Nos encontramos en una semana crítica para la ley trans. Este jueves se debían presentar las últimas enmiendas. Su debate se realizará hasta el 18 de noviembre de 2022, fecha en la que se decidirá su aprobación, limitando así el debate en el Congreso a apenas dos semanas.

Tras los debates internos en el PSOE, con posiciones como la de Carmen Calvo, abiertamente en contra de la ley por la supuesta “inseguridad política” que sufrirían las mujeres, ahora proponen que les menores trans tengan que pasar ante un juez para que certifique la disforia de género. En la misma línea patologizadora, exigien, junto a ciertos sectores del feminismo transexcluyente, que se hagan certificados médicos y psicológicos sobre la identidad trans de cada individuo. Además proponen endurecer y alargar los procesos de doble cambio de sexo registral.

El PSOE hace suyas así posiciones de lo más reaccionarias contra esta ley. Una ley que ya había conseguido recortar en su momento (dejando fuera a las personas no binarias y migrantes) y que ahora se propone recortar todavía más en los avances que aún contenía.

Esta posición del PSOE contra los avances, aún parciales, que representa esta ley para el colectivo LGTB+, refuerza todavía más a la derecha. Sus posiciones más reaccionarias se ven respaldadas por esta supuesta “izquierda progresista”. PP y VOX se proponen recurrir esta ley ante el Constitucional, dejando en manos de la Judicatura controlada por la derecha más conservadora la restricción de los derechos de las personas trans.

Sus discursos de odio y desinformación son apoyados también por sectores reaccionarios del feminismo, una parte del “progresismo” en el gobierno e incluso sectores reaccionarios de la izquierda anticapitalista. Lobbys como Hazte Oír han vuelto a pasar la ofensiva contra el colectivo trans, sacando de nuevo a las calles su famoso bus naranja y dando discursos en redes contra las personas trans.

La ruptura entre VOX y Hazte Oír, tras la aceptación de VOX de que no se modificasen las leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid, no oculta que sus posiciones contra la diversidad sexoafectiva y de género es la misma. Vox, así como el PP de Ayuso, simplemente han tenido que retroceder gracias a la movilización del colectivo LGTBI contra este intento de ataque.

Por su parte Unidas Podemos propone respetar la autodeterminación de los menores trans desde los 16 años, así como la inclusión de personas no binarias dentro de la ley. También propone un cambio de vocabulario para el tránsito de “identidad sexual” a “identidad sexual o de género”. Más País propone que los menores a partir de 12 años no tengan que testificar ante un juez su identidad de género.

Entre estas propuestas, que recogen algunas de las demandas del colectivo LGTB+, se sigue negando incorporar a las personas migrantes trans al acceso al conjunto de derechos. Y aún queda por ver si realmente las personas no binarias y la omisión del sexo en el DNI quedan incluidas en la ley, o se quedan en meras intenciones del sector minoritario del gobierno de coalición.

Entre esta marabunta de reaccionarismo que florece en el gobierno y que fortifica a la derecha y sus aliados, los colectivos LGTB+ debemos continuar la lucha que llevamos realizando décadas. Debemos mucho a las personas trans, en especial a las racializadas y migrantes, y continuaremos nuestra lucha hasta conseguir no solo la aprobación de esta ley sino también hasta conseguir que haya una educación sexual íntegra y diversa y que las fronteras de los estados burgueses no marquen nuestra identidad. Al igual que salimos el 22 de Octubre a las calles de Madrid para reclamar nuestros derechos continuaremos saliendo el 12 de noviembre y hasta que se nos respete y reconozca.