Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, agencia federal de salud pública estadounidense, el fentanilo “es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.” Se receta a pacientes que sufren dolores con demasiada intensidad, particularmente, luego de una operación quirúrgica. También se administra a pacientes con dolores crónicos que adquirieron tolerancia física a otros opioides.
Esta sustancia, por su efecto fisiológico superior a la heroína, también es fabricada ilegalmente en laboratorios clandestinos por los cárteles de narcóticos, en particular, aquellos que distribuyen fentanilo en los mercados ilegales de drogas. Para el National Institute on Drug Abuse, en 2017, el fentanilo “fue parte del 59.8 % de las muertes relacionadas con opioides, comparado con el 14.3 % en 2010”.
Tal vertiginoso auge en el uso de esta droga en la última década, tiene que ver con el reducido costo de su fabricación: un kilogramo de origen chino, cuya pureza es del 90 por ciento y su valor de 3 mil 300 a 5 mil dólares, puede ser rebajado o mezclado con otras drogas, transmutándose en un nuevo producto de 16 a 24 kilos, con posibles ganancias de entre 1.2 y 1.9 millones de dólares.
Entre las drogas ilegales con las que se mezcla para su multiplicación, está la cocaína, la metanfetamina, la heroína y la MDMA, ya que una muy pequeña dosis de fentanilo produce el efecto placentero comúnmente conocido como el “high”.
Por otra parte, la droga es potencialmente causante de farmacodependencia, muchísimo más que la heroína, pudiendo causar adicción con peligrosa rapidez entre sus consumidores.
Trasiego y conexión con el mercado internacional
Estados Unidos es el primer consumidor de fentanilo en el mundo. La droga llega desde China a través del Océano Pacífico, y México es utilizado como una de las rutas de tráfico por su frontera con Norteamérica.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional, el opioide chino llega a nuestro país a través de los puertos de Lázaro Cárdenas, (Michoacán), Manzanillo (Colima) y Puerto Vallarta (Baja California).
De ahí, pasa hacia las aduanas y conexiones fronterizas de Mexicali y Tijuana (Baja California), y Sonoyta y San Luis Río Colorado (Sonora). Pero, otras de las rutas frecuentes, aunque en menor medida que las primeras, serían las de la Península, a través de Puerto Vallarta o Mazatlán, para que, desde allí, la mercancía parta, vía marítima o aérea, hacia Baja California Sur, y posteriormente a Mexicali, Tijuana y Tecate.
Además, se ha detectado que el fentanilo puede llegar también por rutas aéreas, principalmente a los aeropuertos de Culiacán y de la Ciudad de México.
Los grupos del narcotráfico dominantes en el trasiego de fentanilo en nuestro país son el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, que también lo distribuyen dentro de las fronteras mexicanas debido al creciente consumo interno.
El gobierno federal ha informado que los laboratorios clandestinos de fentanilo están aumentando en México, ubicándose principalmente en zonas urbanas. Tan sólo en el año 2020, la SEDENA destruyó 175 laboratorios, más del doble que los destruidos en el 2019. Este aumento está directamente relacionado con que el gobierno chino prohibió el opiáceo y todos sus derivados en el 2019, y si bien la droga sigue viajando por el océano Pacífico, los cárteles mexicanos buscaron alternativas para seguir multiplicando su distribución.
La crisis de los opioides y capitalismo voraz
En el 2019, ocho miembros de la familia Sackler, dueños de la farmacéutica Purdue Farma, fueron demandados por más de 500 ciudades y condados de EE.UU. por "ayudar a crear la peor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos". La empresa fue acusada de sobornar a cientos de doctores y distribuidoras farmacéuticas para que recetaran uno de sus fármacos analgésicos, el OxyContin, creado a base de opiáceos, por lo que tuvo que pagar una multa por 270 millones de dólares. La firma pedía a los doctores relajar las prescripciones médicas, promoviendo el uso irresponsable entre la población estadounidense del fármaco potencialmente adictivo.
El OxyContin fue creado en 1995. A partir de entonces, las ganancias para la familia Sackler dieron un exponencial salto, convirtiéndose actualmente en una de las familias más ricas de EE.UU. Tan sólo en el 2012, los médicos del país del norte firmaron 282 millones de recetas de OxyCotin, una cifra equivalente a más de la mitad de su población.
Si bien este analgésico opiáceo no es fentanilo, la masiva “invasión” de opioides entre la población de EEUU, patrocinada por el poderoso laboratorio y otros más, sentó las bases para la dependencia y eventual adicción de los productos sintéticos derivados del opio, expandiéndose el consumo principalmente del fentanilo que, al ser proporcionado por los distribuidores estadounidenses de drogas sin que el consumidor tenga que acudir al médico por una receta, se popularizó entre los millones de consumidores estadounidenses.
