Este fin de semana fue asesinada María Carmela Vázquez, de 46 años, integrante del Colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo, Guanajuato. El crimen ocurrió afuera del domicilio de María, quien buscaba a su hijo desaparecido desde el 14 de junio de 2022. El Colectivo Personas Desaparecidas confirmó el suceso horas más tarde.

Guanajuato es una de las 13 entidades que fueron visitadas por el Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada en agosto pasado. Tras la visita, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, destacó la violencia que enfrentan activistas y familiares que buscan familiares desaparecidos en la entidad.

Este caso no es aislado. Se suma a los casos de madres buscadoras asesinadas como Esmeralda Gallardo, ultimada en el mismo lugar donde desapareció su hija, en Puebla. Aranza Ramos, integrante del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora también fue asesinada y su crimen condenado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que hasta la fecha haya avance en las investigaciones que den no sólo con los responsables materiales, sino también con los autores intelectuales y todos los responsables.

Zenaida Pulido, asesinada en julio de 2019 en Michoacán, María del Rosario Zavala, asesinada en febrero de 2020 en Guanajuato; Ana Luisa Garduño, asesinada en Morelos en enero de 2022; Brenda Beltrán, asesinada en Ciudad Obregón en julio de 2022 y Rosario Lilián Rodriguez, asesinada en agosto de 2022, son otras de las madres buscadoras que han sido víctimas de la violencia y la impunidad.

A pesar de la violencia y cifras que rodean Guanajuato, su gobernador, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, fue considerado en agosto de este año "uno de los mejores gobernadores" según empresarios agrupados en la Concamin.

Colectivos de familiares y madres buscadoras, así como defensores de derechos humanos, han señalado la indolencia de las autoridades, la falta de protocolos de atención a víctimas que, a pesar de la creación de comisiones nacionales y locales, resultan letra muerta al no garantizar la seguridad de quienes buscan a sus familiares.