A la cabeza de esta reacción se encuentra el gobierno central y el PP. El PSOE le hace los coros y le brinda apoyo en lo fundamental. La mejor muestra fue la carta “A los catalanes” escrita por Felipe González el pasado domingo en El País, en la que reafirmaba el compromiso de los socialistas con la defensa de la Constitución del 78 y la negación del derecho de autodeterminación a cualquier precio.
Dos han sido, de momento, los “bombazos” lanzados contra la lista del President. Ambos tienen en común que desnudan parte de las cloacas del Régimen del 78 en dos puntos claves: el rol de la casta judicial y nuevamente la estructura de corrupción y nepotismo que envuelve a todos los que han sido sus agentes en estas cuatro décadas, en Madrid y en Catalunya.
Se fortalece el bonapartismo del Constitucional
Por un lado está el registro de una reforma constitucional exprés y “a la carta” por parte del grupo parlamentario popular. Pretenden modificar el Tribunal Constitucional para que éste tenga funciones ejecutivas, es decir pueda imponer sanciones e incluso inhabilitar cargos públicos en el caso de que sus resoluciones no sean aceptadas. Este Tribunal es la instancia más alta del poder judicial y sus miembros son elegidos por los principales partidos del régimen. Viene actuando como un poder constituyente permanente, un “arbitro” omnipotente e inapelable que tumba y sanciona aquellas medidas -leyes, sentencias...- que los dos principales partidos del régimen no han podido frenar en las instancias anteriores.
Pasó así con el Estatut catalán de 2006. Aprobado en el Parlament, recortado y aprobado en las Cortes, refrendado por el 74% en referéndum... para luego ser mutilado en 2010 por este Tribunal a instancias de la demanda del PP.
Hasta ahora vigilar por el cumplimiento de sus sentencias y la imposición de las consecuentes sanciones recaía en las instancias judiciales inferiores. Con la reforma, las posibles sanciones ganarán en celeridad y sobre todo serán tan inapelables como las sentencias que les hayan dado lugar.
Se trata pues de una reforma que viene a incrementar el grado de arbitrariedad de una de las instituciones más bonapartistas del Régimen del 78. Y su objetivo es claro y explícito por parte del PP. Su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, y su candidato a las elecciones del 27S, el derechista Albiol, dejaron claro en su presentación que la reforma estaba pensada para actuar en contra de aquellos que querían separar Catalunya de España.
Quizá por el carácter electoral añadido y por haberse presentado sin buscar ningún acuerdo con el principal partido de la oposición, el PSOE ha decidido no darle el apoyo. Aunque seguramente Felipe González y muchos dirigentes socialistas aplaudan en su fuero interno esta nueva medida de excepción, que viene a sumarse a otras, como la Reforma de la Ley de Seguridad Nacional para allanar el camino a una posible intervención del Estado contra la Generalitat.
Por otro lado el PP se quiere presentar y actúa como la defensa dura del Régimen del 78. El PSOE y Pedro Sánchez por el momento prefieren preservarse como posible agente de una salida de la cuestión catalana acordada con Mas y CDC. Ambas posiciones lo que demuestran es que las aspiraciones democráticas de los catalanes no caben en una estrategia que no se prepara para una verdadera ruptura con el Régimen del 78.
La corrupción como arma arrojadiza entre ladrones
La otra “bomba” saltó el pasado viernes. El mismo día que se realizaba la presentación pública de la lista de “Junts pel Si” un juez de El Vendrell, tras la petición de varios fiscales trasladados desde Madrid y previa “filtración” a los medios de comunicación, ordenaba el registro de las sedes de CDC y su fundación por parte de la Guardia Civil. La razón, las supuestas comisiones ilegales pagadas por la constructora Teyco, adjudicataria de obras públicas de varios municipios gobernados por el partido de Mas.
La “oportunidad” del operativo no se le puede escapar a nadie y si algo demuestra es que la “casta judicial” es parte del engranaje fundamental del régimen. La “guerra” contra el 27S y su lectura plebiscitaria llama a arrebato a todos los estratos del Estado que actúan de forma coordinada.
