El ministro Escrivá ha terminado desvelando oficialmente este lunes 28 la medida estrella del segundo bloque de recortes a las pensiones que el Gobierno “progresista” había comprometido con Bruselas: la ampliación del cómputo del cálculo de las pensiones de 25 a 30 años, pero con la posibilidad de eliminar de esos 30 años los dos de peor cotización a libre elección de la persona trabajadora. Era una intención que ya se había venido difundiendo en los medios hace meses, aunque el ministro negaba esa intención en última instancia y daba como respuesta solamente ambiguas evasivas. Señalaba entonces que no se planteaba ampliar el cómputo a los 35 años, como se venía anunciando, y que lo único que pretendía eran pequeñas modificaciones para garantizar las pensiones a aquellos que no tuvieran una vida laboral regular, para tratar de paliar esos años en los que las cotizaciones hubieran decaído mucho por situaciones de desempleo u otras coyunturas sobrevenidas de bajas cotizaciones (reducciones de jornadas, ERTE) al poder eliminar una serie de años, los más desafortunados, del cálculo de la pensión y a libre elección. Ahora la reforma anunciada reduce ligeramente los años (a 30 en lugar de 35) respecto a los anunciados hace meses, y lo continúa justificando diciendo que tiene una incidencia neutra, dado que beneficia a algunos, los que tengan trabajos más precarios con despidos y baja salariales en los tramos finales de su vida laboral, aunque perjudica a los que tienen carreras laborales más estables. Así el ministro trata de vender un hachazo a las pensiones como si de políticas sociales se tratara. Lo cierto es que el Banco de España hizo cálculos de lo que podría suponer esa medida y suponía recortes en las pensiones de conjunto cercanas al 10%.

Elevar el período a 30 años es prácticamente llevarlo a toda la vida laboral real de muchos y muchas trabajadoras en el Estado español, donde la precariedad y el desempleo son las constantes vitales de un mercado laboral en régimen de superexplotación. En cualquier caso, es un primer paso muy peligroso encauzado para la intención final que ya ha sido anunciada como amenaza muchas veces, la de incrementar el período del cálculo hasta toda la vida laboral. No en balde venimos de un incremento previo en el año 2011 de los 15 a los 25 años y está clara cuál es la senda de los recortes en este terreno tanto para los gobiernos del PP como del PSOE, ambos con reformas de pensiones a sus espaldas, a cuál más dura.

Por otra parte, ¿cómo podría beneficiar desde una óptica progresista poder eliminar un período de dos años del cómputo del cálculo a los y las trabajadoras precarias? La respuesta es clara: es el “chocolate del loro”, una engañifa para justificar un recorte social como si se tratara de un reparto justo de unas pensiones cuyas cuantías son absolutamente ridículas, sin que alcancen importes mínimamente necesarios para sobrevivir dignamente.

La pensión más habitual en el Estado español según un informe de Hacienda del año pasado es de 785 euros, frente a la media de las pensiones que, aunque más alta, tampoco es para tirar cohetes, era de 1.340 euros en junio de 2021. Y aunque hayan podido mejorar las cotizaciones en algunos casos de las últimas generaciones prestas a jubilarse, no lo han hecho tanto como para mejorar sustancialmente, sobre todo después de pasar la crisis de 2008 con un ajuste salarial de caballo, posteriormente la pandemia con ERTE a todo trapo y ahora con una inflación disparada que está golpeando fuertemente los salarios.

Por lo tanto, son argumentos absolutamente falaces y cínicos por parte del ministro con la intención real de reducir fuertemente las cuantías de las prestaciones por las pensiones y con el objetivo de hacer aún más difícil poder siquiera alcanzar el derecho a obtenerla.

