El policía bonaerense que el año pasado hirió gravemente de un balazo a Santiago “Chano” Moreno Charpentier en la casa del músico en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, fue sobreseído este lunes por el Poder Judicial de Zárate-Campana. Para el juez Julio Andrés Grassi, titular del Juzgado de Garantías 2, el policía Facundo Amendolara (29) actuó en “legítima defensa”.
El sobreseimiento de Amendolara había sido pedido por el fiscal Alejandro Irigoyen, a cargo de la UFI 1 de Zárate-Campana, para quien el policía disparó cuando Chano habría querido “atacarlo” con un cuchillo en medio de un brote psicótico.
Marina Charpentier, madre de Chano, dijo a la agencia Télam que la familia no va a apelar la resolución del juez Grassi, ya que no tienen “energía de sobra” para “perderla en rencor y dolor”. A la vez manifestó que Amendolara “seguramente” no disparó contra su hijo “con mala intención”. De todos modos, pidió que “lo capaciten”.
De esta manera, la causa por el que el efectivo está acusado de “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial” quedará archivada. Al menos hasta que no aparezcan nuevos elementos que tuerzan la decisión del Poder Judicial.
El gatillo es lo más “fácil” ante la salud mental abandonada
Los hechos en los que el músico Chano quedó malherido sucedieron la madrugada del 26 de julio de 2021 en la casa que el artista tiene en el barrio privado Parque La Verdad de Exaltación de la Cruz. En medio de una crisis psiquiátrica, según la familia vinculada al consumo problemático de sustancias, la madre de Chano llamó a la Policía. Allí llegó Amendolara.
La presencia policial habría enojado a Chano, quien presuntamente quiso “apuñalar” con un cuchillo al efectivo. Éste diría en su descargo que no quiso “agredir ni lesionar” a Moreno Charpentier, pero que “tuvo que hacerlo” para salvar su propia vida.
Pero lejos de implementar algún tipo de maniobra para neutralizar al músico o efectuar un disparo en alguna zona no vital de su cuerpo, el Policía disparó directamente al abdomen de Chano, lo que obligó a que estuviera internado durante tres semanas en estado crítico y, finalmente, le debieran extirpar el bazo, un riñón y parte del páncreas para salvarlo.
Para el fiscal Irigoyen, “el accionar del imputado se desarrolló ante la inminente e ilegítima agresión de Santiago Moreno Charpentier y en defensa de su integridad física resultando necesaria y racional según las circunstancias del caso, la utilización de un arma de fuego contra la fuerza física de un sujeto fuera de sí y armado con una cuchilla que no pudo ser reducido previamente”.
Sin dudas el policía Amendolara le debe mucho a su abogado defensor Fernando Soto, exfuncionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y entre otras cosas abogado de Luis Chocobar, otro policía bonaerense que asesinó por la espalda al joven Pablo Kukoc (que estaba desarmado) y por cuyo caso el macrismo hizo campaña en defensa del gatillo fácil.
La “experiencia” de Soto pareció alcanzar para convencer a varias personas que hoy ven en Amendolara a víctima más que a un potencial asesino. Un gran favor a Sergio Berni y la fuerza represiva que conduce, experta en gatillo fácil, torturas, secuestros, desapariciones y muertes.
De lo que no se habla es de cómo el Estado se encarga de atender situaciones traumáticas y violentas causadas por cuadros complejos de salud mental. Cuando fueron los hechos hubo debate sobre el tema, pero quedó rápidamente dejado de lado, al menos desde las grandes empresas periodísticas, habituales cultoras del punitivismo y policiamiento al extremo de la vida social.
Mientras tanto, decenas de casos de consumo problemático y brotes psicóticos siguen siendo “resueltos” por el Estado a través de la intervención directa de uniformados armados que disparan por las dudas y cuentan con el amparo de los poderes políticos y judiciales que les garantizan impunidad.
El sobreseimiento de Amendolara no hace más que reforzar los discursos estigmatizadores y criminalizadores sobre quienes, en realidad, deberían ser atendidos según lo prescribe la Ley de Salud Mental, una norma que ya tiene más de una década de vigencia pero sobre la que el Estado está decidido a no volcar un presupuesto acorde para que pueda ser implementada. | 