Esto no quiere decir que se trate de un montaje político-judicial como denunció Mas frente a la Diputación Permanente del Parlamento el pasado miércoles. El Estado es capaz de construir montajes así y peores. Lo vemos en los múltiples casos de represión y persecución a los luchadores. Y de eso Mas y CDC saben bastante. Pero en esta ocasión no había nada que inventar. La conspiración solo ha tenido que saber jugar hábilmente con los tiempos.
El operativo responde a las investigaciones en torno a la trama del famoso 3%. Hace 10 años esta fue denunciada públicamente por el entonces Presidente de la Generalitat, el socialista Pascual Maragall. Se refería al cobro de comisiones ilegales por parte de CiU. Era “vox populi” entre el establishment político catalán, en el cual para acceder a concesiones de obras y servicios bajo los gobiernos de Pujol se tenía que abonar un 3% de lo adjudicado a su partido o alguna de sus fundaciones.
Sin embargo, aquella denuncia de Maragall fue más bien un “calentón” parlamentario. Ante la amenaza del entonces portavoz de CiU, Artur Mas, de que trabajaría por “mandar su legislatura a hacer puñetas”, sólo tardo unos minutos en retractarse. Y es que la corrupción practicada por CiU -y que ha saltado en casos como el del Palau de la Música o las concesiones de ITV- no se diferencia en nada a la de los casos que salpican al PSOE en Andalucía o a la del PP en la Comunidad de Madrid y en Valencia.
La práctica de las comisiones ilegales, los donativos de empresas concesionarias de obra pública -como los encontrados en los apuntes contables del PP de Bárcenas-... ha sido una pieza estructural del modelo del capitalismo español y catalán en las últimas décadas.
Que todos estos casos salten en el momento en que el régimen entra en barrena, es expresión de las cada vez mayores tensiones y peleas por arriba. Lo que antes se tapaban unos a otros, hoy se convierte en armas arrojadizas. En el caso catalán es justamente un arma que pende permanentemente sobre la cabeza de los dirigentes de CDC y de UDC y que ya se ha cobrado sus primeras cabezas, incluido al ex “muy honorable” Jordi Pujol -el prohombre del Régimen del 78 en Catalunya- y su hijo y heredero político, Oriol Pujol.
Por un lado el operativo en marcha demuestra cómo funcionan las cloacas judiciales y policiales del Estado. Sacando a la luz lo que han tapado durante tres décadas. Y también dejan de manifiesto en función de qué intereses y disputas se disponen a destapar. Estos ataques son siempre a cuenta gotas, por si algún acuerdo permite una vuelta atrás. Pero por el otro lado, también desnuda la estructura corrupta sobre la que se ha construido la actual casta política, tanto española como catalana.
La defensa de Mas y de los Sumarroca -fundadores de CDC y propietarios de la constructora Teyco- no puede ser más patética. Ambos reconocen que se concedió obra pública y que se recibieron donativos, eso sí... no alcanzaban el 3%, eran mucho más bajos. Es decir lo único que pueden alegar en su defensa es que puede que sean corruptos, pero no tanto.
Que los que hasta ahora eran lugartenientes del Régimen del 78 sean quienes dirijan y hegemonicen el proceso catalán sigue siendo su talón de Aquiles. El proyecto social que encarnan es antagónico de las aspiraciones de las grandes mayorías sociales. CDC encarna los recortes sociales, la corrupción, el nepotismo... en definitiva la defensa de las grandes familias catalanas.
Para llevar adelante una ruptura con el régimen que permita un ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación, va a ser necesaria la movilización obrera y popular y la alianza con el resto de sectores populares del Estado para enfrentar la reacción cada vez más aguda que hoy solo se enuncia. Sólo un movimiento que encarne una estrategia basada en esta movilización y que levante un proyecto social que enfrente a los grandes capitalistas y su casta política, podrá poner en marcha esas fuerzas sociales.
Desembarazarse de estos falsos “compañeros de viaje” es el reto inmediato del movimiento por el derecho a decidir para evitar un fracaso por la vía de la reacción españolista o un nuevo acuerdo entre CDC y un futuro gobierno central en 2016. | 
