El activista de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana, Mohamed Said Badaoui, fue internado en el CIE de Zona Franca de Barcelona al pedir la nacionalidad española. La deportación tras 30 años de residencia, con pareja y tres hijos. se ha dado bajo la acusación de “predicar el salafismo”. Sin embargo es habitualmente reconocido como activista contra el racismo institucional, razón que desde las concentraciones contra su deportación se supone el autentico motivo de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior para resolver su expulsión del territorio nacional y la imposibilidad de volver en diez años.
Esta es una deportación como las 223.463 personas que según el Centre Iridia y Novact se han producido desde fronteras españolas sólo entre 2010 y 2019, según los datos del Ministerio de Interior, que no incluyen las devoluciones en caliente. También este caso presenta paralelismos con los 12 casos en el mismo CIE de Zona Franca en los tras presentar una denuncia de malos tratos en el CIE, nueve de los denunciantes fueron expulsados antes de poder testificar y no hubo juicio.
En estos vuelos y ferrys se suelen deportar hasta 120 personas en cada uno (en algunos casos menores de edad) contra su voluntad, llevándolos, en algunos casos a países de donde huyen bajo persecución política o por su orientación sexual, con penas de muerte pendientes, países en conflicto armado o lugares donde nunca han estado. Ese fue el caso del activista argelino Mohamed Benhalima, detenido en Zaragoza en marzo de 2022 y deportado a Argelia, a pesar de denunciar que le esperaba la tortura y una condena a muerte tras denunciar la corrupción de altos mandos militares.
Aunque se practiquen este tipo de deportaciones, es una parte pequeña de la política racista del Estado Español, que incluye las devoluciones en caliente en la frontera o los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) auténticas cárceles para inmigrantes. Aún así, gran parte de las políticas racistas de la Europa Fortaleza se llevan a cabo a través de acuerdos con las fuerzas represivas de países como Marruecos o Turquía, quienes hacen buena parte del “trabajo sucio” al servicio del imperialismo europeo.
En el Estado Español las deportaciones no son una noticia nueva. Recordamos que las temporeras de la fresa de Huelva iban a ser deportadas por la propia empresa cuando denunciaron los abusos y la explotación más descarnada que sufren las trabajadoras inmigrantes, oprimidas triplemente por las reaccionarias leyes de extranjería, que las obligan a tener que aceptar las peores condiciones laborales, no sólo para sobrevivir sino también para poder obtener los papeles.
Estas deportaciones son un ejemplo de toda la violencia y racismo estructural que sufre la población migrante en el Estado español, así como el acoso policial, los contratos en origen, la Ley de Extranjería o la criminalización y campaña política racista que impulsan agrupaciones políticas como Vox, pero cuyas bases institucionales están aprobadas por buena parte del Régimen del 78.
El PSOE es el partido creador de estas cárceles para inmigrantes, el impulsor de la primera ley de extranjería y un partido absolutamente comprometido en la defensa del imperialismo español. Y este mismo gobierno de PSOE-UP es el que abrió el MacroCIE de Algeciras, uno de los más grandes de Europa.
De un partido que ha llevado y lleva a cabo políticas verdaderamente racistas y represoras contra los inmigrantes “sin papeles" según las reaccionarias leyes de extranjería, no vendrá la consecución de demandas como el cierre de los CIEs o el fin de las políticas fronterizas que dejan miles de muertos al año en el mar. Tampoco será quien frene a la extrema derecha, sino más bien es uno de los grandes responsables de su crecimiento.
De hecho, este mismo gobierno es el que ha firmado los acuerdos de contencion mgirante con Marruecos que se inauguraron con la masacre de Melilla en 2022, siendo responsable de la muerte de decenas de migrantes muertos y heridos. Pedro Sánchez agradeció "la extraordinaria cooperación" con Marruecos ante este hecho. Sin embargo, la visita a Melilla de una comisión del Congreso y las imágenes de un documental de la BBC desmintieron la versión oficial y confirmaron la responsabilidad del gobierno español en la masacre de los migrantes en Melilla.
Un auténtico crimen responsabilidad del imperialismo español, que es producto del restablecimiento de los acuerdos entre el gobierno de PSOE y Unidas Podemos y el régimen de Mohamed VI para que este actúe de guardián de la frontera sur de la UE al coste que sea, mientras que el Estado español reconoce su ocupación ilegal del Sáhara Occidental.
Mientras tanto, el imperialismo español como el europeo son especialistas en provocar guerras y hambre en otros países y luego desentenderse e incluso levantar muros contra todos los refugiados, de guerra, políticos o económicos que huyen de sus consecuencias.
Tenemos que seguir luchando por la derogación de la Ley de extranjería, el cierre de los CIEs, el fin de las deportaciones, papeles para todes y el fin de un sistema profundamente racista desde el puesto de trabajo, hasta el gobierno. Es necesario denunciar el rol imperialista del Estado español, causando migraciones forzosas, así como el racismo institucional que impregna el ADN del Régimen del 78, desde las deportaciones, hasta los CIEs, la violencia policial racista o las alambradas. | 
