La mañana del 2 de diciembre la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX —de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch— lanzó un operativo para reprimir a vecinos del pueblo de San Gregorio Atlapulco en la alcaldía Xochimilco.

El objetivo era desalojar un plantón impulsado por las y los vecinos de dicha comunidad que protestaba contra las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) para la construcción del Colector Actopan, pues es una obra que ocasionado la sobreexplotación del aguu y que fue impuesta sin consulta con la comunidad.
Durante dicho operativo, elementos de la SSC cerraron los accesos al pueblo y encapsularon a adultos mayores, mujeres e infancias quienes se encontraban manifestándose contra el saqueo de agua, además de agredir y replegar a las y los vecinos con gases lacrimógenos.

Mientras tanto el gobierno de la CDMX ahora intenta lavarse la cara con la difusión de “asambleas vecinales” que pretenden usar para legitimar sus megaproyectos y continuar con el atropello a los derechos de los pueblos y comunidades originarias. Por su parte el alcalde morenista de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, sale a declarar que las protestas estuvieron alentadas por “grupos externos” justificando así la represión.

Estos hechos contrastan con el discurso sostenido por AMLO en el que asegura que en su gobierno no hay movilizaciones y no se reprime; sumado además al desalojo de la huelga de Interjet con un operativo encabezado por la Marina.

No es la primera vez que comunidades denuncian y protestan contra el impulso de megaproyectos de la 4T, mismos que lejos de beneficiar a las y los vecinos, benefician a la inversión privada.

Esto se da en el marco de que el gobierno de la ciudad capitalina busca pasar el Programa General de Ordenamientos Territoriales (PGOT) a través de las supuestas “consultas populares” que en innumerables ocasiones han sido denunciadas como procesos amañados. Los distintos pueblos originarios de la CDMX han denunciado que el PGOT busca arrebatarles 30 mil hectáreas de “suelo de conservación” para abrir aún más las puertas al sector inmobiliario, lo cual exacerbará la crisis de agua que atraviesa la ciudad.

En junio de este año la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la CDMX (Sepi) sacó una convocatoria para “registrar” a los pueblos originarios de la ciudad, para lo que estos tenían que cumplir una serie de requisitos prácticamente inaccesibles.

Distintos pueblos, entre ellos San Gregorio Atlapulco, denunciaron que esta medida violaba sus usos y costumbres pues no debían comprobar frente a nadie la validez de sus identidades, además de que de fondo busca limitar el acceso a esta figura jurídica con la que facilita la apertura hacia empresas inmobiliarias
Desde el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas repudiamos la esta represión de este viernes 2 de diciembre, de la cual responsabilizamos a Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch.

Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, sociales, políticas, populares, feministas y de Derechos Humanos a conformar una coordinación en solidaridad con el pueblo de San Gregorio y todos los pueblos que enfrentan las políticas de despojo y gentrificación.

Exigimos la resolución inmediata de todas las demandas del pueblo de San Gregorio Atlapulco y de todos los pueblos originarios que enfrentan el despojo.

Del mismo modo, es urgente articular un movimiento en las calle, independiente al gobierno, a la derecha y los empresarios para defender la autodeterminación de los pueblos, su derecho a habitar sus territorios y para conquistar que sean las comunidades junto a los y las trabajadores quienes decidan qué obras, cuándo y dónde se construyen sobre la base de un plan de obras y construcción de vivienda que junto a la expropiación de los inmuebles abandonados producto de la especulación inmobiliaria, responda a las necesidades de las grandes mayorías y no los empresarios.

Para enfrentar los efectos de la crisis hídrica, la gentrificación y los megaproyectos ecocidas se requiere, en primer lugar, garantizar el abasto de agua para los pueblos originarios y las colonias populares que son las que en su mayoría enfrentan el hacinamiento y la escasez.

Para financiar un plan integral que contemple la reparación del daño y protección al ambiente y las comunidades proponemos impuestos progresivos contra las fortunas de refresqueras, cerveceras y embotelladoras que se han beneficiado de la sobre explotación de mantos acuiferos, así como contra cualquier empresa que tire residuos de manera irresponsable sobre mares y ríos.

Para llevar adelante estás y otras medidas, en las empresas responsables por la contaminación del agua y aquellas que se han beneficiado de la privatización de este recurso vital, deben crearse comisiones de vigilancia conformadas por trabajadores y pobladores de las comunidades afectadas que junto a especialistas, con independencia del gobierno y los partidos patronales, controlen el uso y abastecimiento del agua. Para que este plan sea efectivo, es necesaria la fuerza organizada de la clase trabajadora, recuperando los sindicatos como herramientas de lucha para que estén al frente de imponer e implementar estas medidas forjando la unidad de los y las trabajadoras de telecomunicaciones, de la industria, del transporte y de la educación y de todos los demás sectores con los pobladores de las comunidades donde están ubicados los centros de trabajo.

Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.

¡No a la ciudad mercancía!

¡El agua es de los pueblos y para los pueblos!

¡Fuera megaproyectos inmobiliarios!