Este miércoles se conoció la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de delegar la instrucción de la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, a la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del Dr. Carlos Rívolo.
Lo hizo mientras la Cámara Federal porteña analiza si aparta o mantiene a la jueza en la investigación, a partir de una recusación planteada por la querella de la vicepresidenta que le reprochó a la magistrada haber frenado distintas líneas de investigación.
Aquella recusación fue rechazada por Capuchetti la semana pasada y presentó un informe con el que buscó contrarrestar las críticas recibidas. Con la actual decisión de delegar la causa, la jueza apuntaría a descomprimir la tensión generada por los pedidos de apartamiento en su contra.
En el escrito presentado que delega la instrucción a Rívolo, Capuchetti sostuvo que "Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte".
La delegación en manos de la fiscalía se da a 83 días del comienzo de la causa y un día después de que la querella le cuestionara no haber ordenado ninguna medida de prueba tras la recepción de un informe, el 26 de octubre pasado, con información extraída del celular de Nicolás Carrizo, en el que se encontraron una serie de mensajes enviados durante la noche del atentado: “Recién intentamos matar a Cristina”, "Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso", Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés que hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, entre otros mensajes enviados.
Los abogados de Cristina Kirchner consideran que estos mensajes ameritan a que Carrizo se considerado coautor del atentado, en lugar de cómplice, que es como viene siendo procesado hasta el momento. Junto con ello, los abogados de la vicepresidenta, reclamaron que los acusados sean juzgados por la figura de asociación ilícita. Se trata de una figura que es cuestionada como anticonstitucional por organismos de derechos humanos, la izquierda y organizaciones que defienden las libertades democráticas, ya que es utilizada de manera recurrente para acusar ante falta de pruebas, y suele ser utilizada contra organizaciones sociales y sindicales, entre otras, para criminalizarlas.
La crítica central de la querella de la vicepresidenta a Capuchetti es que no se están investigando las hipótesis que vinculan el atentado a al diputado Gerardo Millman, la familia Caputo, o a "La Nueva Centro Derecha", agrupación de Hernán Carrol.
Con la decisión de la jueza, será Rívolo quien lleve adelante las líneas de investigación y medidas de prueba; así como quien tome declaración a los testigos, convoque a peritos o solicite informes. Mientras que Capuchetti intervendrá cuando la Fiscalía le pida allanamientos, detenciones e indagatorias.
Mientras tanto, por estos días, La Cámara Federal debe resolver dos cuestiones centrales para la causa. Una es la propia recusación de Capuchetti, sobre la cual decidirá el cuestionado camarista Leopoldo Bruglia. La otra, es el pedido de Cristina Kirchner para que se le secuestren y abran los teléfonos celulares a las dos asesoras de Milman; el cual está a cargo de los tres jueces de la Sala I de la Cámara. | 