De esta manera la CDC reportó que diversos tipos de opiáceos fueron recetados en gran medida a pacientes en todo el país en las últimas dos décadas: en el año más alto (2012), el número de recetas superó los 255 millones, es decir, 81.3 recetas por cada 100 estadounidenses.
Los mismos reportes muestran que Virginia Occidental tuvo la tasa más alta de muertes por sobredosis de drogas en el país: 57.3 muertes por cada 100,000 personas en 2017, más del doble del promedio nacional (21.7) En esta región, por si fuera poco, predominan los casos entre los trabajadores de la despiadada industria minera.
Otro de los factores que han posibilitado esta crisis de adicción es la nula regulación de los servicios médicos. En Estados Unidos no existe una cobertura sanitaria universal. Se estima que hay más de 45 millones de personas sin ningún tipo de seguridad social, de manera que, la vida de millones de ciudadanos es puesta en manos del poderoso oligopolio de la salud, compuesto por laboratorios, seguros, hospitales y clínicas privados, quienes no administran la sanidad del país de acuerdo con las necesidades de la población, sino según su sed de ganancias. En ese sentido, la crisis de drogadicción, es el resultado de una política estructural del sistema capitalista.
Repercusiones en México y militarización del país
A partir de los acuerdos entre Beijing y Washington para tener un mejor control de la distribución de los opioides de China a Estados Unidos, los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco comenzaron a tener mayor protagonismo en la satisfacción de la demanda de fentanilo en el vecino del norte. Los grupos delincuenciales comenzaron a importar precursores químicos procedentes de China para la fabricación local en laboratorios clandestinos y posteriormente redireccionarlos al poderoso mercado de consumidores estadounidenses. Esto comprueba que la militarización de los puertos, aeropuertos y aduanas que el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo no está sirviendo para combatir el flujo de drogas, pero sí para la deportación de cientos de migrantes.
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Así, mientras las farmacéuticas chinas y estadounidenses y los cárteles del narcotráfico obtienen ganancias millonarias, jóvenes mexicanos y norteamericanos copan los cementerios. Entre tanto, el ejército en nuestro país perpetúa su poder y control sobre la población, y particularmente las fronteras. Aunque lo hace en un marco de descrédito por su papel represivo como se asienta en los informes sobre el caso Ayotzinapa y el hackeo informático a la Sedena ejecutado por el grupo Guacamaya, que muestran evidencias de la colusión militar con el crimen organizado.
El capitalismo mata...
No caben dudas, la situación que atravesamos con la violencia narca y la crisis de drogadicción como parte de un mismo lastre a un lado y otro de la frontera, está en proporción directa con la putrefacción del capitalismo, un sistema que ha mostrado una y otra vez que la sangre del pueblo trabajador se derrama entre los dedos de sus magnates multimillonarios y los gobernantes que los representan en cada parlamento.
Y en este marco, el poder que el gobierno mexicano está otorgando a la estructura militar, corrupta de arriba a abajo, aunado a la degradada situación económica actual que horada nuestro nivel de vida, educación y salud, es la fórmula que está detrás de la barbarie sanitaria que enfrentamos hoy día.
Por lo tanto, es urgente que la clase trabajadora desarrolle su combatividad y tome el control de sus propias organizaciones, independizándolas del gobierno y sus instituciones laborales, para, como primera medida, exigir e imponer a sus actuales direcciones sindicales, incluso reemplazando a las que se opongan, un gran movimiento nacional contra la militarización del país, en unidad con los ya existentes movimientos por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres y las disidencias, los movimientos ambientalistas y todos aquellos sectores que hoy luchan por sus derechos y este orden de precariedad y muerte que nos han impuesto; peleando juntos porque los millonarios recursos asignados a las instituciones militares y policiales se direccionen al sistema de salud pública y a la educación.
Sería un gran paso en el camino de poner de cabeza el sistema de explotación que nos oprime y nos oliga a vivir en la miseria e insalubridad: el control de los trabajadores y demás sectores del pueblo pobre, de la economía y la producción es la única e impostergable salida, es decir, con gobierno de los de abajo, vale decir.
Estamos convencidos que, si desde la clase trabajadora logramos colocarnos a la altura de las circunstancias, rompiendo la desunión y presentando batalla contra a este sistema putrefacto, podremos ponerle un freno a que la situación empeore y seamos los de abajo, quienes paguemos las consecuencias con más sangre de nuestra clase.
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