Ya comenzó la negociación anual entre el gobierno y la mesa del Sector Público de la CUT (MSP), encabezada por dieciséis gremios, quienes representan a un millón de trabajadores públicos de distintos sectores: educación, universidades públicas, salud hospitalaria y municipal, entre otros. Esta vez se da en el marco de una situación económica y política que tanto a nivel nacional como internacional (pandemia, guerras, fuga de capitales) está atravesada por el encarecimiento de la vida y la reducción del poder adquisitivo de los salarios debido al golpe inflacionario que en Chile supera el 12% y donde el sueldo mínimo de 400 mil pesos es totalmente insuficiente.
De hecho, según datos del boletín estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas el poder de compra de las y los trabajadores se ha reducido en un - 2.3%. Debido a este escenario económico, es que la MSP propone en su pliego un reajuste equivalente al IPC más el 3% de reajuste real - “IPC+3%"- lo que apunta a recuperar el 12% de inflación más un aumento real de 3 puntos para el poder adquisitivo. Sin embargo, el presupuesto público del gobierno se está reajustando en base al IPC proyectado para el 2023 (6.3%) que ronda la mitad del aumento del costo de la vida de este 2022.
Además de esto, otros puntos del petitorio que son transversales serían: un piso salarial mínimo para funcionarios auxiliares, administrativos y técnicos de 550,600 y 650 mil pesos respectivamente, o, la conformación de una mesa de trabajo para instaurar la reducción de la jornada laboral a 40 horas, cuestión que actualmente sólo aplica en su discusión parlamentaria para el sector privado.
En uno de los gremios más grandes de esta negociación ramal, estamos las y los trabajadores de la Atención Primaria de Salud (APS) municipal, la CONFUSAM, que abarca 50.000 funcionarios y funcionarias a lo largo de Chile. Particularmente aquí existe una oposición a la propuesta del gobierno que para el financiamiento de los centros y sus respectivos recursos ha propuesto $100 más por sobre un aumento del 6.3% del monto per cápita basal anterior ($9048), es decir 9.718 pesos que dista de un reajuste del 12% (según IPC) que sería del orden de $10135, ambos montos lejanos a la recomendación, por ejemplo, del Colegio Médico que plantea un per cápita de 12 mil pesos u otros estudios que lo ubican en 12.500.
Considerando ambos aspectos, el que responde a las necesidades salariales y el financiamiento estructural para el desempeño de las y los trabajadores de la APS en servicio de sus pacientes, es que los principales dirigentes de la CONFUSAM, Gabriela Flores (presidenta) y Esteban Maturana (vicepresidente) hacen un llamado a que el gobierno “cumpla sus promesas de campaña” y refuerce la atención primaria de salud, sobre todo pensando en el propio programa de Boric de universalización de la APS. Al mismo tiempo que interpelan a parlamentarios a “dejar intereses partidistas, como han hecho alcaldías pro gobierno” y que voten en contra de este presupuesto el día martes 15 de noviembre.
Estos son los principales motores para la convocatoria a movilización y paro de advertencia (24 horas) de las federaciones de la Quinta Región y Metropolitana para marchar desde la Plaza Victoria al Congreso en la ciudad de Valparaíso a las 11.00 am de este martes 15 de noviembre con el fin de presionar para que se rechace la propuesta del ejecutivo.
¿Cómo saldremos a ganar nuestras demandas en un escenario político y económico adverso?
Este puntapié, a nivel nacional, a movilizarse viene precedido por los ejemplos contra la resignación pre y post plebiscito de las y los funcionarios de la comuna de San Bernardo que paralizaron 11 días y levantaron organismos de democracia directa como el caso de la mesa de delegados por servicio del CESFAM Carol Urzúa; o el caso de los centros de Salud de Viña del Mar que el 7 del presente mes iniciaron paro y movilizaciones. Ambos casos enfrentando esa resignación a las condiciones de trabajo y carencia de recursos, medicamentos e insumos, cuestiones que se enmarcan en ambientes de agobio e inestabilidad laboral (contratas, honorarios, reemplazos) que golpean la salud mental de miles de trabajadores.
Como decíamos antes, es una negociación ramal de 16 gremios, pero que históricamente se ha mostrado frágil en su cohesión cuando el gobierno busca "quebrar" la mesa ofreciendo concesiones focalizadas a los gremios más pequeños, cuyos dirigentes velan por intereses sectoriales y no por la unidad y coordinación junto a las bases para que las demandas transversales sean cumplidas en base a una fuerte movilización, cuando hablamos que somos alrededor de 1 millón de trabajadores y trabajadoras del sector público.
Desde quienes buscamos esa unidad y coordinación, desde la Agrupación de trabajadores de salud “Abran Paso” planteamos, como lecciones previas, que es urgente y necesaria la mayor democracia de base y asambleas donde se discutan tanto los “números” de la negociación como los métodos a seguir, el cómo fortalecer la movilización y la coordinación de trabajadores y la comunidad. Una coordinación para enfrentar el encarecimiento de la vida como propone la Coordinadora de Trabajadores Unidos de la Zona Sur y el Sindicato de Starbucks, Burger King y otros de la comida rápida, perteneciente al sector privado articulado en la CUT.
En este sentido discrepamos con las dirigencias nacionales de los gremios de la salud como las CONFUSAM o FENATS o FENACOOR que mantienen alejadas a las bases entre sí, fragmentado al movimiento, por lo que se requiere de la conformación de delegaciones de base y coordinaciones entre los distintos centros de salud y los demás sectores para enfrentar en unidad, como un solo puño las políticas de ajuste y “responsabilidad fiscal” del gobierno de Boric y los partidos del régimen, con el objetivo de dar un ejemplo de cómo enfrentar la crisis económica, para que no seamos las y los trabajadores quienes carguen con esta y se ajusten los cinturones, sino los grandes empresarios -que abultaron sus billeteras en pandemia- quienes vean realmente afectadas sus billeteras de miles de millones de dólares, pero en función de las necesidades de las grandes mayorías.
Pero el arreglo salarial o de los presupuestos para las instituciones públicas no termina resolviendo la crisis de representatividad, de corrupción y de gestión que las atraviesa. Es así que desde la Agrupación Abran Paso reivindicamos y realzamos el proceso de gestión y control de la producción que se lleva a cabo en Paillaco en la Ocupación Productiva del Fundo Huite, administrado entre trabajadores agricultores y lecheros del Sindicato Chilterra y la comunidad mapuche quienes en medio de la crisis internacional de alimentos se han unido y están administrando y produciendo sin la necesidad de dueños ni gerentes ni jefaturas, un potente ejemplo para enfrentar la situación y que la crisis no la paguen los trabajadores y de que somos capaces de manejar el funcionamiento y los recursos de nuestros centros de trabajo, lejos de las manos sucias y avaras de empresarios o autoridades de turno.
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