El problema no es tanto la inversión pública en Petróleos Mexicanos (Pemex), que servirá para reducir o eliminar las importaciones de combustibles refinados, sino que esto ha ido a la par de un incremento sustancial del presupuesto destinado a las fuerzas armadas.
Éste nunca había sido como el que se pretende para 2023, de 111 mil 911 millones 638 mil 277 pesos, más lo que se destinará a la Guardia Nacional, poco más de 34 mil 525 millones 322 mil pesos, lo que significa un 11.5 % más que el año anterior.
El gobierno tiene como prioridad el fortalecimiento del ejército, pues además de los recursos que le otorga, le está dando el control de lugares estratégicos, como los hospitales en plena pandemia, aduanas, puertos y la construcción de obras de infraestructura y transporte, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la red ferroviaria del Tren Maya.
Este gasto va aunado al pago de la deuda interna y externa del país, que adquirieron y utilizaron fraudulentamente los gobiernos neoliberales, pues con el Fobaproa y el IPAB, sirvió para rescatar a los banqueros —muchos de ellos de bancos extranjeros— que provocaron la crisis y después se beneficiaron de los rescates del estado con recursos públicos, arriesgando el futuro del país, por lo que debería ser cancelada.
Si bien el presidente se jactó en su cuarto informe de gobierno que no ha contraido más deuda, se prevé que el costo financiero de la deuda pública sea uno de los más altos en los últimos 27 años, correspondiente al 3.4 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto es aproximadamente un billón 79 mil millones de pesos, lo que equivale a pagar más de tres veces el programa de apoyo para adultos mayores (cuyo monto asciende a 335 mil 499 millones de pesos). Cabe decir que el derecho a una pensión digna debería ser parte de los derechos laborales de la población trabajadora y no limitarse a un programa de asistencia social.
La deuda externa se incrementó en casi 18 mil millones de dólares durante el último año, para alcanzar un total de 14.2 billones de pesos, lo que representa el 52 % del PIB. La misma, habrá aumentado un 43 % de 2018 a finales de 2023. Se trata de un adeudo contraido por los gobiernos neoliberales que el actual continúa pagando religiosamente, que solo beneficia a los banqueros y especuladores financieros, en detrimento del gasto en rubros de interés para la población, como salud, educación, vivienda, alimentación y otros.
Parte del incremento de la deuda fue producto de la compra de la refinería Deer Park, que costó 596 millones de dólares, más otros 596 millones de deuda que tenía la empresa, correspondientes a la parte que ya tenía Pemex (pues México adquirió el 50 % de las acciones de esta empresa en 1993). Por su parte, el costo inicial de la construcción de la refinería Olmeca-Dos Bocas se calculó en 9 mil millones de dólares, pero se prevé que terminará siendo de entre 16 y 18 mil millones de dólares.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el gasto educativo se incrementará 4.5% para el 2023, siendo de 910 mil 692 millones de pesos; pero la inflación es del 8.41 % según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que equivale a una reducción de cerca del 4 % en términos reales.
De esta cantidad, 60 mil 35 millones de pesos serán para educación básica. Mientras que para educación superior el aumento no será de más del 2 %, excepto para las universidades del bienestar, que recibirán un 35 % de aumento en su presupuesto.
Por su parte, el presupuesto para el sector salud será el más bajo desde 2018. Habrá recortes en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que atiende a personas no derechohabientes del IMSS y el ISSSTE. A este instituto se le destinarán 107 mil millones de pesos, 1.2 % menos que en 2022. Por su parte, el IMSS-Bienestar -que el presidente prometió extender a todo el país antes de que termine su mandato— contará el próximo año con 20.6 mil millones de pesos, 17 % menos que en 2022 y se anticipa la eliminación del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), que cubre enfermedades que el salario de un trabajador promedio no puede costear, como cáncer o VIH sida.
El gasto en Pemex puede significar una inversión para el país que, sin embargo, tiene la contradicción de beneficiar en lo inmediato a grandes empresas nacionales y transnacionales quel participan en la construcción de las refinerías, para lo cual subcontratan trabajadores con bajos salarios y sin plenos derechos laborales.
Es necesario que la industria energética sea renacionalizada en su totalidad y que quede bajo la administración y el control de las y los trabajadores que laboran en ella, organizados democráticamente, pues es la única manera de que las utilidades que genera se destinen realmente en favor de las necesidades sociales.
Ellxs también pueden desarrollar, con el apoyo de científicos y profesionistas, un plan de transición energética basado en recursos renovables menos contaminantes, de la mano de las comunidades donde hay instalaciones petroleras.
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