Durante las últimas dos semanas sectores del régimen político, se encontraban al pendiente de cuál sería el “candidato” de Boric a la presidencia de la Fiscalía Nacional, luego de que ya se acabase el período de Jorge Abbott, designado por Bachelet en el año 2015.

El nombre de José Morales vino a dilucidar las incógnitas y a traer dudas y divisiones en el sector del oficialismo. Gabriel Boric llegó a este nombre sin “negociaciones previas” según cercanos, pero sí como un nombre de directo consenso con la derecha y la ultraderecha- tanto Moreira como Rojo Edwards, manifestaron que aprobarían la propuesta de Boric en el Senado- y es que es el Senado precisamente el que tiene la última palabra en una votación que se realizará aparentemente el día Miércoles de la próxima semana, donde entre cinco candidatos deberán elegir a quién presidirá la Fiscalía Nacional por los próximos ocho años -un mandato aún más largo que el presidencial-. Morales ya ha mencionado sus intenciones e incluso su posicionamiento respecto a la Araucanía, haciéndole directos guiños a la derecha hablando de que será un perseguidor del robo de madera, tráfico de armas e incendios, así como también de mayor persecución e incluso expulsión de migrantes relacionados a delitos. Es decir, un impulsor de la agenda represiva no sólo del gobierno sino del régimen político en su conjunto para los próximos ocho años.

Por otro lado, Morales ha sido acusado por familiares del caso Kayser de Renca por no investigar la muerte de sus seres queridos, en donde las familias sostienen como tesis la implicancia de las fuerzas represivas del Estado -Fuerzas armadas- en el incendio de dicha fábrica en el contexto de la rebelión durante Octubre del 2019. Morales desestimó totalmente esta posición de los familiares donde hasta el día de hoy se mantienen en total impunidad las muertes del caso Kayser.

Hace años también estuvo dentro de la investigación y formalización del comentado caso de “colusión de las farmacias” donde se descubrió que dichas empresas lucran con las enfermedades y medicamentos en el país, donde finalmente se resolvió enviar a clases de ética a las y los responsables. Además, una multa de sólo 300 millones de pesos que serían destinados a fundaciones que combaten el cáncer en aquel entonces, un caso que se hizo conocido el año 2008, pero que tendría juicio sólo varios años después con este tipo de condenas totalmente irrisorias, mientras el pueblo trabajador es el más afectado por este tipo de colusiones empresariales que solo piensan en aumentar y sostener sus multimillonarias ganancias.

Morales ha demostrado ser un tipo que sabe para quién trabaja, más allá que dentro del propio “mundo” de los fiscales sea considerado un díscolo, lo cual no debe ser muy difícil, comprendiendo que este mundo ya es bastante servil a los poderes reales y empresariales. Un claro ejemplo de esto es que hasta el día de hoy no existen “suficientes pruebas” contra Ponce Lerou por el bullado caso Penta y el financiamiento ilegal de la política.

Este nombramiento de Morales se da un un contexto de guiños sistemáticos hacia la derecha por parte del gobierno, que sólo fortalece una política dirigida a darle tranquilidad al gran empresariado, por medio de leyes y blindajes que mantendrán sus intereses absolutamente resguardados, a diferencia del pueblo trabajador sobre el cual se viene descargando la crisis.