Luego de que el gobierno federal decidiera concluir la participación de Grupo México en el proyecto de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, la empresa optó por demandar al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) exigiendo una indemnización.
Tras la decisión tomada por el consorcio integrado por las empresas Grupo México y Acciona Infraestructura, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró su sorpresa al enterarse de la demanda. Tal fue su enfado que arremetió contra Germán Larrea, dueño de Grupo México, recalcando que dicha empresa incumplió en su contrato en la construcción del tramo 5, el cual abarca desde Tulum hasta Ciudad del Carmen, en Quintana Roo.
Cabe mencionar que dicho tramo abarca más de 50 kilómetros y dicha sección se debía realizar con premura, ya que, para el gobierno federal este es un proyecto insignia que debe terminarse en tiempo récord, por lo cual esta sección le fue otorgada a otras tres empresas, con el fin de concluir lo más pronto posible la obra.
Tramo 5 y daño ambiental
No es la primera vez que surgen conflictos con dicha empresa. La construcción del tramo asignado a Grupo México, fue anunciada en la conferencia de prensa del 17 de octubre del 2020, cuando López Obrador declaró que el tramo Cancún-Tulum, había sido uno de lo más problemáticos, debido a los muchos intereses que hay de por medio. Por ello acudió a su propensión a militarizar las mega-obras y engordar monetariamente a la cúpula militar. Por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomó los trabajos de construcción del Tren, al ser considerado como “proyecto de seguridad nacional”.
Esta etiqueta le fue asignada luego de que organizaciones ambientalistas proclamaron la ilegalidad del proyecto, denunciando graves afectaciones al medio ambiente debido a que amplias zonas de selva están dentro del radio de construcción asignado. Además, el proyecto cuenta con la autorización de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por lo que, acatando los intereses del gobierno de la 4T, no justifica tal daño al ecosistema.
Al contrario de lo que el gobierno federal quiere hacer creer, el suelo y territorio designado para esta obra faraónica no es el más adecuado para soportar las miles de toneladas del tren. Debajo se encuentran estructuras cavernosas frágiles, las cuales han tardado millones de años en formarse además de que preservan importantes depósitos de agua dulce. Ante esta situación, la asociación civil Centinelas del Agua, denunció el riesgo de colapso que afectaría negativamente la zona turística más importante del país y su ecosistema.
Frenar el ecocidio, el hostigamiento y despojo de tierras
Pese a las promesas de AMLO y la 4T, esta obra sólo ha beneficiado al sector empresarial, tanto extranjero como nacional, y ha afectado severamente al ecosistema y miles de personas que han sido desplazadas de sus viviendas. Mientras, Grupo México y Germán Larrea, son beneficiados y gozan de privilegios que obtuvieron durante sexenios pasados, tanto con Felipe Calderón como con Enrique Peña Nieto. Es así como el gobierno de Morena da continuidad a la mayoría de los megaproyectos que devastan zonas protegidas y de vital importancia.
En los hechos, la 4T continúa con el modelo extractivista así como con los despojos de territorios a los pueblos originarios, la explotación y precarización laboral y la depredación del medio ambiente, mismas que afectan gravemente al ecosistema y las comunidades.
Para dar marcha atrás a estas políticas de destrucción en beneficio del gran capital, es necesario que las y los trabajadores mineros de Sindicato Minero abracen la lucha en defensa del territorio, obligando a su dirigente, el senador Gómez Urrutia, a que los respalde en la búsqueda de una alianza con el movimiento ambientalista, feminista, los pueblos indígenas, los científicos y los trabajadores organizados independientemente del gobierno para que, de forma unida y organizada, emplacen a la 4T a destinar recursos a los proyectos más necesarios para la población, respetando los contratos colectivos de trabajo, asegurando un salario justo, seguridad tanto en el equipo, como en la infraestructura de minas, pozos y cuevas .
Lo anterior no será posible sin una reorganización desde abajo del “minero” para imponer la voz de las asambleas y exigir la independencia de la 4T en función de los intereses del pueblo trabajador, el campesinado pobre y los pueblos originarios. Es decir, para terminar con el ecocidio, la super explotación, el hostigamiento y el despojo, por lo que se vuelve fundamental desarrollar un plan que responda a la mayoría de las demandas del gremio y de la población, incorporando a las comunidades y pueblos originarios de los territorios en donde hagan falta obras, y no donde sea más factible para los intereses empresariales y gubernamentales, vale decir, del capital financiero transnacional. |
