El perjuicio social y económico hacia los obreros del gremio minero, sumado a los daños a la salud de la población causados por la contaminación ambiental y el propio daño al ecosistema, están ligadas y son consecuencia del manejo turbio de la industria minera en México. Las empresas han violado los contratos colectivos de trabajo (CCT) y han incumplido en múltiples ocasiones con ellos, además del despojo de tierras a los pueblos originarios y la entrega de concesiones a las grandes compañías mineras, nacionales o extranjeras. Y es que desde 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se modificó el artículo 27 constitucional, abriendo las puertas a décadas de explotación a manos llenas.

Voracidad capitalista y violación de derechos laborales

Tuvieron que pasar 30 años de neoliberalismo ─sin dar por descontados los abusos y despojos practicados durante las décadas previas del priísmo “nacional-desarrollista”─ un largo historial de abusos patronales y una pandemia para develar la impunidad de las empresas y los dueños de las concesiones de miles de pozos, cuevas y minas, que han explotado a tal magnitud, que ahora el gobierno de la 4T y el senador y líder del gremio minero, Napoleón Gómez Urrutia, han tenido que presentar una propuesta “alternativa” luego de 4 años de gobierno ¿por qué hasta ahora?

Las históricas huelgas de mineros en Cananea, Sombrerete y Taxco contra Grupo México han sido contenidas y desarticuladas por la conciliación con los empresarios y autoridades laborales y ambientales, que nunca han atendido de forma directa las demandas. De tal forma que, la propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia en materia de concesiones, pretende reducir la vigencia de concesiones mineras, de 50 a 15 años, pero sin tomar acciones legales contra quienes promueven la devastación ambiental y la violación de los derechos humanos y laborales, ni mucho menos, como esperarían sus agremiados, plantear la necesidad de pelear por mejorar las condiciones de existencia de los trabajadores mineros.

Sin embargo, el gremio se ha mantenido firme, mostrando solidaridad, ya sea con miembros sindicalizados o no (esto en donde ha pasado? Cuando? Hay que sustentarlo). En los últimos años se ha demostrado que el de la minería es un trabajo clave para la economía nacional e internacional, pero también ha dejado ver que no se cuenta con la suficiente infraestructura, equipo y herramientas de trabajo para evitar poner en riesgo la vida y salud de los trabajadores mineros, que viven la precarización laboral y violaciones a sus derechos humanos. .

Pero la voracidad e impunidad de las empresas tanto nacionales como extranjeras, continúa con la extracción de minerales y explotación del personal operativo, en el marco de que las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo son terribles o inexistentes. Sin un aumento significativo en su sueldo y prestaciones para el conjunto de trabajadores mineros, medidas legales como la propuesta por el senador Gomez Urrutía de reduccir de tiempo concesionado, no garantiza que el gremio no siga siendo explotado con un sueldo que no alcanza para la canasta básica. Es decir, esta propuesta no ayuda a erradicar de fondo las problemáticas más sentidas de la clase trabajadora minera.

Concesiones y subordinación imperialista

En México, la regulación y entrega de concesiones a empresas mineras, es muy laxa y condescendiente, dota a los empresarios de libertad para obligar a los trabajadores a laborar en condiciones de riesgo, por otro lado, gozan de gran impunidad y su contribución fiscal es mínima.

Surgen muchas preguntas en materia de si podrán o no lograrse la conciliación entre las partes, sobre todo por la política pro empresarial que ha sido constante gobierno tras gobierno, incluso el de la 4T, ¿Por qué se les sigue concesionando?, ¿Será verdad que por incumplimiento de condiciones laborales, se les cancelará la concesión? ¿Qué pasa con todo el daño ocasionado al ecosistema?

Es sabido por muchos que se obtienen cuantiosas ganancias, por lo tanto, no es casualidad que los empresarios más ricos del país y del mundo se adueñen de los yacimientos para la explotación minera, además de que se trata de la apropiación de los terrenos de los pueblos originarios que les fueron “concesionados”, y a partir de esas cuantiosas ganancias tienen una base de capital suficiente para gestionar otros de sus tantos negocios, como lo son el sector inmobiliario, turísticos, etc.

Así que, la propuesta de disminuir los años en las concesiones, de 50 a 15 años, del senador Gómez Urrutia, para nada garantiza el cumplimiento en la larga lista de demandas legítimas de los trabajadores y en definitiva las empresas y sus dueños resultan intocables, pues, a cambio de esa prpuesta engañosa, se garantiza el mantenimiento de las condiciones de superexplotación del trabajo asalariado, de los recursos naturales del país y del robo legalizado de las tierras de los pueblos.

¿Momento de rupturas o de mayor conciliación?

Que las autoridades gubernamentales logren la “paz laboral” entre las grandes empresas y la población trabajadora, no radica en reducir los años en los que una empresa extraiga recursos, o más bien se trata de la participación del senador en la “guerra de clases” en el proceso productivo, el cual se revestiría así de nuevas formas para garantizar la ganancia capitalista, haciéndonos creer que destinarán grandes cantidades de inversión, para “mejorar” el proceso y la seguridad de los trabajadores, garantizándoles salarios justos. Mientras el saqueo y la devastación de los recursos naturales no pare, seguirán los megaproyectos y las concesiones a las grandes empresas, sin una correcta administración de la infraestructura hidráulica.

El modelo extractivista que lo único que provoca es devastación y sometimiento de la clase trabajadora, mantiene las condiciones de precariedad, al mismo tiempo que perpetúa el sauqo de los recursos naturales y la contaminación del agua y la tierra afectando a quienes viven cerca de zonas mineras, lo que afecta únicamente a la salud y bienestar de familias campesinas y trabajadoras.

Este daño no se ve reflejado en sus salarios ni en infraestructura para la comunidad, sino que las ganancias que generan las mineras trasnacionales se van a las casas matrices en Canadá, Estados Unidos y otros países. Contra el modelo extractivista y capitalista de las empresas mineras y los gobiernos que las protegen, es necesario que trabajadores mineros y sus sindicatos peleen por la renacionalización de los yacimientos de minerales, bajo control obrero y construir con apoyo de expertos y profesionistas de universidades públicas, un plan de explotación racional de los recursos energéticos y minerales, orientado a minimizar el impacto ambiental y que los recursos obtenidos se destinen para financiar necesidades sociales como salud, vivienda, educación e infraestructura segura, en zonas sísmicas, precarizadas y/o inundables. Un plan opuesto por el vértice a los “lineamientos” legales que ofrecen el "senador minero" y la 4T en perjuicio de los trabajadores del ramo y en garantía de la ganancia capitalista.