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Como era de esperarse, el pasado 18 de octubre tuvo como centro en la opinión pública, el tercer aniversario del denominado “estallido social”, aquella revuelta que se extendió durante meses cuestionando el régimen heredero de la dictadura, que tuvo como expresión más notoria en la consigna “No fueron treinta pesos, fueron treinta años”.

Llevándose a cabo una brutal represión por Carabineros en contra de las distintas protestas y movilizaciones en distintas comunas del país, uno de los puntos que generó más notoriedad, fueron las declaraciones realizadas por el gobierno, principalmente por el presidente Boric, quien deslizó un discurso criminalizador contra la protesta social, que en ningún caso se posiciono sobre el rol criminal de los aparatos represivos del Estado, rebuscando argumentos para separar entre dos organizaciones, una de carabineros que viola DDHH, y otra que no.

Pero el dicho del discurso que enojó a la derecha fue el siguiente: "Las violaciones a los derechos humanos, como daños oculares, agresiones sexuales, lesiones graves y hasta muertes, no son aceptables, y a la vez Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo para combatir la delincuencia y asegurar el control del orden público en el marco del estado de derecho”, el presidente Boric dejó en claro que está bastante apresurado en dar vuelta la página del llamado “octubrismo”, donde por fuera de las declaraciones grandilocuentes, su apoyo irrestricto por las fuerzas de orden y seguridad, ha sido evidente desde el primer momento de su mandato.

Sin embargo, estas declaraciones sobre los abusos sexuales perpetrados por carabineros realizadas por el mandatario, no pasaron desapercibidas de manera casi transversal por los partidos de la derecha, generándole un enorme malestar, que salieron a manifestar públicamente desde distintos referentes.

“Lo que ha hecho el Presidente Boric es absolutamente grave, no sólo porque da por sentado que hubo casos de abusos sexuales supuestamente cometidos por funcionarios policiales, sin que existan condenas al respecto, sino que también porque trivializa situaciones que son sumamente dolorosas para las mujeres, y lo hace con el único objetivo de sintonizar con la extrema izquierda que validó la violencia y el vandalismo en esa época”, señalaron un grupo de diputadas UDI (Flor Weisse, Marta Bravo, Natalia Romero y Marlene Pérez).

Por su parte, desde el ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, respaldó lo dicho por el presidente Boric, señalando:

“hay evidencia suficiente de informes internacionales, como también en casos que se han presentado ante la justicia”, y posteriormente agregando que “no son dichos falsos, es distinto que un caso no haya llegado a término a que el hecho nunca haya ocurrido, y hay evidencia suficiente de informes internacionales, como también en casos que se han presentado ante la justicia y que ayer, de hecho, el INDH solicitó que se realicen los juicios más rápidamente para que podamos tener una verdad común al respecto".

La negación derechista, y un gobierno a la medida de los represores

No es un misterio para nadie como las medidas abiertamente reaccionarias por parte del gobierno de Gabriel Boric, y que le han dado un gran margen a la derecha para instalar su agenda política, que busca restituir aspectos centrados en la agenda de seguridad, y neutralizar cualquier iniciativa formulada durante la rebelión de octubre, que cuestionó los grandes pilares del modelo neoliberal, heredado de la dictadura de Pinochet. Ya cumpliéndose tres años de aquella enorme rebelión que inundó las calles de combatividad, la derecha y sus partidos, buscan borrar de la manera más burda posible los hechos que marcaron la situación política de aquel momento, tachando aquel proceso como un error, o algo que jamás debió haber ocurrido. A esta orquesta de críticos, incluso se ha sumado sectores de la centroizquierda, e incluso sectores del propio reformismo tratando al “octubrismo”, casi como una borrachera de la extrema izquierda, que no supo empalmar con las reales necesidades del pueblo trabajador.

Al día de hoy, prima la impunidad frente a las muertes y múltiples violaciones a los derechos humanos en el marco del “estallido social”, donde desde la propia Fiscalía Nacional, se ha señalado que de los 10.936 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el estallido social, únicamente existen 130 casos formalizados, 206 personas imputadas y 16 condenas.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por medio de su directora, Consuelo Contreras, ha indicado que:

"De las más de 3.000 causas presentadas por el instituto, con lesiones físicas en un 90% de las causas y un 15% de las causas con violencia sexual, sólo el 9% ha sido formalizado, y en un 38% de los casos las víctimas aún no han sido citadas a declarar, por lo tanto, el Ministerio Público tiene ahí una tarea pendiente en materia de justicia para poder reparar los daños sufridos por las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos", de acuerdo a lo signado por el medio Cooperativa.

Es claro que la derecha, junto con sus partidos e instituciones, buscará de todas las maneras posibles, negar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la rebelión del 2019, un discurso robustecido por la política timorata y conciliadora por parte del gobierno de Gabriel Boric, quien intenta hablar de derechos humanos durante su discurso, a tres años del estallido, pero que respalda y mantiene incólume a la principal cabeza operativa de Carabineros en ese momento, el director general de Carabineros, Ricardo Yañez.

No se puede confiar en gobierno que ha negado sistemáticamente el carácter político de los presos de la revuelta, quien ha recrudecido la militarización y represión hacia el pueblo mapuche en el Wallmapu, y quien se apoya decididamente en instituciones represoras del pueblo trabajador como son Carabineros y Fuerzas Armadas.

Resulta indispensable denunciar la represión vivida tanto ayer como hoy, exigir justicia por los crímenes cometidos contra quienes protesta, y terminar con la impunidad y privilegios con los que gozan las y los represores. Sólo a través de la movilización lograremos continuar esta lucha, junto con exigir verdad, justicia y reparación.