Este miércoles por la tarde asumió, en una sesión express del Congreso, como presidenta Dina Boluarte, que hasta hoy ocupaba el cargo de vicepresidenta. El ahora ex presidente fue preso antes de lograr asilo en la embajada de México. Este miércoles por la mañana había anunciado el cierre del Parlamento y convocado a elecciones constituyentes.

Un poco antes de las 14 horas local, el Parlamento peruano aprobó la moción de vacancia (este es el tercer intento) del presidente Pedro Castillo, es decir, su destitución. La vacancia obtuvo 101 votos, bastantes más que los 87 necesarios para aprobarla.

En pocos minutos, se pronunciaron las principales instituciones del Estado, entre ellas las Fuerzas Armadas. Luego de esto, Pedro Castillo quedó detenido.

En su discurso como presidenta, Boluarte afirmó que gobernará hasta julio del 2026 -fecha en que debería haber culminado el mandato de Castillo-. La ahora primera mujer presidenta de Perú integró la fórmula presidencial junto a Castillo, pero a principios de este año fue expulsada del partido que los llevó al poder, Perú Libre, los trascendidos hablaban de la falta de acuerdo de Boluarte con programa que llevó a ambos a hacerse cargo del Ejecutivo.

Hoy las fuerzas de la derecha que son mayoría en el Congreso, la proclamaron presidenta. Pero Boluarte es una persona que carece de partido y no tiene tampoco diputados que le respondan directamente, lo que da cuenta de que estará sujeta a la presión de los grandes empresarios y el poder financiero de Perú. El mismo Castillo, que cuenta con una base social, rompió su contrato electoral por ceder a los reclamos de la derecha y la burguesía peruana.

La crisis política de Perú es profunda y trasciende a la figura de Pedro Castillo, pero escaló en los último días a partir de denuncias periodísticas que acusan al ahora ex presidente Pedro Castillo de complicidad en la fuga de su ex ministro de Transportes Juan Silva y de uno de los tres sobrinos que se encuentran prófugos.

Castillo se enfrentaría este miércoles a la tercera moción de vacancia de su gobierno, en el marco del persistente hostigamiento de la oposición parlamentaria desde su asunción, un parlamento en crisis que cuenta con una bajísima popularidad entre la población.

Producto de estos escándalos, muchos sectores que eran parte de la base del gobierno de Castillo empezaron a ser favorables a la destitución, lo que seguramente selló el destino de Castillo y gatilló la medida desesperada de suspender temporalmente el Congreso y convocar a una asamblea consituyente.

Inmediatamente después de sus anuncios empezó una catarata de renuncias de funcionarios como el ministro de Exteriores y varios congresistas, así como el principal abogado de Castillo. Se pronunciaron las principales instituciones como el Ministerio Público, el poder judicial, denominando la iniciativa como golpe de estado. Luego de esta medida desesperada, muchos congresistas que iban a votar por él se decidieron a votar por la vacancia.

La polarización que se venía dando entre el Congreso y el Ejecutivo hoy tuvo su máxima expresión que culminó con una presidenta ungida fundamentalmente por los partidos de la derecha y un Pedro Castillo detenido luego de que pretendió anular el parlamento, concentrando el poder mientras que planteaba unas elecciones para dentro de varios meses.

Pero esta crisis política de las instituciones del Estado peruano se expresa por abajo en un gran descreimiento y deslegitimación de esos dos poderes (Congreso y Ejecutivo) debido a los graves problemas sociales de la población trabajadora y pobre. En Perú casi 9 millones de trabajadores tiene un empleo precario, por ejemplo, eso constituye casi el 50% de los 17,7 millones que tienen un trabajo. Mientras este año 16,6 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Cifra que no solo no volvió a niveles pre pandémicos sino que continúa creciendo.

Esa es la realidad que vive la clase trabajadora y los sectores populares en Perú. Ya quedó demostrado en las sucesivas crisis políticas -al menos desde el ex presidente Vizcarra para acá-, que no es de la mano de partidos de la derecha como los de Keiko Fujimori, ni de experiencias reformistas que terminan cediendo a las exigencias del empresariado, como fue el Gobierno de Castillo, que vendrán los cambios profundos que resuelvan los grandes problemas que aqueja a las mayorías trabajadoras y populares. Es clave la movilización independiente de esos sectores para imponer una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde la clase trabajadora, los pobres urbanos, trabajadores rurales y pueblos originarios, puedan discutir las verdaderas cuestiones que los aquejan y su resolución.