 388 %. Y todavía faltaba lo peor.
Analizando el período, los investigadores Martin Schorr y Ricardo Ortiz reseñaron que “las dificultades para encuadrar la evolución de la inflación señalan la existencia de trabas estructurales para lograrlo. Una de ellas (en nuestra opinión, la más importante) es el grado de concentración prevaleciente en las diferentes ramas industriales y el consecuente poder de mercado que detentan los actores líderes en éstas” [1].
Como habitando un tiempo congelado, la Argentina de 2022 enfrenta similares límites estructurales. Los llamados “formadores de precios” gozan de control monopólico en múltiples áreas. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) consignaba que, entre 2016-2019, tres empresas controlaban el 75 % de la facturación total en la producción láctea; tres se quedaban con el 85 % en Bebidas sin Alcohol; otras tres con el 90 % en bebidas con alcohol; tres con el mismo porcentaje en aceites. Difícilmente hayan variado esos porcentajes en estos años.
La gestión del Frente de Todos se demostró incapaz de alterar ese esquema. Los resultados están a la vista, en cada supermercado o negocio de barrio. Ni el kirchnerista “duro” Feletti ni el moderado massista Tombolini fueron más allá de amenazas, advertencias y alguna tibia multa a esos grandes monstruos capitalistas.
Estabilizando el ajuste
Más que un rumor; menos que una medida concreta: ante el crítico escenario inflacionaro asoma la idea de un “Plan de Estabilización”. Un acuerdo que, entre otras cosas, congelaría precios y salarios a lo largo de varios meses.
La historia nacional conoce mecanismos de ese tipo. Un falso equiparamiento entre actores sociales conduce a un falso consenso alrededor de la mecánica económica. Los empresarios, luego de haber remarcado al infinito, acceden a un congelamiento de precios que infringirá. Los trabajadores, atados de manos por la dirigencia sindical burocrática, ven degradarse sus condiciones de vida en nombre una “estabilidad” que no los contempla.
Ese consenso, para hacerse posible, requiere condiciones económicas y políticas. Entre las primeras, cuenta a favor la masa de ganancias que el gran empresariado robó a la clase obrera en los últimos años.
Nada indica predisposición empresaria a las concesiones. El Coloquio de IDEA volvió a escenificar múltiples pedidos. Entre ellos, terminar con la llamada “industria del juicio”, forma despectiva en que los capitalistas llaman al derecho obrero a contrapesar los intentos de convertirlo en semi-esclavo.
Las condiciones políticas requieren de un consenso entre las fuerzas capitalistas que está lejos de instalarse y que, mirando hacia 2023, aparece aún más distante. O una voluntad política fuerte, con respaldo social, capaz de imponer condiciones a diversos actores. ¿Es Massa el aspirante a ese lugar de árbitro de las tensiones sociales?
A priori emergen, los obstáculos son varios. Votado por nadie, se erigió en superministro de Economía por voluntad conjunta de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Su mayor capital se sigue reduciendo, esencialmente, a la capacidad de capear la crisis y evitar el abismo al que empujaba la corrida cambiaria.
Si se mira más allá de objetivo, relativamente obtenido, hasta el momento los resultados de su gestión parecen más bien modestos. Una inflación persistente que extiende su radio de acción; una estabilidad cambiaria más que endeble; controlada por la vigilante mirada del FMI; una recuperación del empleo que tiene el rostro de la precariedad, el monotributo y los bajos salarios. Hacia el otro lado del mostrador, en cambio, dólar-soja y ajuste a pedido del FMI.
Su mayor aval viene del mundo del capital imperialista y parte de la gran burguesía local. Aconsejando moderación a la vicepresidenta, The Economist acaba de afirmar que “Massa es lo único que se interpone entre Argentina y el caos”. Las recurrentes felicitaciones de Krislatina Georgieva apuntan en la misma dirección.
