Esto se dio a conocer el pasado 4 de abril, con José Antonio Romero Tellaeche al frente de la dirección general y con el consentimiento de la entonces directora general del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, ahora titular de la Secretaría de Economía.
Este cambio de inicio de operaciones, en realidad no ocurrió el 4 de abril sino 10 años antes, el 1 de enero de 2012, esto implica que los impuestos (obligaciones fiscales) que debe pagar el CIDE son retroactivos a la fecha impuesta, lo que significa millones de pesos que la institución no puede costear.
Además, no es la única institución en peligro, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amenazó con despojar de sus derechos laborales a investigadores de los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) que hay en el país, al pasarlos del apartado A al apartado B del artículo 123 constitucional para convertirlos en personal de confianza y así negarles el acceso a los beneficios del Contrato Colectivo de Trabajo, tales como la basificación y la pertenencia a un sindicato.
Para el SAT, con la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1 de julio de 2021, todas las asociaciones dedicadas a la investigación científica o tecnológica deben obtener la autorización para recibir donativos deducibles y poder tributar en el Régimen de Personas Morales. No Contribuyentes, cosa que el CIDE no hizo.
Docentes y estudiantes se pronunciaron en contra de esta decisión del SAT, mencionaron que de continuar con ella, ya no habrá becas para estudiantes, pero la medida afecta la existencia misma de la institución. Si bien, reconocemos que el CIDE es un centro elitizado y excluyente donde se han formado cuadros políticos para los gobiernos de distintos partidos y que ha jugado un rol clave en la introducción de las políticas públicas neoliberales, pensamos que las instituciones educativas son territorios en disputa desde donde pelear porque la investigación, la ciencia y la tecnología dejen de estar concentradas y monopolizadas por unos cuantos y se pongan al servicio las necesidades de las grandes mayorías.
Por lo anterior, nos preocupa que los recursos destinados a la educación van mermando sin freno, en todas las instituciones, en contraposición con los destinados a las fuerzas armadas como la Guardia Nacional, a quien además le fue condonado el Tren Maya y las ganancias que de él se obtengan, lo mismo el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
Como se menciona en esta nota: en 2015 el presupuesto del Conacyt fue de 47,071 millones de pesos; en 2016, fue de 43,753 millones; en 2017, 30,644 millones; en 2018, 28,108 millones. Y en tiempos de la 4T: el presupuesto para la ciencia en 2019 fue de 23,688 millones de pesos; en 2020, 23,082 millones; en 2021, 21,276 millones; para 2022, el presupuesto es de 21,369 millones y para el próximo año el presupuesto para el Conacyt será de 21,822 millones.
La educación básica también es afectada por la austeridad republicana
Este gobierno, igual que otrora hiciera el PRI y el PAN, justifican la militarización del país diciendo que se requiere para combatir la delincuencia y la violencia. Sin embargo, si realmente el gobierno se apostara por cambiar de raíz las causas de la delincuencia, como anunciaba en sus inicios de campaña, el presupuesto estaría mayormente destinado a la educación y a la salud, no a la militarización del país, un interés que responde, por un lado, a la política del imperialismo yanqui, que pretende evitar enfrentar una crisis migratoria y mantiene una política de prohibición del consumo de sustancias adictivas más que de prevención, y por el otro, a frenar cualquier muestra de descontento popular que pueda expresarse en algún momento.
La reducción al presupuesto en el CIDE es parte de la precarización que se viene imponiendo al sector educativo a través del recorte presupuestal y el abandono al mantenimiento de las instituciones; como en el nivel básico, cuyas escuelas han sido limitadas al presupuesto del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), mismo que beneficia al empresario Ricardo Salinas Pliego, pues su Banco Azteca es el responsable del manejo de los recursos del programa.
Frente a estas condiciones tan deplorables, estudiantes, docentes y trabajadorxs de la educación y programas culturales han salido a manifestarse en todos los niveles educativos: La Universidad Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto de Educación Media Superior de la Cdmx (IEMS), las escuelas Normales para Maestrxs en todo el país, tanto rurales como urbanas; las Universidades del Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), etc.
Desde la agrupación Nuestra Clase-Pan y Rosas, apoyamos los movimientos que se han desatado por estas y otras demandas, pues mantener la educación pública y gratuita beneficiara a la mayor parte de la población, la clase trabajadora.
Para revertir la privatización del CIDE e impedir el avance de la ruina de la educación pública, todas las instituciones educativas debemos unirnos por la recuperación de los centros de investigación para ponerlas al servicio de las y los trabajadores, bajo el funcionamiento de las y los investigadores y de quienes laboran en dichas instituciones para democratizarlas.
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