Las compañías energéticas, multinacionales en un mercado oligopólico controlado férreamente, se caracterizan por una manera de actuar depredadora y parasitaria frente a las necesidades de bienes tan básicos y elementales como encender la luz de casa o calentar los hogares. Compañías que controlan todo el proceso desde la producción, la distribución y la comercialización, bien directamente o a través de filiales. Así, no han dudado en subir los precios del gas y la luz durante el último año hasta niveles estratosféricos.

La explicación de estos aumentos va mucho más allá de la guerra de Ucrania o las condiciones medioambientales adversas, como la escasez de agua -de la que en gran parte son responsables esas mismas empresas por el vaciamiento de los embalses- o la poca incidencia del viento. En realidad, son en gran medida fruto de un incesante afán de lucro y ganancia especulativa. Solo les interesa ganar y acumular cada vez más beneficios para sus accionistas, aunque condenen a los hogares de las trabajadoras y los trabajadores a la oscuridad y al frío más absoluto.

Ante esta situación de especulación y elevados precios energéticos de las compañías energéticas: ¿qué ha hecho el Gobierno más progresista de la historia del PSOE y Unidas Podemos?

En primer lugar, reducir todos los impuestos de la factura eléctrica, beneficiando por igual a las rentas más altas y a las bajas al ser una reducción generalizada e independiente de los ingresos de cada uno. Es decir, que en vez de optar por una reducción de las ganancias capitalistas se ha optado por reducir los ingresos públicos, algo que, más tarde o más temprano, puede suponer nuevos recortes sociales. Por ejemplo, hasta ahora ha habido una subida salarial ridícula para los empleados públicos de tan solo un 3,5% este año frente a un IPC estimado del 8,5% a final del año y una inflación subyacente -sin incluir alimentos y energía por ser más volátiles- por encima del 6%. Escasa subida justificada por la necesidad de “controlar los costes públicos” estructurales mientras que otras necesidades sociales siguen sin ser atendidas debidamente. Una situación que podría revertirse mediante una política impositiva progresiva que se enfocara en las rentas más altas.

En segundo lugar, el gobierno de coalición se ha concentrado en una fuerte negociación con la UE -aunque ahora parece que ésta tomará una fórmula parecida – para lo que se conoce como “la excepcionalidad ibérica”. Un tope a los precios del gas, que son retirados del cálculo para la factura eléctrica. Aunque no por ello dejando de compensar la diferencia del beneficio a las compañías eléctricas y gasistas, en cómodos plazos que al final pagaremos muy caro entre todos.

Políticas parciales, como vemos, que no afectan las ganancias de las grandes multinacionales, que solo ponen parches a la situación y que no han logrado ni siquiera reducir de forma significativa las facturas de la energía.

Las energéticas bloquean el cambio de tarifa

Las compañías energéticas provocan cada día múltiples agravios a los intereses de la mayoría social, incluyendo atentados ecológicos infames como el sistemático vaciado de los pantanos, que ahora pagamos con la escasez de agua. Ahora parece ser que lo último del largo carrusel de acciones ha sido poner fuertes trabas administrativas para bloquear de facto el intento de muchas personas de efectuar el cambio a la tarifa regulada (TUR), al tener esta un coste mucho menor para el consumidor.

La CNMC ha tenido que intervenir en este caso, si bien con enormes dosis de prudencia, pues de momento se ha limitado a abrir un expediente de carácter meramente informativo. Se trata de un organismo nada sospechoso de perseguir y castigar a las grandes compañías energéticas, cuyas multas las pocas veces que se producen son tan ridículas que les sale más rentable a las grandes empresas violar la legislación correspondiente que cumplirla y perder los enormes beneficios correspondientes.

Pero ahora se han detectado fuertes trabas por parte de las compañías comercializadoras de gas para efectuar el cambio de tarifa. Así al menos lo ha adelantado la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica Sara Aagesen, partiendo de la información sobre la enorme avalancha de petición de solicitudes para acogerse a la TUR y abandonar la tarifa libre de mercado. Lo curioso es que la secretaria de Estado ha declarado que “somos conscientes” de que la CNMC “está vigilando y que ha abierto ese expediente informativo que puede derivar en un sancionador” pero sin mencionar en ningún momento los abusos que practican esas compañías frente a la indefensión de la mayoría social. Ha llegado a señalar que podría ser necesario “un correcto dimensionamiento” de los servicios de atención al cliente “a la vista de la demanda”.

Todo esto ante el auténtico tsunami que se ha reflejado en los medios de comunicación y en las redes sociales por las enormes esperas -de horas y días enteros- para poder dirigirse a alguien de la compañía comercializadora correspondiente y poder tramitar el cambio de tarifa y, por lo tanto, con las enormes trabas muchas veces insuperables para lograr que este se haga efectivo.

Ahora mismo y según la asociación de consumidores Facua, la diferencia es de entre un 112% y un 245% más cara la tarifa del mercado libre (que tiene el 60% de los consumidores) sobre la regulada. Pero, aunque esa diferencia es grande, aumentará más sobre todo cuando vengan los fríos intensos y las reservas de gas comiencen a agotarse. Claro que el cambio de tarifa es algo que no pasa de ser un mero parche para los estratos sociales más castigados por la crisis energética, dada la fuerte elevación de precios de conjunto, pero ni siquiera eso quieren permitir.

El vaciamiento de los pantanos les salió gratis a las eléctricas

Iberdrola -también lo hizo Naturgy en otros embalses- vació brutalmente los embalses que gestiona durante el verano de 2021 y 2022. Iberdrola, la principal compañía del sector y segunda cotizada del Ibex, redujo las reservas hidroeléctricas en más de un 30% durante el tercer trimestre de 2021, según cifras proporcionadas por la propia empresa. La CNMC emitió un informe al respecto que fue publicado en su página web bajo el título “ibewatch 3T 2021”.

En el informe se destacaba que a 30 de septiembre de 2020 el indicador de la reserva hidráulica ascendía a un 50,8%, mantenía la mitad de su reserva potencial. Pues bien, un año después la reserva bajaba 16 puntos y se quedaba en el 35%.

Todo este enorme atentado ecológico se saldó con una multa mísera de 50.000 euros por el vaciamiento salvaje en los embalses de la provincia de Ourense frente a unas ganancias que ese año rozaron los 4.000 millones de euros. Esto demuestra la inutilidad de la acción punitiva del Estado ante prácticas, que en muchos casos además son legales, por parte de compañías tan poderosas como las eléctricas. Empresas donde, además, existe una puerta giratoria política que ha llevado a multitud de ministros y cargos públicos a puestos ejecutivos una vez retirados de la política oficial activa. No se puede esperar en consecuencia que el Gobierno adopte medidas que lesionen los intereses y los beneficios empresariales de las grandes energéticas, menos por meras trabas administrativas para el cambio de tarifa, cuando apenas hizo nada al respecto del vaciamiento de los embalses.

Por todo ello, se hace vital la lucha hasta el final por la nacionalización de las empresas energéticas de la electricidad, el gas y el petróleo bajo control de trabajadores y usuarios. Sin esperar nada de un Gobierno liberal progresista cómplice político de los superbeneficios de las energéticas. Esta es la única manera de garantizar a medio y largo plazo una preservación del medio ambiente y luchar contra la amenaza del cambio climático, así como contra la crisis energética y obtener un precio realmente asequible para los hogares de las y los trabajadores y la mayoría social en bienes y servicios esenciales como la luz, la calefacción de los hogares en invierno o el aire acondicionado en verano.