“Desde el Centro vamos a iniciar la búsqueda para cubrir de lunes a viernes, pero no te garantizo que, por lo poco y mal que se está cobrando, lo consigamos”. Las palabras le caen como baldazo de agua fría a Analía que pregunta: “¿y eso que significa? porque yo acabo de presentar en la obra social todos los papeles”. Claro que presentar todos los papeles no es equivalente a recibir las autorizaciones correspondientes, pero es el primer paso. “¿Ahora ese primer paso no vale y tengo que empezar todo desde cero y con otro centro?”. Analía lo pensó, pero no lo dijo.
“Quiere decir que existe la posibilidad de que antes de que empiecen las clases te llamemos para decirte que no encontramos acompañante que acepte trabajar de lunes a viernes y que tengas que decidir si lo aceptas igual o corres el riesgo de que tu hija arranque el ciclo lectivo sin acompañante”. Más baldazos de agua fría.
Termina un año en el que la extrema precarización en la que viven las personas con discapacidad y quienes trabajan en el sector se convirtió en agenda gracias a una lucha que tuvo expresiones en todo el país y visibilizó por primera vez en muchos años las consecuencias de años de ajuste.
Bajos salarios, inestabilidad laboral, multiempleo, inexistencia de derechos sindicales, cobro de sueldos con meses de atraso en un contexto de alta inflación son las condiciones laborales de trabajadores y prestadores del sector de discapacidad. Tratamientos rechazados, demoras en los turnos, medicamentos (en muchos casos muy caros) que no se cubren, autorizaciones demoradas de manera eterna, son parte de las trabas diarias a las que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad y sus familias.
Este panorama no es nuevo, esto es así desde años y cualquiera que tenga algún vínculo con personas con discapacidad o que trabajen en ese sector lo sabe. Lo que pasa es que este panorama desde hace años no hace más que agravarse, gobierne quien gobierne.
Es lo que hizo Macri, cuando en 2018 dió de baja miles de pensiones por discapacidad y humilló a quienes las percibían al dictaminar que debían “ejercer su legítimo derecho de defensa y ofrecer la prueba” de su discapacidad para poder cobrar dichas pensiones (que recordemos ni siquiera llegan a ser una jubilación mínima).
Es lo que hizo el Frente de Todos, cuando al poco tiempo de haber asumido Sergio Massa recortó fondos en salud que precarizaron aún más todo.
Precarizar lo ya precarizado
"Siempre cobramos con un promedio de dos o tres meses de demora, pero este año la situación se volvió insostenible porque la demora se hizo peor y la inflación es terrible". La que habla ex Ximena, kinesióloga de niñas y niños con discapacidad.
"La situación para el año que viene seguramente sea peor. Hay obras sociales y prepagas que están avisando a sus pacientes que van a autorizar menos cosas que este año. Por ejemplo, si un niño tuvo este año dos sesiones de kinesio por semana, para el año que viene le van a autorizar solo una", le cuenta Ximena a La Izquierda Diario.
Además del Estado, hay otros responsables del ajuste: quienes dirigen las obras sociales. Las direcciones sindicales, acostumbradas a mirar para otro lado y dejar pasar todo (lo hicieron con Macri y lo están haciendo ahora), en este caso dan un paso más porque son quienes rechazan y obstaculizan tratamientos.
Y lo peor es que para justificarse responsabilizan a las propias personas con dicapacidad. "Transporte y Educación se llevan el 70% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), lo que acentúa el desfinanciamiento de las obras sociales", dicen. Sin embargo, desde el Foro Permanente Discapacidad lo desmienten. Según un informe elaborado hace unos días, "Educación y transporte en 2021 significaron el 19,6% del FSR. Y según nuestra proyección de estas prestaciones a diciembre del 2022 las mismas dan un 15,2% del FSR". Los cálculos fueron realizados en base a los números de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud).
Fuente: Informe Foro Permanente Discapacidad
El FSR está conformado con aportes de todas las obras sociales y es administrado por la SSSalud. De allí salen los fondos para los tratamientos y cobertura de salud de las personas con discapacidad.
El ajuste en discapacidad es una de las expresiones de la crítica situación que atraviesa el sistema de salud, que por estos días también se convirtió en agenda, gracias a la lucha persistente de quienes allí trabajan y se convirtieron en una marea blanca que está copando las calles de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Tucumán y otros puntos del pías.
Es inadmisible que mientras la realidad del personal de la salud y sus pacientes se precariza cada vez más, diputados y senadores de este régimen político cada vez vivan mejor. Es inadmisible que las personas con discapacidad cada vez tienen menos a acceso a prestaciones que obras sociales y prepagas están obligadas a cubrir, según la Ley 24901, pero no lo hacen. Es inadmisible que los dueños de las prepagas cierren el año, gracias a la autorización del Gobierno, con un incremento en sus cuotas de más del 113%.
Es inadmisible que ante este panorama, solo para no tocar los intereses de los empresarios del sector, no se debate de una vez por todas la posibilidad de avanzar en un sistema único (integrando los sistemas públicos y privados), universal y gratuito. Solo iniciativas de este tipo podrían garantizar un total acceso a la salud y a todas prestaciones necesarias. Algo que hoy no forma parte de la agenda ni del Gobienro, ni de la oposición de derecha.
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