El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 7 de septiembre de 2021 fue un parteaguas para la lucha por el derecho al aborto en el país, mismo que no puede entenderse sin visibilizar la fuerza que ha tomado esta demanda en las calles en los últimos años. Múltiples movilizaciones han hecho eco de la marea verde que en Argentina logró arrancar el derecho al aborto.

Como ya se ha dicho, este fallo no garantiza por sí mismo la despenalización del aborto, pero al marcar la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto los congresos locales tendrían que homologar sus códigos penales para que se deje de castigar el aborto.

En este marco es que se aprobaron las despenalizaciones en Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo, a lo que se suman las despenalizaciones previas en CDMX, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz; además de Coahuila que debido al fallo de la SCJN antes mencionado debía cambiar su código penal y no puede castigar a ninguna mujer que aborte, sin embargo en el código penal revisado a la fecha de esta nota siguen presentes los artículos 357, 358, 359 que criminalizan el aborto.

A lo anterior se suman los fallos de la SCJN en torno a las constituciones de Sinaloa (del 11 de septiembre de 2021) y de Aguascalientes (del 11 de octubre de este año) que declaran como inconstitucional “el derecho a la vida desde la concepción”, argumento utilizado para impedir la aprobación de la despenalización del aborto.

A la par hay entidades en las que las iniciativas para despenalizar el aborto están en la congeladora, como el caso de Puebla; además estados en los que ni siquiera hay iniciativas porque en sus congresos tienen como mayoría al conservador PAN, que en múltiples ocasiones han declarado que no tienen ningún interés en avanzar en este, u otros derechos sobre todo de las disidencias.

Por otro lado, recientemente la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) publicó los lineamientos técnicos para la atención de abortos seguros en el país edición 2022 que marcan criterios básicos para la atención en hospitales y clínicas. En ese lineamiento sobre todo recalcan la atención de abortos con medicamentos y con un proceso ambulatorio.

Dicho lineamiento podrían ser una base para las modificaciones a las leyes de salud en las entidades en las que se aprobaron las despenalizaciones, pues pese a que ello implica un avance, sin que el servicio sea garantizado como un derecho en todas las clínicas y hospitales se seguirá exponiendo a las mujeres trabajadoras, más pobres y de sectores populares a abortos inseguros, dejando el acceso solo a aquellas que puedan pagar clínicas privadas seguras.

En el resto de las entidades en las que continúa la prohibición del aborto, diversas organizaciones se han manifestado exigiendo que se discutan y aprueben iniciativas que avancen en ese sentido. En el caso particular de GIRE, con diversas organizaciones han optado por la vía de imponer amparos en 11 estados: Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, Chiapas, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Sonora, Querétaro y Tabasco.

Entre esos amparos destacan dos en particular. En Puebla el juez de distrito concedió el amparo que permite que no se puede criminalizar a ninguna persona que sea asistida, acompañada o asesorada por GIRE, CAFIS y ODESYR, lo que implica no solo una protección para las mujeres y personas con capacidad de gestar que aborten en acompañamiento de dichas organizaciones, sino también una protección al personal médico. Por otro lado, el amparo de Aguascalientes (que en términos generales pide que se proceda como la despenalización en Coahuila) lograron que sea atraído por la SCJN aunque consideran que es probable que no sea discutido en este periodo sino en el próximo. En el resto de los estados están a la espera de una respuesta.

Aunque este es un punto de apoyo para visibilizar la lucha por el aborto, y de cierta forma presionar a que la sentencia de la SCJN pueda cumplirse, llama la atención que algunas activistas estén llamando a no intervenir por la vía judicial y esperar a que se avance por la vía legislativa.

Más allá de los avances en este sentido, queda claro que todos estos no serían posibles sin la presión y movilización de miles de mujeres que exigen a nivel nacional la garantía de nuestro derecho a decidir.

Un gran momento para avanzar en nuestro derecho a decidir

Todo el contexto descrito anteriormente muestra que hay muchas posibilidades de continuar avanzando en la lucha por el derecho al aborto en todo el país, como hemos señalado es necesario el impulso de una campaña nacional por el derecho al aborto legal, que pueda conjuntar los esfuerzos de las diversas organizaciones y que coloque la importancia de que este derecho se garantice de forma plena.

Pero es necesario que dejemos en claro que las despenalizaciones no atienden la raíz del problema, pues, si no se garantiza que ese servicio se brinde de forma gratuita en todas las clínicas y hospitales públicos, acompañado de anticonceptivos gratuitos y que se brinde educación sexual integral en todos los niveles educativos (algo que pasa no solo por decretarlo sino por aumentar el presupuesto a salud y educación), seguirán siendo las mas pobres las mas expuestas a abortos inseguros o clandestinos o las que ni siquiera puedan acceder a la información de que son las mujeres y personas gestantes (y no la iglesia y el estado) quienes tienen el derecho de decidir libremente sobre sus cuerpos.

Por ello, insistimos en la necesidad de una campaña que pueda arrancar no solo que no se criminalice a las mujeres y personas gestantes que aborte, sino que de hecho se legalice y se garantice ese derecho, lo cual implica pelear también por presupuesto para el sector salud. Una campaña que ponga énfasis en que esta pelea lo que pretende es visibilizar que las mujeres mas pobres y trabajadoras tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos.