Según las declaraciones del presidente en la mañanera del 14 de noviembre, la entrega de concesiones por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue una autorización dada por Eugenio Barrios Ordóñez, quien estaba al frente de la subdirección General de Administración del Agua en 2018.
Sin embargo, la concesión a la empresa Buenavista del Cobre, fue supuestamente rechazada por Grupo México, negando las acusaciones hechas por Andrés Manuel López Obrador en las que señala que la empresa recibió las concesiones de agua en su mina mexicana de cobre Buenavista, antes conocida como Cananea, por parte de un exfuncionario de Conagua, a lo que Grupo México responde, alegando que la última concesión en favor de la mina Buenavista del Cobre, que hoy está vigente, data de 2013.
Deslindando responsabilidades
Es importante señalar que el responsable de la Subdirección General Técnica de la Conagua en ese entonces, era Víctor Hugo Alcocer Yamanaka y actualmente trabaja en Grupo México.
Ambos ex funcionarios tuvieron que dejar sus cargos en Conagua el 24 de septiembre de 2020, ya que el presidente López Obrador comenzó a “limpiar” la comisión de agua y, por lo tanto, todos los subdirectores designados al comenzar este sexenio, renunciaron a sus puestos.
Entre ellos, se encuentra el ya mencionado Alcocer Yamanaka, que se desempeñaba en el puesto desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, y previo a ello, en 2015, fue subdirector general técnico del organismo, por lo que llevaba una larga carrera dentro de la comisión.
Por su parte, Grupo México dejo claro que, efectivamente, la firma no ha recibido nuevas concesiones de extracción de agua durante la actual administración, pero si se señaló que, durante el 2018, Conagua le dio autorización de exploración para la extracción del vital líquido en la zona de Agua Prieta, Sonora, pero que la empresa renunció a ello en febrero del año pasado ya que la consideró innecesaria.
También aclararon que Yamanaka, fue señalado por la propia Conagua de ser el responsable de haber otorgado una concesión a la firma minera, sin embargo, como responsable de la Subdirección General Técnica de dicho organismo, su función no consistía en emitir títulos de concesión.
No más concesiones
En estas acusaciones es importante remarcar que, de nada sirve limitar o negar concesiones cuando, las ya emitidas, siguen en manos de aquellos responsables de devastar el ecosistema, además de perpetuar los bajos salarios y la inseguridad en la que operan minas, pozos y cuevas, dándole continuidad a los mega proyectos, a los cuales el gobierno de la 4T facilita, dejando en la impunidad los daños derivados de la actividad minera.
Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sigue otorgando concesiones, extrayendo inmensas cantidades de agua, devastando los mantos acuíferos y permitiendo que se contaminen con metales que dañan severamente la salud humana y al medio ambiente.
Es por estas razones que, el solo suspender algunas concesiones mineras no soluciona el gran problema de fondo que representa la sobre explotación de minerales en el país, como ya mencionamos, los permisos ya existentes, y ocasionan daños graves al medio y al gremio minero, por lo que, la denuncia hacia el gobierno gira en torno a la entrega de concesiones que se prometió no conceder, ya que en los primeros cinco meses de 2021 se autorizaron 36 proyectos de exploración minera en entidades con alto grado de estrés hídrico en: Zacatecas, Durango, Coahuila, Sonora, Nayarit y Guanajuato; además de 28 proyectos de extracción de minerales en Zacatecas, Durango, Coahuila, Sonora, Estado de México y Nuevo León, los que se sumaron a los proyectos de extracción de materiales pétreos.
Detener la voracidad, frenar el daño ambiental y reorientar los recursos
Si a esto le sumamos el paraíso fiscal que representa México para los inversionistas, debido a la reforma hacendaria aprobada en 2014, lo que ha permitido que las empresas nacionales y extrajeras paguen por las concesiones mineras solo un 1.18% de los recursos que extraen del territorio mexicano, dejando de lado el deterioro ambiental y social que provocan y la explotación laboral que conlleva, podemos concluir que, todo lo mencionado demuestra que la voracidad con la que las empresas mineras obtienen ganancias, está por encima de la vida de las comunidades y de los trabajadores del sector.
Los dueños de las minas, agrupados en la Cámara Mexicana de la Industria Minera (Camimex), defienden su negocio, argumentando que generan unos 379 mil empleos en el país. Pero los costos que deja este modelo extractivo son inmensamente mayores que sus supuestos beneficios.
Mientras el modelo extractivista continúe, el medio ambiente y los trabajadores que laboran en condiciones de precariedad, padecerán la contaminación del agua y la tierra afectando la salud y bienestar de miles de familias.
Por lo tanto, es fundamental la organización de las bases de todo el gremio minero para lograr la renacionalización de los yacimientos bajo control de sus trabajadores, con un plan de explotación racional de los recursos mineros, priorizando minimizar el impacto ambiental, asegurando que los recursos se destinen a financiar necesidades sociales, como salud, vivienda, educación e infraestructura segura en zonas sísmicas y/o inundables y detener la explotación tanto de recursos como laboral. |
