Pocos días antes de quedar sospechado, por un hackeo ilegal, de querer truchar comprobantes y borrar la pista de un lujoso viaje a la propiedad de Joe Lewis en Lago Escondido, junto a otros magistrados, integrantes del grupo Clarín y el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’ Alessandro; el juez Julián Ercolini dio la orden judicial de vulnerar el secreto fiscal de quienes cobran el Potenciar Trabajo .
La AFIP está obligada a mantener el más absoluto secreto de toda la información fiscal que llega a su conocimiento, sin poder comunicarla. Ahora, quienes perciben una asignación de menos de $30.000 por una contraprestación laboral sin derechos, serán la excepción a partir de febrero.
Un secreto que para el multimillonario apropiador de la Patagonia, Joe Lewis, está bien resguardado. Como así también, para funcionarios y magistrados. Al igual que el secreto bancario, el secreto financiero, el secreto fiscal para las grandes fortunas, o incluso los registros contables de las grandes empresas: los capitalistas tienen sus negocios bien cuidados.
Todos contra los pobres
El pedido vino de parte de la ministra Victoria Tolosa Paz, como parte de una operación para avanzar en bajas masivas sobre el programa Potenciar Trabajo; mientras miles de trabajadores de la economía informal y desocupados, pelean contra el hambre y la pobreza en todo el país. Al día lunes, el Estado continúa adeudando el pago de diciembre.
La orden del juez Ercolini para violar el secreto fiscal de los beneficiarios, es una pieza más dentro de una ofensiva de las distintas patas del régimen sobre los más pobres. El telón de fondo: el acuerdo con el Fondo Monetario internacional.
Fue la administración del Frente de Todos la que inició auditorias y solicitó información al ANSES, para avanzar en recortes sobre los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Luego grandes corporaciones mediáticas interceptaron la data y la usaron para golpear al Gobierno, además de a los trabajadores precarios.
Mientras Victoria Tolosa Paz se ponía al frente de avanzar con casi 3 mil bajas, en base a información que no es de público acceso; el fiscal Marijuán (especialista en armar causas judiciales contra los movimientos sociales), denunció en la Justicia a la ministra y al funcionario y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por no haber avanzado en alrededor de 200.000 bajas más.
Las cifras que se manejan en las alturas son cruzadas y opacas. Y las acusaciones son rechazadas por las organizaciones, tanto las oficialistas, como las opositoras ligadas a la izquierda.
A la vez, voces dentro del Frente de Todos, afirman que el objetivo de los funcionarios del Gobierno no es solamente avanzar en el ajuste sobre el Potenciar, sino también dar un golpe interno contra Emilio Pérsico.
En todas direcciones y a todo nivel. Se trata de una operación conjunta entre Gobierno, oposición de derecha y Justicia, que se basa en información incomprobable para la mayoría de la población, donde aprovechan para jugar las disputas de poder por lo alto; pero donde todo el régimen de los ricos se pone de acuerdo en atacar a quienes más han perdido en esta crisis económica y social.
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