Los elogios escasean lejos de Washington. El malestar social es demasiado extendido entre las mayorías trabajadoras. Eso explica el leve e inicial distanciamiento discursivo que empieza a ensayar parte de la tropa kirchnerista. Esto no quita que, en lo esencial -que es el apoyo al plan de ajuste- persista la "comunidad de intereses" en el Frente de Todos.
El discurso del orden
Gerardo Morales y Patricia Bullrich ensayan una permanente retórica derechista. Conscientes del extendido desencanto con la política, apuestan a impedir que parte del mismo termine a los pies de Milei. Propone un Juntos capaz de ofrecer un combo discursivo que aúne represión con concesiones al gran capital. Esa labor no tiene solo finalidad electoral. Busca aportar a un clima político reaccionario que, imponiendo frenos a la protesta social, permita un despliegue abierto del ajuste económico. El gobernador jujeño, sin embargo, viene de postergar un intento de reforma constitucional que apostaba a volver ilegal el derecho a la protesta. No todo es "la derecha avanza".
Hemos insistido: el Frente de Todos no es ajeno a esa derechización de la agenda política y discursiva. Es, por el contrario, activo impulsor. Este miércoles, en la Cámara de Diputados, el bloque oficialista se negó a repudiar la represión ejercida en La Plata por la Policía Bonaerense. La decisión implica un aval a Sergio Berni, el hombre que convierte a la mano dura en relato permanente.
A eso se puede agregar la activa colaboración de Aníbal Fernández como responsable político de las fuerzas federales. El ministro de Seguridad devino ejecutor de los pedidos de Bullrich, Pichetto, Clarín y La Nación. Ofició, además, de vocero abierto en la criminalización contra la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi. ¿Se puede pedir mayor sintonía con la agenda de la derecha?
El fracaso de malmenorismo
Por mucho tiempo, el kirchnerismo alimentó el relato de un Estado “presente” capaz de imponer controles y regular al gran capital; capaz de reparar las injusticias que el llamado Mercado imponía por su propia naturaleza. Pero ese discurso se deshace tan rápido como el poder adquisitivo de las mayorías trabajadoras al calor de la ascendente inflación.
Los tiempos actuales del oficialismo están marcados por el relato malmenorista. Aceptación -crítica y acrítica- del ajuste y las condiciones impuestas por el FMI; acusaciones verbales duras contra los grandes monopolios, sin consecuencia alguna en los hechos; resignación ante la eterna e inamovible correlación de fuerzas.
La realidad, sin embargo, se encarga de refutar esa apatía funcional al avance de la derecha. Los trabajadores del neumático, después de una dura y extensa lucha, acaban de demostrar que ceder ante el gran capital no es la única opción; que aceptar el chantaje patronal no es una obligación impuesta siempre y en todo lugar.
A miles de kilómetros de Argentina, esa máxima se confirma. La clase trabajadora de Francia está dando otra lección de combate al mundo. Más de 20 días de huelga en las principales refinerías petroleras están mostrando ese enorme poder social capaz de desarticular al capital y su Estado; capaz de conmover la vida entera en el llamado "viejo continente".
Ese poder social, al ponerse en movimiento, es el que puede plantear la posibilidad de medidas de fondo capaces de frenar la decadencia social. La fuerza social que paraliza la gestión capitalista puede convertirse en la que haga funcionar la producción bajo otros parámetros y para otros fines. ¿Cómo controlar efectivamente los precios sin el control obrero en las empresas productoras de alimentos y en las grandes superficies comerciales? ¿Cómo enfrentar la especulación de los grandes bancos sin la nacionalización de la banca bajo control de sus trabajadores y trabajadoras? Los ejemplos pueden extenderse y multiplicarse.
Avanzar en esa perspectiva implica apostar a la organización política de la clase trabajadora en su propio partido, en un gran partido socialista que se proponga pelear una salida de fondo a los grandes problemas del país, enfrentando en ese camino la dominación capitalista. | 
