La vida está cada vez más cara, la inflación golpea los salarios de las familias trabajadoras y aumenta la inestabilidad laboral, esto se enmarca en un contexto de crisis económica y social. De la misma forma en Arica se profundiza la desigualdad social y pobreza, siendo una de las regiones con más empleo informal en el país (35 %) por lo que las condiciones laborales son aún más precarias e inestables. Asimismo, es la región con menores niveles de empleo protegido, donde cada cinco personas, apenas una cuenta con contrato. Por otro lado, se mantienen los altos niveles de déficit habitacional y hacinamiento, por ende no es casualidad las tomas en algunos puntos de la ciudad, de acuerdo al Catastro Nacional de Campamentos 2022 actualmente existen 12 campamentos.

Esta situación se cruza con la crisis migratoria, quienes son arrojados a peores condiciones y es sobre quienes ha recaído principalmente las políticas represivas del Gobierno y las autoridades locales, quienes no entregan ninguna salida de fondo sino que al contrario utilizan la crisis migratoria para ligarlo al aumento de la delincuencia y como excusa para inyectar mayores recursos para represión. Durante estos días podemos ver mayor cantidad de Carabineros en el centro de la ciudad realizando control de identidad persiguiendo a los migrantes, quienes se encuentran trabajando de manera informal a causa situación irregular en el país o algunos en situación de calle.

En medio de este escenario, la derecha encontró al sujeto preciso para responsabilizar de los males que aquejan a la población buscando de esa forma cambiar el foco de quienes son los principales responsables de la crisis económica y social. Siendo la misma derecha quien viene instalando su agenda, a través de la política de aplicar ajustes a la clase trabajadora, que se ha podido expresar claramente en el nuevo presupuesto para el 2023, donde el gobierno buscó instalar un hito épico en su primer presupuesto, pero que en el fondo no representa grandes cambios, siendo este muy acotado, sin grandes anuncios en políticas sociales, considerando que durante el próximo año se pronostica que se agrave la crisis económica, siendo casi uno de los únicos de América Latina que vivirá los efectos de la recesión durante el próximo año y donde al mismo tiempo, se ha naturalizado completamente el alza del costo de la vida, situación a la que el gobierno se ha adaptado completamente.

Al mismo tiempo, frente a todas las necesidades que se van reflejando en el último tiempo, sobre todo en la región, en educación, salud y vivienda, hemos podido ver cómo el gobierno de Boric, pero también el municipio, encabezado por la política del Partido Liberal, de la mano de Espíndola y Mirosevic, han buscado inyectar más recursos a la policía y a los militares, reforzando la política represiva, con el discurso de salvar a la ciudad de la delincuencia, insisten en entregar más recursos a una de las instituciones con el mayor récord en desfalco de recursos públicos, destacando las importantes redes de corrupción que incluso la ligan a la venta de armas al narcotráfico ¿aumentar la dotación de policías y fortalecer el aparato represivo, será la real solución a la delincuencia? Intentan reducir el problema de delincuencia a una responsabilidad individual, de un solo individuo para dejar libre de responsabilidad a un sistema que reproduce la pobreza a nivel general.

Incluso ayer la Municipalidad anunció que no entregará más permisos para ambulantes en el centro y amenazan con que habrá una dura fiscalización, es decir, en un momento donde las personas necesitan trabajar para llevar sustento a sus hogares, Gerardo Espindola los persigue y criminaliza.

Nos encontramos bajo un escenario, donde la situación económica se espera se ponga más crítica y donde la derecha ha buscado instalar, de conjunto a la adaptación del gobierno, una constante desmoralización. Mientras que por su parte las direcciones sindicales se mantienen en la resignación. A pesar de esto se vienen desarrollando distintos focos de movilizaciones que buscan salir de esta pasividad frente a la situación, expresando que existen los ánimos de salir a tomar en las manos de la y los trabajadores, la búsqueda de una solución y que la crisis no recaiga sobre sus hombros.

Como lo pudimos ver los últimos días, donde las y los trabajadores de la atención en salud primaria, buscaron organizarse en medio del debate del reajuste salarial y del per cápita por usuario, paralización a la cual se plegaron los CESFAM de la región. Y dónde nuevamente se ve como principal traba para impulsar una gran movilización que busque ir por mejores condiciones, a las direcciones de estos sectores, quienes siguen buscando pactar entre ellos las condiciones, conteniendo los ánimos y la urgencia de buscar soluciones profundas que expresan las y los trabajadores, pero que a toda costa buscarán contener precisamente para resguardar las espaldas del gobierno.

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Al mismo tiempo, nos encontramos con algunos ejemplos como lo que viene siendo la toma productiva en el Fundo El Huite, donde frente al aviso de quiebra de esta empresa, el sindicato de Chilterra y las comunidades mapuche del sector, tomaron en sus manos esta situación y pusieron a producir esta empresa buscando abastecer a los habitantes, justamente en un escenario donde elementos esenciales de la canasta básica para vivir como los lácteos han subido de precio.

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Una vida que merezca ser vivida: Enfrentemos la carestía y precarización

Mientras la crisis golpea a la clase trabajadora y sectores populares el 1% más rico en Chile, se queda con el 50% de la riqueza que genera el trabajo de todas y todos. No podemos permitir que sea la clase obrera, en Chile y el mundo, la que pague los costos de la crisis, mientras los ricos se hacen más ricos. Son las y los trabajadores los únicos que pueden proponer una alternativa favorable al pueblo. Hay que apostar a fortalecer la organización en los lugares de estudio y trabajo. De la misma forma es necesaria la coordinación y unidad de las organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores, para desarrollar todo su potencial y además apoyar cada lucha y huelga como la que vienen protagonizando los diferentes sectores.

Ante una inflación desatada, es urgente el aumento general de los sueldos. Los sueldos deben reajustarse automáticamente según la inflación y el salario base mínimo debe ser de $650.000. Prohibición total de los despidos y el reparto de las horas de trabajo, sin distinción de nacionalidad y sin rebaja salarial entre empleados y desempleados. Además del control de precios y la distribución en manos del propio pueblo trabajador, como hoy lo hacen los trabajadores del sindicato Chilterra y las comunidades Mapuche que levantan la toma productiva del fundo Huite en Paillaco. Por último, es necesario que no se destine ningún peso más para represión, como lo viene haciendo el Gobierno de Gabriel Boric, gastando grandes sumas. Es esencial utilizar esos recursos públicos en mejorar la calidad de la educación, salud y vivienda.