Sabemos que no es un caso aislado, entre los 12 feminicidios que hay todos los días en nuestro país. Nosotras y nuestras colegas, amigas, hermanas, madres, hijas y alumnas, estamos en riesgo permanente.
Mientras el gobierno de la CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum -una de los presidenciables para el 2024- se posiciona supuestamente “a favor de las mujeres”, planteando su intención de “hacer justicia” mediante castigos individuales, pero continúa profundizando medidas que mantienen las terribles condiciones de vida que favorecen la violencia que recae sobre nosotras.
Lo vimos la semana pasada cuando envió granaderos -cuyo agrupamiento se decía extinto- a reprimir a las normalistas que exigen justicia para Beatriz, alumna de la Normal Rural Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala, asesinada por la policía en una manifestación donde las estudiantes luchaban por más presupuesto y transparencia en los magros recursos asignados a su escuela.
Lo vemos también en los programas sociales, donde un ejército de jóvenes recién egresadas de las universidades, trabajan sin los mínimos derechos laborales en las colonias más marginadas de la CDMX sin ninguna garantía de seguridad, poniendo en riesgo sus propias vidas.
Lo padecemos todos los días las maestras de escuelas públicas y privadas, que vemos nuestros derechos cada día más mermados. La precarización laboral se viene profundizando con las terribles exigencias de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) para acceder a una plaza docente, a un incremento de horas o a la promoción para tener un mejor ingreso, en el caso de las maestras de educación básica.
Las maestras de educación superior están peor, pues sus condiciones laborales son mucho más precarias, ya que en algunos casos ni siquiera son consideradas trabajadoras -como es el caso de las maestras de las UBBJ, a las que se considera como ’beneficiarias’ de un programa social-. Lo mismo las maestras de escuelas privadas a quienes se les niegan los derechos laborales más elementales y reciben salarios miserables.
Las trabajadoras debemos enfrentar además condiciones muy duras cuando padecemos alguna enfermedad, como es el cáncer, que afecta a miles de mujeres y cuyas cifras en nuestro país se han incrementado enormemente luego de la pandemia. No podemos acceder a servicios de salud oportunos -aun contando con servicio médico, como es el caso de las maestras-, no nos otorgan licencias médicas para podernos recuperar adecuadamente, forzándonos a trabajar en condiciones inhumanas por la debilidad que nos provoca el tratamiento, y un largo etcétera que pone de manifiesto que la defensa de nuestra salud y nuestras vidas no está dentro de las preocupaciones de gobierno ni de las autoridades educativas.
Maestras, organicémonos y tomemos las calles
En el caso del sector educativo, el incremento de la violencia al interior de las escuelas y el rezago educativo se ha recargado sobre la espalda de miles de maestras, pues las condiciones en que llevamos a cabo nuestra labor son iguales o peores que antes de la pandemia, así como los problemas que enfrentamos: la deserción escolar -que ha dejado fuera de las aulas a miles de estudiantes-, los embarazos adolescentes que también se incrementaron en los últimos años producto de la falta de educación sexual integral y de la negación de nuestro derecho a decidir, y la falta de acceso a derechos elementales como el derecho a una alimentación que permita el óptimo desarrollo de las niñas y niños son algunos ejemplos.
Hace solo un mes circuló en medios de comunicación el caso de la maestra que sufrió un apuñalamiento en una escuela en Iztapalapa, mientras las autoridades educativas se apresuraron a responsabilizar a los adolescentes y padres de familia de la falta de “valores” y a emitir protocolos basados en el reforzamiento de la vigilancia pero que no mencionan ni una línea sobre cómo atender los graves problemas que aquejan a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Las escuelas carecen hasta de lo más básico, no hay médicos ni psicólogos que puedan atender la salud física y emocional de nuestros chicos y chicas, que luego de la pandemia se vio gravemente afectada, pues la violencia en los hogares aumentó considerablemente con el confinamiento -incluida la violencia sexual contra nuestras niñas principalmente- de la mano de los padecimientos producto de los despidos, rebajas salariales y ahora de la alta inflación, que han afectado a las familias.
La violencia está presente en muchos lugares, y cuando las mujeres se atreven a organizarse y luchar para combatirla continua la represión y criminalización, como sucedió con las alumnas del CCH Sur que denunciaron violaciones y abusos en el interior del plantel, llevando a cabo asambleas y paros mientras las autoridades de la UNAM se encargaron de poner toda su energía en evitar que creciera el movimiento contra esta situación. O como sucedió con las alumnas de la FES Acatlán, sobre quienes se ejerció violencia sexual para evitar que siguieran defendiendo sus derechos y la educación pública.
Y es que las mujeres debemos tenerlo claro. No podemos esperar que el gobierno, por más rosa que pretenda pintarse, frene la ola de violencia que sigue creciendo ante nosotras, sobre todo porque forman parte de ella. Un gobierno que, como los anteriores, nos precariza, nos violenta y nos criminaliza.
Por eso tenemos que organizarnos, en las escuelas y centros de trabajo. Alumnas, maestras, madres de familia necesitamos poner en pie comisiones de mujeres en cada lugar donde estemos. Necesitamos unirnos con las mujeres de otros sectores, con nuestros compañeros y compañeras para tomar las calles este 25 de noviembre en defensa de nuestros derechos. ¿Te sumas?
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