La Corte Suprema de Justicia falló a favor de Luis Juez, senador del PRO, en la disputa con el Frente de Todos por uno de los lugares en el Consejo de la Magistratura que le corresponde a la segunda minoría del Senado. La dura crítica a Cristina Fernández en esta decisión no se puede leer por fuera de estar cerca a la resolución del juicio “Vialidad”. La batalla por el Consejo de la Magistratura es una de las muchas que componen la gran pelea en las alturas entre el Poder Judicial y el kirchnerismo, cada vez más lejos de los problemas graves que tienen las grandes mayorías populares, y más preocupados por autopreservarse.
La decisión fue de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, sin el voto de Ricardo Lorenzetti, quienes señalaron que “Resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre –y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación– la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente Pro”.
La disputa por quién controla a los jueces
Esta pulseada entre la Corte Suprema, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por los asientos del Consejo de la Magistratura comenzó en diciembre de 2021 cuando la Corte decidió que la última ley que reformó ese cuerpo en el 2006 era inconstitucional, ordenándole al Congreso sacar una nueva ley y en caso contrario, volvería a estar vigente la ley anterior, que fue efectivamente lo que sucedió. Desde abril de este año el Consejo de la Magistratura quedó presidido nuevamente por el presidente de la Corte Suprema, y obligó a senadores, diputados y otros que conforman el Consejo, designar nuevos miembros para completar los 20 consejeros en total.
Frente a la posibilidad de que el Gobierno quede en minoría con la nueva composición del Consejo de la Magistratura, el Frente de Todos decidió dividir su bloque de senadores para que Martín Doñate ocupe el lugar reservado para el bloque en la segunda minoría, designación firmada por Cristina Fernández en su carácter de Presidenta del Senado, contra el candidato Luis Juez por el bloque Frente PRO. Una maniobra de último minuto frente a la derrota que había sufrido el kirchnerismo a manos de la Corte en esta pulseada.
Luis Juez, presentó una acción de amparo para anular la designación de Doñate frente a los jueces del fuero en lo Contencioso Administrativo federal. En esta instancia el planteo fue rechazado por considerar que no era materia judicializable la designación de los representantes legislativos en el Consejo. Luego de apelar a la segunda instancia que confirmó el rechazo, Juez presentó un recurso de queja ante la Corte que finalmente le dio la razón en el fallo de hoy revocando la designación de Doñate.
El principal fundamento de la decisión fue que al momento del fallo de la Corte en diciembre de 2021 que retornaba a la vieja composición el Consejo de la Magistratura, la segunda minoría era el Frente PRO, afirmando que “El accionar de la Presidencia del Senado constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció́ en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional”.
Este nuevo capítulo vuelve a mostrar cómo los jueces supremos reafirman su poder para controlar nada más ni nada menos quiénes son los miembros del Consejo que designa y podría remover jueces federales. Del otro lado, el Frente de Todos pelea codo a codo con Juntos por el Cambio cada asiento, con maniobras administrativas y judiciales, pero no cuestiona lo que el Consejo de la Magistratura implica: que las negociaciones políticas y no la voluntad popular sea la que decida quiénes ocupan cargo de jueces y quiénes deben ser removidos. Las propuestas de ampliación de la Corte que hizo el kirchnerismo -que naufragaron en el Congreso- ni cuestionaban los privilegios ni el rol de la misma ejerciendo un poder "contramayoritario", simplemente buscaban tener más poder de maniobra sobre sus miembros y de esta forma contrarrestar las decisiones adversas para el Gobierno.
Noviembre de decisiones judiciales
La discusión sobre el Consejo de la Magistratura sucede en un mes complicado judicialmente para la vicepresidenta, ya que se acerca el final del juicio por la obra pública vial en Santa Cruz, donde los fiscales pidieron una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua por defraudación al Estado y asociación ilícita. La sentencia de primera instancia vendría antes de fin de año, mientras Casación tiene audiencias para escuchar la apelación al sobreseimiento de los funcionarios kirchneristas en las causas Memorándum con Irán y Hotesur/Los Sauces.
Por otra parte, la decisión de los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens ordenando la liberación de miembros de Revolución Federal y mantener esa causa separada de la investigación sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, fue muy criticado por el kirchnerismo, el Presidente, e incluso la vicepresidenta hizo referencia en su discurso el viernes pasado remarcando que se evita investigar y que la "justicia la prefiere como acusada y no como víctima".
La Corte afirmó hoy que: “No puede dejar de mencionar este Tribunal que la realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un redito o beneficio ilegitimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso, con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático (artículo 36 de la Constitución Nacional)”.
Las duras palabras con las que la Corte Suprema describe a Cristina Fernández en la decisión sobre Doñate pueden ser preocupantes para la vicepresidenta y no solo por perder un consejero: podrían abonar sentencias duras en un futuro no muy lejano.
El Poder
Quienes enarbolan la “lucha contra la corrupción” utilizan causas judiciales contra funcionarios del exgobierno de Cristina Fernández, pero las causas que investigan al gobierno macrista quedan en la impunidad.
Así, fiscales y jueces utilizan causas con discrecionalidad política para perseguir a algunos, y dejar tranquilos a otros, muy lejos de investigar profundamente los negociados que existen bajo todos los gobiernos con, por ejemplo, la obra pública y los grandes empresarios de la construcción. Jueces que son designados por el Consejo de la Magistratura, compuesto por diputados, senadores, abogados, jueces y la Corte Suprema. Un círculo cerrado entre la casta judicial y los partidos tradicionales que gobiernan, que es ajeno a la voluntad popular que se podría expresar con jurados populares o la elección directa de los jueces como propone el Frente de Izquierda, y ajeno también a las necesidades e intereses de las grandes mayorías que padecen enormes injusticias agravadas por el brutal ajuste del Gobierno del Frente de Todos y avalado por Juntos por el Cambio. |
