La China tiene 43 años de edad y es venezolana. Al igual que muchas y muchos de sus compatriotas, se fue de su país de origen en busca de mejoras en sus condiciones de vida y la de sus familias. Llegó a Argentina con su marido y dos hijos. A fines de diciembre de 2020 fue detenida. La caratula es homicidio agravado por el vínculo. Esto sucedió tras haber experimentado lo que se denomina por especialistas como "parto en avalancha".
Lo que denuncia la china, y las organizaciones que la acompañan, es que el Poder Judicial (una vez más) transformó una emergencia obstétrica, y una situación que requiere atención de la salud, en un delito. La China sostiene que no estaba al tanto de su embarazo, y no tenía conocimiento de haber expulsado un feto. Ya van a hacer dos años que se encuentra detenida en un penal de Ezeiza.
Desde el primer día sufrió tratos denigrantes por parte de personal policial y penitenciario, sin las atenciones que su estado de salud amerita. Debió sostener tratamiento psiquiátrico a causa de la situación de encierro en que se encuentra y la imposibilidad de continuar acompañando a sus hijos en el cotidiano.
Recientemente escribió una carta para que su caso se conozca. En uno de sus fragmentos sostuvo: "... Quiero que entiendan que somos inocentes porque nosotras no vimos, no sentimos, no escuchamos. Porque ni yo ni las que están en mi misma situación nunca supimos que estábamos embarazadas (...) Hoy estoy de pie y sigo adelante porque no puedo bajar los brazos (...) Sé que lo que me pasa interiormente en mi cuerpo y mente les pasa a millones de personas que somos mal vistas por una sociedad y una ley un poco ciega a las realidades que un ser humano puede padecer (...) Gracias por el apoyo que me puedan dar (...) Quiero que se sepa que no soy la única..."
No es un caso aislado
Efectivamente, La China no es la única. La primer imagen a la que remite esta historia es la del caso Belén: en 2014, una joven argentina de 27 años acudió a urgencias en un hospital público de la provincia de Tucumán por una grave hemorragia vaginal. El médico de guardia le diagnosticó un aborto espontáneo, pero la joven, conocida como Belén, fue acusada de haberse deshecho del feto en uno de los baños del hospital. La Policía la detuvo y la justicia local la condenó a ocho años de cárcel por "homicidio agravado por el vínculo" en un proceso plagado de irregularidades.
Recién en 2017 fue absuelta, luego de una incansable lucha del movimiento feminista, que levantó bien alto la bandera de "libertad para Belén, presa por ser mujer y pobre". Al ser absuelta sus palabras fueron: "¿ahora quién me va a devolver los tres años que pase encerrada?". La respuesta es que nadie lo hará.
Un estudio de 2020 del CELS, el Centro Universitario San Martín (CUSAM), junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, reveló que en el país existen 1532 causas de aborto y 37 posibles eventos obstétricos criminalizados en diecisiete provincias. La enorme mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables. Es criminal el contraste que existe entre magistrados del Poder Judicial que ostentan privilegios, y la vida de mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema, sobre las que deciden, sin formación y conocimiento, sin perspectiva de género, muchas veces re victimizándolas y otras tantas, como en este caso, culpabilizándolas.
Nada tiene que venir a hacer el Poder Judicial, con su punitivismo, en casos como el de la China, el de Belén, y el de tantos otros cuerpos gestantes, que necesitan de atenciones de salud y acompañamiento. Una vez más, cuando llega el encierro, y la pena, cuando una mujer ingresa al circuito penal, existe toda una historia de destrato y abandono del Estado, mucho antes.
Desde hace varios años el movimiento de mujeres y Disidencias se organiza contra estos atropellos criminales. Podemos decir con orgullo que logramos arrancar con nuestro movimiento en las calles el acceso al aborto legal seguro y gratuito, que acompañamos luchas tan valiosas como la que se mencionaba más arriba de Belén, o la de la absolución de Higui y el juzgamiento a los magistrados del caso Lucía Perez.
Mañana comenzará el juicio oral y público, luego de dos años de prisión, por parte del Tribunal Oral Criminal Nro 30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diversas organizaciones convocan a movilizarse a sede de tribunales a las 09:30 hs. A los fines de exigir Justicia para La China. | 