Como todos los expertos señalan un incremento en el tiempo del cómputo para el cálculo supone una reducción de la pensión puesto que normalmente durante los últimos años de vida laboral se cobra más salario que al principio. Y, además, está clara la pretensión real, dado que todo viene del intento de lograr reducir a toda costa el porcentaje sobre el PIB que supone el pago de las pensiones. Se estima que este podría pasar del 11,8% al 15% en 2050 una vez se incorpore la generación del baby boom a la jubilación.

Por otro lado, el Gobierno “más progresista de la historia” no se plantea incrementar los ingresos públicos elevando los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas. El incremento mínimo que actualmente plantea en la fiscalidad es de carácter temporal y sin ambición de tocar los enormes beneficios de las empresas del IBEX 35, con beneficios récord de más de 60.000 millones de euros el año pasado. Al igual que los enormes beneficios de las empresas energéticas, la banca o las grandes fortunas que crecen en mayor proporción mientras la mayoría de la población sufre el flagelo de la crisis energética.

Por su parte, las exigencias de Bruselas para volver a la senda de la disciplina presupuestaria ya empiezan a sonar como auténticos cantos de sirena que harán inapelables la implementación de los recortes que se impondrán en el gasto público, y no podemos olvidar que el gasto en pensiones que supera los 171.000 millones en 2022 es el gasto principal de los Presupuestos Generales del Estado.

Desde su lógica, todo recorte eficaz en el gasto público pasa por recortar las pensiones. Algo que se viene haciendo progresivamente y poco a poco, aunque con algunos fuertes golpes como el incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años, aprobado por Zapatero, o el índice de sostenibilidad de Rajoy, que, aunque se ha eliminado por el Gobierno de Sánchez lo ha trastocado por otro factor denominado “Intergeneracional”, pero que viene a ser lo mismo.

Ahora el PSOE ha puesto sobre la mesa esta medida, en un momento en que se están abriendo varios frentes de conflicto con el sector de Unidas Podemos en el final de la legislatura. Esto ha generado una nueva situación de crisis en el Gobierno de coalición dado que, además, el PSOE ha anunciado que quiere hacer algunas modificaciones en la “ley Trans” que se está tramitando en el Congreso.

Aún así, la implementación de la reforma anunciada por Escrivá apunta a que, aunque podría haber un nuevo choque en el interior del Gobierno de coalición, la sangre no llegará al río. La situación no pasará como máximo de alguna que otra declaración mediática de algún miembro de Podemos, sin que nadie llegue a sacar los pies del tiesto. Puesto que la voluntad firme de Unidas Podemos, más allá de tragarse un sapo más, es sostener al Gobierno de coalición a toda costa hasta las próximas elecciones generales y más allá ante la amenaza de un posible gobierno del PP y Vox en coalición. Todo en un contexto de bajada electoral tanto del PSOE como Unidas Podemos ante el desgaste de la coalición en una situación social tan compleja por la crisis energética e inflacionaria, consecuencia de la guerra de Ucrania, y sin que se hayan tomado medidas políticas de calado como para mejorar las condiciones de vida de las clases populares y la clase trabajadora.

Por otra parte, los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, aunque han manifestado su disconformidad con esta medida, no parecen dispuestos a hacer nada. Ya sabemos que desde la dirección de los sindicatos mayoritarios han firmado reforma tras reforma de las pensiones sin que se les haya movido pelo para intentar siquiera la pelea en la calle con la intención de parar estos ataques.

Por todo ello, se vuelve necesario que sean los colectivos de pensionistas, sindicatos alternativos de izquierda (llamando a las bases de los sindicatos mayoritarios), grupos políticos a la izquierda del Gobierno, movimientos ciudadanos y vecinales, quienes salgamos nuevamente a luchar en defensa de las pensiones públicas. Exigiendo que las mínimas alcancen el salario mínimo, la reducción de la edad de jubilación a los 60 años y que se derogue el intento de privatización de las pensiones a través de las denominas “planes públicos de pensiones en las empresas” aprobados por el Gobierno de Sánchez en la primera reforma.